Un año y sin ideas para salvar el IVM

‘No conozco un programa de jubilación estatal en Centroamérica que sea sostenible', dijo con mucha seguridad ante un grupo de estudiantes Carlos Quintanilla, economista de la Universidad de Michigan y profesor asistente en Incae Business School.

Las palabras del experto estaban enfocadas en convencer al grupo de jóvenes que tenía frente a él de edificar un sistema económico personal que les permitiera una jubilación digna sin estar esperanzados en los planes de retiro del sistema público.

Y no es nada descabellado ni irreal lo que planteaba el economista. Para corroborarlo solo basta analizar el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS) de Panamá, país que aunque se presenta al mundo como la excepción a la regla en la región en cuanto a crecimiento económico y con una comprobada resistencia a las crisis, posee un sistema de retiro que está a punto de colapsar.

Según las últimas cifras oficiales presentadas por el director de la CSS, Estivenson Girón, durante una reunión en la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, entre el 2013- 2032 la tasa de crecimiento de los egresos será de 6.1% y la de los ingresos descenderá -0.28%. En el mismo periodo, el número de cotizantes activos tendrá un decrecimiento anual de -3.48%, mientras que la población pensionada crecerá por 4.53%.

‘Hay que buscar una solución, hay que estudiar la realidad para conocer las opciones', es una frase que se repite cada vez que se aborda el tema. Y en la actual administración se ha vuelto a oír.

Hace una década se aprobó la reforma financiera al IVM, pero no era un secreto que la ‘salida' sería temporal.

Según las cifras de la CSS, el déficit se acrecienta con el paso de los años. En el 2016 marca -$23 millones; para el 2017 sube a -$74 millones y para el 2032 serían -$2,294 millones, cuando los ingresos se prevén apenas en $1,202 millones más los actuales $140 millones que aporta el Estado ( Ver tablas ).

Para obtener los millones que salvarían de la quiebra se hace imperante otra reforma.

A inicios del actual gobierno, el propio ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, reconoció que se debía tomar acción para hacer sostenible el sistema. ‘Es importante que la sociedad empiece una discusión para buscar medidas que permitan asegurar la sostenibilidad del programa más allá del 2014', dijo entonces.

Ya pasó la primera mitad del 2015 y el primer año de mandato.

Durante una entrevista de La Estrella de Panamá hace dos meses, se le preguntó a Girón qué se haría con el IVM. Como también han dicho sus antecesores, el director respondió que para ejecutar alguna acción debían contar con información confiable. Resaltó que la obtenida hasta ese momento no lo era. Girón aseguró que el 30 de junio entregarían a la Contraloría General de la República un informe depurado.

Hasta el momento y tras algunos intentos, no se ha conocido que lo hayan hecho.

LAS SALIDAS

Es que así como lo dijo De La Guardia cuando empezó la gestión panameñista, el exdirector de la CSS René Luciani considera que debe ‘producirse una discusión en sociedad, primero para estar claros de cuál es la situación y después para ponderar cuáles son las mejores medidas y opciones para garantizar la sostenibilidad'.

Así como la reforma del 2005, los países de la región han transitado por herramientas similares de carácter temporal. Luciani indica que se ha hecho de esta manera porque el impacto de las medidas paramétricas u otras que se toman, usualmente, no son del agrado de la población afectada.

‘Lo que se viene planteando en estos casos es una intervención del Estado de que aporte recursos, el asunto es cuál es el límite y capacidad para seguir con esos recursos. Ahora mismo hay un aporte anual de $140 millones, pero lo que se requeriría es una suma mayor', precisa el exdirector de la CSS.

Cuando Quintanilla les hablaba a sus estudiantes de que ellos no tenían esperanzas de retirarse de forma digna (una vida cómoda) con el sistema público, puso énfasis en que incluso quienes actualmente tienen cerca de 45 años de edad tienen pocas posibilidades de ver parte del dinero que han pagado al Seguro Social.

Esa parte de la lección del profesor de la Universidad de Michigan coincide con lo que explica el docente y economista Felipe Argote, quien le recuerda a los cotizantes que en la última reforma se pasó de un sistema solidario a uno mixto. Esto indica que todo aquel con 35 años o menos comenzaría a abonar una parte de su salario al sistema tradicional (hasta $500) y el resto iría al sistema individual. Lo que hoy supone que los que tienen actualmente aproximadamente 45 años y más, están aportando para la jubilación de los que están jubilados, pero no hay nadie que esté poniendo para la jubilación de este grupo.

Argote considera que ‘hay que estudiar los mecanismos para poder establecer el pago de ese grupo porque los del grupo del sistema mixto se van a jubilar en el 2027 y ese sistema no tiene ningún gasto, a menos que haya alguno que tuvo invalidez'.

El profesor Argote incluso plantea algunas posibilidades: ‘que el Estado ponga del dinero de todos los demás para la cuenta de esos jubilados que empezarán desde el 2025 en adelante (que cada vez van a ser menos porque se van a ir muriendo), o que se suba de forma impresionante la cuota a todo aquel que tenga más de 45 años para abonar más a su cuenta, o se deje de gastar el dinero que se está usando de nuestros abonos y les paguen a los jubilados actuales de otros fondos, o se toma dinero del mixto para eliminar el déficit'.

‘En finanzas siempre hay salidas —sigue diciendo Argote— pero hay que recordar que actualmente el 20% del salario se va a la CSS y eso de subirlo más, pues ¿hasta dónde?'.

Lo cierto es que una salida se debe intentar pese al complicado panorama.

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