Comisión pide asegurar independencia judicia l

Entre otras de las recomendaciones que hizo el comité de expertos está asegurar la independencia real del sistema judicial de Panamá de la influencia de los otros poderes del Estado y fortalecerlo en términos técnicos, financieros, contables y de auditoría, para que sea más eficaz en procesar los casos y requerimientos de información que surjan.

Por otro lado, señala que la sofisticación de la oferta tributaria para no residentes es un componente crítico de la calidad global de la oferta a terceros, y debe considerarse de manera especialmente cuidadosa todo acuerdo internacional en la materia, asegurando transparencia, control y –cuando sea necesario y correcto- el intercambio de información.

El comité considera que Panamá no debe entrar en el debate de la calificación de la evasión fiscal como delito a fin de satisfacer la demanda de terceros países, ya que como suscriptor de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción ya tiene la obligación de intercambiar información por razones de evasión fiscal cuando la misma está tipificada como delito o lavado de dinero en el país requirente.

Agrega que será fundamental también desarrollar las condiciones e instancias legales, institucionales, programáticas, de infraestructura y tecnología, así como de formación de capital humano que respalden el marco regulativo que se ponga en vigencia, pues la peor situación sería crear instancias y expectativas a nivel documental que luego el país no tenga la capacidad de respaldar en la práctica.

En este sentido, recomiendan ser pragmáticos y programar algunos cambios y compromisos en el tiempo, dando el tiempo necesario para que las diversas instancias se adapten a las nuevas exigencias y comunicando que así será, pues la sola intención no es garantía de cumplimiento si no se cuenta con los recursos humanos, tecnológicos e institucionales para implementar lo que se recomienda y acepta.

El comité pide desarrollar una plataforma tecnológica, de alta seguridad, donde las entidades privadas y públicas, almacenen la información que es su responsabilidad recopilar, de manera que la misma sea de fácil acceso para las autoridades cuando, –siguiendo los procesos legales, se haga necesario acceder a la misma.

Finalmente, recomendó establecer un comité asesor permanente, que sean integrado por profesionales independientes y experiencia en temas relativos a lavado de dinero, evasión fiscal y planificación patrimonial, que sirva como consejero y presente recomendaciones al Gobierno para el cumplimiento de la visión y estrategia para el centro internacional de servicios y la implementación de las recomendaciones de este reporte.