Invertir en una educación es prioridad

Los panameños somos testigos del derrumbe de nuestro sistema político, de la fragilidad del entorno económico y de los riesgos de no encarar la desigualdad social.

Aquí no hablamos de una simple receta de Gobierno ni de una medida de choque para reactivar el crecimiento económico y tampoco de crear un nuevo subsidio para rescatar un grupo específico en extrema pobreza. ¡No!, aquí está en crisis el concepto mismo de país, que estalla en manifestaciones de insubordinación cívica, descontento moral y violencia social.

Es tiempo, en consecuencia, de pensar salidas imaginativas, audaces, con capacidad de revertir el drama nacional. La cuestión no consiste en qué ingeniería política instrumentar para plasmar acuerdos pomposos como el que hicieron con los originarios para resolver una diferencia comarcal sobre el tema hidroeléctrico y los productores de leche para remediar años de indiferencia y desatención. Por el contrario, es tiempo de establecer nuevas prioridades para el país, en base a principios rectores que requieren un inmenso esfuerzo de solidaridad entre todos los panameños.

Uno de esos pilares lo constituye la creación de una estrategia moderna que asegure la educación de nuestros jóvenes y los inserte en los mercados laborales de los próximos cien años, administrada por un verdadero ministerio de Educación que sea apolítico y no sometido a las exigencias de un gremio de maestros retrógrado y obsoleto.

Esta medida propuesta no sería el final de ningún camino, sino sólo el mínimo indispensable de emergencia para alentar el desarrollo nacional, la competitividad, la distribución del ingreso y la creación sostenida de empleo.

Mientras exista entre nosotros la incertidumbre y la zozobra, expresada en olas delictivas, cierra de calles anárquicos, huelgas y piquetes en empresas o violencia manifestada en múltiples formas de impunidad, resulta inconcebible que el gasto social se siga dispersando en reparticiones burocráticas, entrecruzamiento de ministerios, pujas y lobbies clientelísticos en torno de los planes.

Es hora de unificar y coordinar todas las acciones en torno a una prioridad, llámese educación, que sea gestionada de manera profesional, abierta y transparente, con representación de todos los sectores de la sociedad civil, y que tenga como finalidad disparar nuestro país por los caminos del progreso y la modernidad.

Llevar a cabo esta prioridad requeriría un fondeo inicial de 4 mil millones de dólares (10% del PIB) que deben provenir del esfuerzo conjunto del Gobierno, la Autoridad del Canal de Panamá, del recorte del gasto político superfluo y del aporte de los sectores económicos de riqueza más concentrada como son las empresas mixtas, sector financiero, puertos y administradoras de fondos de ahorro.

Esta estrategia requiere de una activa y decidida redistribución y reasignación del ingreso, parecido a lo que se hizo en Singapur a finales de los años 60 cuando se convirtió a la educación en pilar fundamental del Estado y por eso hoy goza del mayor PIB per cápita del mundo ($53,500) y de la tasa más alta de propiedad de vivienda (98%).

Un sistema educativo moderno no se produce a partir de retoques gradualistas ni cosméticos que dejan intacta la estructura tercermundista que existe en Panamá. Se requiere de un nuevo paradigma que garantice suficientes recursos y los blinde contra la voracidad especulativa y el clientelismo denigrante de la clase partidista.

Por cada dólar que aumente la recaudación, por ejemplo, 25 centavos deberían destinarse para cubrir las necesidades de la educación, y no simplemente para pagar gastos de planillas sino para fomentar la permanencia de los estudiantes en carreras que son relevantes y tienen potencial para aumentar la cuota exportadora del país.

El paradigma de este nuevo sistema educativo nacional podría resumirse del siguiente modo: hay que vincular la energía interna de los jóvenes con las necesidades apremiantes del país, algo parecido cuando la batalla nacionalista y la lucha por la soberanía canalera la encabezaban los propios estudiantes.

Es decir, son los estudiantes lo que serán el manantial desde donde brotará la fuerza que va a colocar al país por los rieles del bienestar y el desarrollo. Por supuesto, este nuevo enfoque es diametralmente opuesto a lo que acontece ahora en la educación oficial donde es frecuente la pérdida de clases por cierres de escuelas, manifestaciones de estudiantes encapuchados, destrucción de aulas de clase y amenazas a profesores y maestros.

Igualmente, el paradigma impone un reordenamiento de prioridades. Extraña paradoja que para decidir el aumento de 340 millones de dólares de intereses de nuestra deuda externa (aproximadamente la cifra que gastaría el nuevo ministerio de Educación en adecuar el pensum curricular y contratar quinientos nuevos maestros de clase mundial) se realizaron varias negociaciones a puertas cerradas, sin el mínimo control legislativo ni social. Sin embargo, para comprar 500 resmas de papel en una escuela o 50 computadoras en un colegio, se exige el llamado a una licitación pública y un concurso de precios, que a menudo demora meses.

Es tiempo por tanto de repensar y ejecutar nuestras nuevas prioridades, porque no serán la politiquería servil y reptil ni la corrupción estructural las que darán luces al camino de salida a nuestra encrucijada. Sin un proyecto de país y un nuevo contrato con la educación, la economía se asfixia y la democracia se muere.

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