De La Guardia y Héctor Ávila se enfrentan por décimos atrasados

Dulcidio De La Guardia, ministro de Economía y Finanzas (MEF), manifestó enfáticamente que el Estado no le adeuda a los extrabajadores del sector público o  privado ninguna partida del décimos tercer mes.

Las declaraciones del ministro se dieron tras la aprobación en tercer debate en  la Asamblea Nacional del Proyecto de Ley No.92, que ordena el pago de la segunda partida del décimo tercer mes a los trabajadores del sector público a quienes este dinero les fue descontado sin que se llegara a remitir a la CSS entre 1972-1983.

Según el ministro de Economía, la Ley N°17 del 22 de agosto de 1983 estableció que este dinero fuera utilizado en el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS)

El titular de Finanzas agregó que estos dineros que reclaman los extrabajadores no se deben pagar, porque hay  una Ley que así lo establece. Esto fue comunicado a la AN por escrito, aseguró De La Guardia.

El ministro sustenta su planteamiento en el artículo 163, numeral 8 de la Constitución de la República, que prohíbe a la AN aprobar este tipo de pagos.

A juicio del ministro, esta ley  fue aprobada por presiones políticas de los jubilados.

Respuesta

Héctor Ávila, secretario general de la Coordinadora Fecha y de la Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados, que aglutina todas las provincias, manifestó a La Estrella de Panamá que los más de 180 mil jubilados a los que se les retuvo la segunda partida de décimo tercer mes son acreedores ya que cuentan con los talonarios de pago de la época que indican que se pagaría 3% de interés a esta suma.

El dirigente de la Coordinadora Fecha sostuvo que la deuda no entra en la categoría de indemnización ya que en su momento el exgeneral Omar Torrijos autorizó el pago de los 123 décimos, pero lamentablemente murió antes de que se cumpliera ese mandato.

"Ese dinero era para construir viviendas pero se utilizó en el programa de IVM", sostuvo el representante de los jubilados.

Ávila agregó que agotarán todas las vías de negociación, y, de no llegar a una solución, acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, descartó que se vayan a tomar medidas de presión que afecten a terceros. Los jubilados indican que el dinero que les corresponde fue usado como préstamo al estado. Fueron $130 millones.