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- 17/06/2016 02:00
Tras el conflicto con Colombia, el Gobierno trabaja para modificar la ley contra aquellas naciones que discriminen comercialmente al país
El Gobierno de Panamá evalúa nuevas alternativas de retorsión contra aquellas naciones que discriminen comercialmente al país.
Esto tras el fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a favor de Panamá en el conflicto comercial con Colombia que inició en 2013 por la aplicación de aranceles mixtos a la importación de textiles y calzados provenientes de la principal zona franca panameña, la Zona Libre de Colón (ZLC).
El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Augusto Arosemena, indicó a La Estrella de Panamá que aunque confía en que el Gobierno colombiano acatará este ‘fallo definitivo' de la OMC, se está trabajando, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas, en un proyecto para una nueva ley de retorsión que dé ‘más herramientas' contra aquellos que discriminen al país.
Las palabras del jefe del MICI podrían responder a las exigencias de esta semana del Consejo de Servicios Internacionales de Panamá (Cosip), que advirtió en un comunicado que estará ‘vigilante' de que las autoridades hagan cumplir a Colombia el fallo de la OMC.
En el documento, el Cosip solicita al Gobierno la suspensión de cualquier negociación con el país sudamericano hasta que ‘se eliminen de forma definitiva las medidas violatorias del Derecho Internacional' que adoptó.
‘(Colombia) se constituye en un socio no confiable en una relación de esta naturaleza', precisó el grupo.
Asimismo, el consejo exigió que ante la reiterada dilación a acatar el dictamen, ‘cualquier acuerdo internacional adoptado entre los países debe incluir mecanismos efectivos de solución de controversias'.
Por su parte, Severo Sousa, de la Asociación de Usuarios de la ZLC, manifestó que ‘se han tomado por buenas las palabras de la ministra de Colombia'. ‘Ella ha dicho que la medida (los aranceles) se tiene estipulada hasta julio', destacó Sousa.
‘Se está esperando que se cumpla el plazo y que Colombia no se salga con otra medida', añadió Sousa.
Sobre la decisión de la OMC, la ministra de Comercio de Colombia, María Claudia Lacouture, ha dicho que la acatarán. No obstante, enfatizó que la OMC reconoció en el fallo que el objetivo de la política establecida por Colombia durante el proceso era legítima e importante. ‘Eso quiere decir que tenemos y seguiremos trabajando en una política que combata el lavado de activos y el contrabando', sostuvo.
Por lo anterior, se espera que el Gobierno colombiano defina nuevas políticas que impidan la importación de productos textiles y calzados que se utilicen para negocios ilícitos, como han señalado medios colombianos.
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