Las ‘sospechas' de la OCDE sobre Panamá

Panamá lleva 17 años de librar una dura batalla contra la etiqueta de ‘paraíso fiscal' que le han endilgado las grandes potencias agrupadas en diversos organismos internacionales con la consecuente figuración en listas de todos los colores.

La primera ‘lista negra', del Grupo de Acción Financiera (GAFI), organismo vinculado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) vio la luz en junio de 2000, y en ella figuraron Panamá y otros 16 países acusados de no cooperar en la lucha internacional contra el blanqueo de dinero. Pasados los años y con mayor intensidad después de la crisis mundial de 2007-08, surgió la lista de países poco cooperadores con los principios de transparencia y efectivo intercambio de información fiscal.

La crisis financiera obligó a los gobiernos a buscar más fuentes de dinero y allí el porqué de la recia campaña para que países como el nuestro se conviertan en agentes recaudadores de impuestos de las grandes potencias.

En una exhaustiva investigación sobre este tema, el ensayista y periodista peruano Álvaro Vargas Llosa reconoce que este ‘no ha sido un proceso lineal, sino a veces zigzagueante e incluso, en algún momento, contradictorio', en parte porque la visión ideológica de quienes dirigían los Estados de las democracias liberales avanzadas iba cambiando según la alternancia en el poder.

‘A grandes rasgos, se puede decir que este proceso se ha caracterizado por un endurecimiento gradual de la línea crítica contra países que, como Panamá, resultaban incómodos para el propósito de uniformizar los sistemas tributarios y regulatorios a escala universal, o armonizarlos en la medida de lo posible'.

De igual manera, Vargas Llosa da crédito al hecho de que gracias al sistema territorial, la dolarización, la posición geográfica, la confidencialidad limitada y su apertura al mundo, Panamá se ha convertido en una plataforma de servicios internacionales, que juega un papel significativo como herramienta de globalización.

Dirigentes gremiales y abogados panameños como Eduardo Morgan, Adolfo Linares y Alvaro Thomas, entre otros, han criticado en duros términos la recia postura de la OCDE y han hecho sentir sus voces de protesta a lo que pareciera una aviesa intención de asestarle un golpe demoledor a la economía panameña y convertir a Panamá en una especie de gendarme fiscal del sistema tributario de los países que promueven estas iniciativas.

Pese a los esfuerzos del país, en un trabajo conjunto de gobierno, gremios, bancos y empresas, con reformas a leyes existentes aprobación de otras y su estrategia basada en la firma de tratados para evitar la doble tributación e intercambiar información con otros, a sugerencia de la OCDE, las exigencias se han endurecido con el transcurrir del tiempo.