Panamá contrata a bufete de EE.UU. para atender demanda de Sacyr ante ONU

El Gobierno de Panamá dijo hoy que contrató a un reconocido bufete de abogados estadounidense para atender la demanda interpuesta ante la ONU por la constructora española Sacyr en relación al conflicto por sobrecostes en las obras de ampliación del canal interoceánico.

"El Estado ha contratado a un reconocido equipo legal para defender los intereses de la República de Panamá y desde los Ministerios de la Presidencia, Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas se está dando seguimiento a dicho proceso", indicó a Efe una fuente de la Cancillería panameña.

Esa misma fuente confirmó que se trata del despacho Foley Hoag, con sede en Boston (Estados Unidos) y especializado en litigios y arbitrajes internacionales.

La demanda interpuesta por Sacyr, que lideró el consorcio internacional que construyó la ampliación del Canal de Panamá, es "ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL) por supuestos daños y perjuicios ocasionados por la insuficiente información previa recibida a la hora de la construcción del tercer juego de esclusas", añadió.

La constructora española explicó este lunes que con esta medida busca reforzar la protección de sus derechos, ya que considera que las actuaciones de Panamá violan algunas obligaciones incluidas en el acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones entre España y Panamá.

Entre esas obligaciones, figura las de dispensar un trato justo y equitativo, no someter a la inversión de Sacyr a medidas arbitrarias o discriminatorias y no expropiar la inversión de la compañía sin el debido procedimiento legal e indemnización.

La notificación de solicitud de arbitraje ante la ONU no fija la cuantía económica de las reclamaciones, que se detallará según avance el procedimiento, de acuerdo con la compañía.

La medida adoptada por Sacyr, líder de Grupo Unidos por el Canal (GUPC), supone un paso más en el conflicto legal que mantiene el consorcio con el canal interoceánico por los sobrecostes en la construcción del tercer juego de esclusas, inaugurado en junio de 2016.

GUPC, integrado también por la italiana Impregilo, la belga Jan De Nul y la panameña CUSA, firmó en 2009 el contrato de construcción de las nuevas esclusas por 3.118 millones de dólares, pero el coste final ha resultado ser mucho más alto.

El contrato firmado en su día por el consorcio y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), el ente autónomo que gestiona la ruta acuática, establecía un sistema interno para revolver posibles disputas y que, en última instancia, contemplaba la posibilidad de recurrir a la Corte Internacional de Arbitraje de Miami (EE.UU.).

El pasado julio se conoció que el consorcio había elevado a la fase de arbitraje reclamaciones por valor de 5.393 millones de dólares (unos 5.393 millones de euros) y de los que quedaban por resolverse disputas por valor de 5.199 millones de dólares.

Por el canal, construido por Estados Unidos a principios del siglo pasado y traspasado a Panamá el 31 de diciembre de 1999, pasa cerca del 6 por ciento del comercio mundial y se conectan más de 140 rutas marítimas y 1.700 puertos en 160 países distintos.