08 de Ago de 2022

Economía

Promover la competencia, la mejor alternativa

Es más rentable promover las buenas prácticas que aplicar multas y sanciones

Muchos países con alta trayectoria en la atención del tema de la Defensa de la Competencia, han comenzado a preguntarse si vale más seguir destinando los recursos de sus gobiernos principalmente en perseguir prácticas monopolísticas o si resulta más eficiente promover la competencia entre los actores presentes en el mercado.

Y es una duda que vale la pena evaluar, agregaría yo, de manera constante, puesto que cada vez resulta más relevante afinar hacia dónde vamos a encaminar nuestros esfuerzos y recursos económicos. Una manera de tomar las mejores decisiones podría ser evaluando los resultados de las políticas implementadas en el pasado inmediato.

Acodeco, gracias al marco legal de la Ley 45 de 2007, juega un papel preponderante en la lucha por la libre competencia en nuestro país; aún cuando este tipo de gestiones también pueden generarse por iniciativas particulares. Esta ley contiene disposiciones que generan marco normativo para atender tanto las gestiones de prevención de las conductas, como normas que lo que buscan es reprimirlas mediante un castigo pecuniario. El énfasis en este equilibrio normativo en Panamá, a mi criterio, ha estado en la posibilidad de investigar y demandar sucesos o actividades que se tildan de ilícitas por atentar contra la libre competencia, previamente establecidas en la ley, y posteriormente sancionarlas. Es decir, en la represión.

La represión de la conducta anticompetitiva tiene lugar después que la conducta ilícita ha sido cometida por parte del o los agentes económicos. Por su parte, en cuanto a la promoción de la competencia, vemos que la Ley 45 establece en algunas de sus normas la figura de la promoción de la competencia, como por ejemplo, la coordinación con otras entidades del Estado, para la protección al consumidor y para la prevención de las prácticas restrictivas de la competencia y la realización de abogacía de la competencia ante los agentes económicos, asociaciones, instituciones educativas, entidades sin fines de lucro, organizaciones de la sociedad civil y la Administración Pública, mediante recomendaciones a, emisión de informes técnico-jurídicos, la adopción o modificación de cualquier trámite o requisito propio de algún sector de la economía nacional o realizar estudios a fin de promover y fortalecer la competencia en el mercado.

Haciendo un balance de lo que en costos administrativos se invierte versus resultados obtenidos de la gestión, se podría arribar a conclusiones acerca de si es preferible enfatizar recursos en promover la competencia, interceptar iniciativas ilícitas, informar, promover mejores escenarios, educar al sector público y privado, por ejemplo, que, inclusive, aplicar sumas más elevadas como multas o sanciones.

En nuestra opinión, la ley debe tomar en cuenta el modelo de gestión que el Estado desee implementar, basándose para ello en lo que genere mayor retorno de utilidad para el balance competitivo de los mercados, apoyándose en los resultados que hasta ahora se han alcanzado con base en los esquemas con los que se ha trabajado; pues con ello se determina que el recurso estatal se invierta de la manera más efectiva en beneficio del mayor clima de libre competencia en el país.

ASESORA DEL DESPACHO SUPERIOR DE LA ACODECO