La pesadilla que despertó el paraíso

Colombia parece no haber medido las consecuencias de declarar paraíso fiscal al istmo y hoy tiene que asumir los riesgos que esta acción conlleva entre dos países que, históricamente, han sido considerados ‘hermanos’ y que mantienen una estrecha relación comercial.

La restricción de las visas, denunciar la vigencia del Tratado de Montería —que otorga paso libre a los barcos colombianos que atraviesan el Canal de Panamá— y negarles a las empresas del país sudamericano su participación en licitaciones del Gobierno son algunas de las medidas que podría asumir Panamá en respuesta al trato discriminatorio.

Las acciones antes mencionadas estarían legítimamente sustentadas en la ley de retorsión, que fue expedida en el año 2002 y que implica devolver al alguien el mismo daño que ha ocasionado.

La decisión de las autoridades colombianas ha desatado una tormenta de reacciones entre los distintos sectores de la economía panameña y colombiana. El repudio y la indignación se hacen sentir entre representativos personajes de la vida pública. El abogado y exembajador Eduardo Morgán señaló que ‘Panamá tiene dientes, no vamos a permitir que jueguen con nosotros’, en una entrevista a la Revista Semana , de Colombia. El abogado Adolfo Linares no se quedó atrás con sus comentarios y exige al gobierno panameño tomar ‘acciones diplomáticas para defender el interés nacional’.

Los gremios empresariales también mostraron su descontento. Annette Cárdenas, presidenta encargada de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, instó al gobierno a tomar ‘las medidas legales y/o diplomáticas del caso para defender nuestros intereses’.

Las reacciones han llegado de todos los sectores y hasta los propios empresarios colombianos han rechazado la postura de su gobierno porque ahora tendrán que pagar más por sus operaciones en el istmo centroamericano (33%). El presidente de Bancolombia, Carlos Raúl Yepes, declaró a la agencia de noticias EFE que ‘esa decisión es lesiva para los intereses de ambas naciones’.

La tensión generada por esta decisión presiona al gobierno colombiano, que en su búsqueda de rastrear a los evasores de impuestos para cubrir un déficit presupuestario podría afectar a sus empresas que operan legamente en el istmo y arriesgar las inversiones. En total, se estima que 150 empresas que operan en el istmo podrían verse afectada por el decreto colombiano, incluyendo la banca panameña, cuyo 25% es controlado por los colombianos.

Las restricciones impuestas por los colombianos no sólo afectan a sus empresas. Los ciudadanos colombianos radicados legal e ilegalmente en el istmo, que suman cerca de 700 mil, también podrían verse afectados, si se imponen restricciones a las visas.

Las nuevas inversiones, como el proyecto de interconexión eléctrica entre ambos países, que costaría unos 450 millones de dólares y generaría a los vecinos por los menos 200 millones de dólares en exportación de energía, también podrían truncarse. En el limbo también queda el Tratado de Libre Comercio entre ambos países, que implica aranceles más bajos.

La situación es tensa. Los presidentes de ambos países han llamado a sus ministros de Economía a negociar el tema, pero bajo otra advertencia: el decreto que designa paraíso fiscal se mantiene mientras se negocia, dijo el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.