¿Déficit... a quién le importa?

Washington - ¿En qué medida se ha apartado el déficit presupuestario del radar de la política presidencial? He aquí un indicador: La semana pasada, la Oficina del Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) emitió su informe anual ‘Presupuesto y Panorama Económico' —un examen detallado de las políticas de la Casa Blanca y del Congreso— y casi nadie prestó atención. La falta de atención es asombrosa, porque el informe estaba lleno de noticias aleccionadoras. Consideremos lo siguiente: Se proyecta ahora que los déficits acumulativos en el curso de 10 años (2016 a 2025) serán de $8.5 billones, mientras que en agosto se calculó que serían de $7 billones. La deuda federal sostenida por el público —el total de todos los déficits pasados— se proyecta en $22.4 billones para 2025; en 2016, es de $13.9 billones. Para 2025, la deuda equivaldría al 84% de la economía (Producto Interno Bruto) comparado con un 74% en 2015. Muchos economistas piensan que la deuda ascendente es insostenible.

Casi la mitad del crecimiento en gastos de la década proviene de dos programas —el Seguro Social y Medicare-. Gran parte del resto se origina en otros programas de salud (Medicaid, la Ley de Asistencia Médica Asequible) y en el interés de la deuda. Los pagos de intereses anuales proyectados se elevan de $233 mil millones (un 1.3% del PIB) en 2015 a $772 mil millones (2.9% del PIB) en 2025. Mientras tanto, se desplaza a otros programas, desde Defensa hasta los tribunales. La CBO cree que la economía norteamericana crecerá más lentamente. Desde la Segunda Guerra Mundial, la economía norteamericana generalmente promedió un crecimiento económico anual de 3% o más. Ahora, la CBO piensa que un crecimiento económico realista está alrededor de un 2%. Parte del declive refleja la jubilación de la generación de baby-boomers que abandona la fuerza laboral. El resto es en cierta medida un misterio. Independientemente de eso, el crecimiento económico más lento reduce las rentas públicas. Es más difícil pagar los intereses de la deuda.

El motivo por que se evita hablar de los déficits no es un misterio. La política de privación—elevar impuestos, cortar subsidios populares y dádivas— es poco popular. La gente deplora los déficits, pero no deplora los programas y las exenciones fiscales que crean esos déficits. Además las cifras de los presupuestos son increíbles. En 2016, el gobierno federal gastará $3.9 billones. El Seguro Social representa $910 mil millones. Numerosos programas pequeños cuestan unos poco miles de millones. La gente común tiene problemas para comprender esas cuantiosas cifras. Así pues, los candidatos las evaden. Agregan propuestas costosas a los déficits existentes, como si no existieran. El senador Bernie Sanders quiere nacionalizar la asistencia médica y que la enseñanza universitaria sea gratis. Hillary Clinton quiere más gastos en el cuidado de los niños, en la energía limpia y en la infraestructura. El plan fiscal de Donald Trump reduciría las rentas públicas en $9.5 billones en el curso de la primera década, según el Tax Policy Center, que no es partidista. Los argumentos de que esas propuestas ‘se pagarían' con nuevos impuestos o con recortes de gastos deben tratarse con escepticismo.

Pero la falta de popularidad no es el único motivo por el que los políticos evitan la lucha del déficit. Hay una causa más profunda: Es difícil ver progreso inmediato, ya sea económico o político, que surja de la reducción del déficit; los avances más plausibles son hipotéticos y están a años de distancia. Los sistemas políticos democráticos no suelen dedicarse a realizar sacrificios presentes por beneficios futuros inciertos. Generalmente, hay tres argumentos para la reducción del déficit: (1) Los grandes déficits gubernamentales ‘desplazarán' las inversiones de las empresas privadas, debilitando los avances y el estándar de vida; (2) Los grandes déficits persistentes dificultarán la posibilidad del gobierno de obtener préstamos en el futuro para resolver emergencias nacionales—guerras, depresiones, una epidemia; (3) El riesgo de una crisis financiera aumenta si los inversores, que ya tienen cantidades masivas de deuda del Tesoro, se niegan a aceptar más sin enormes aumentos en las tasas de interés que se propagarían en toda la economía.

Todas esas posibilidades son plausibles. Son realizadas por autoridades respetables, entre ellas la CBO. El problema es que se han presentado los mismos argumentos durante años, y hasta el momento, los grandes temores no se han materializado. Algunos economistas piensan, en las actuales circunstancias, que la capacidad del gobierno para obtener préstamos es enorme. En verdad, los costos de los créditos alcanzaron tasas de interés históricamente bajas, alrededor de un 2% en notas del Tesoro de 10 años. En el corto plazo, la reducción agresiva del déficit podría ralentizar temporariamente la economía. El resultado es un caso conveniente para no hacer nada. Debería rechazarse. Lo que necesitamos es un debate sobre el papel del gobierno, y la razón trasciende la prudencia económica (Si ignoramos los peligros económicos de la deuda excesiva, es más probable que los provoquemos). El status quo también desvía el gasto del gobierno de las necesidades futuras y hacia el subsidio de la jubilación. Debemos movernos gradualmente a un equilibrio mejor: vidas de trabajo más largas y subsidios más escasos para los ancianos prósperos.

Sobre la base de la campaña hasta el momento, esta importante conversación parece improbable. Los candidatos que van a la delantera están jugando a la ruleta rusa con el futuro de la nación, suponiendo que los déficits pueden ignorarse porque eso es lo que prefiere la mayoría de los norteamericanos (o eso parece).

ANALISTA DE THE WASHINGTON POST

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Desde la Segunda Guerra Mundial, la economía de Estados Unidos generalmente promedió un crecimiento económico anual de 3% o más. Ahora, será de 2%.