‘Aupsa es un saco a la medida de los importadores'

La Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa) se ha convertido en la manzana de la discordia entre productores y el Gobierno.

La molestia ha llegado a tal punto que en el movimiento ‘Unidos por el Agro', que aglutina a 30 gremios de productores, rompen la calma nuevamente, hoy en Divisa, provincia de Herrera, para exigir al Gobierno el cierre definitivo de la Aupsa.

Esta posición ‘no es negociable', confirmó el presidente de la Asociación de Productores de Tierras Altas, Lorenzo Jiménez. Tampoco quieren que se reemplace por otra entidad.

Aupsa fue creada mediante el Decreto Ley N° 11 del 22 de febrero de 2006, en medio de las negociaciones del Tratado de Promoción Comercial (TPC) entre Panamá y Estados Unidos, que fue rubricado en junio del 2007.

Pero, ¿qué hace la Aupsa? El decreto define a la entidad como la rectora del Estado para asegurar el cumplimiento y aplicación de las leyes y reglamentos en materia de seguridad de introducción de alimentos al territorio nacional, ‘bajo criterios estrictamente científicos y técnicos'.

La normativa, en su artículo 5, también reviste a la entidad con la función de ‘proteger la salud humana, el patrimonio animal y vegetal del país mediante la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias a los alimentos importados.

Sin embargo, para Jiménez, vocero de los productores, Aupsa usurpa funciones de los departamentos de Sanidad Vegetal y de Sanidad Animal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), y del Departamento de Protección de Alimentos (DEPA), que coordina el Ministerio de Salud (Minsa).

Los productores denuncian que la entidad es un ‘saco a la medida de los importadores' en el sentido de que permite compras ‘por sustituto y no por complemento'; es decir, ‘no restringe las importaciones en tiempos de cosecha local o cuando se necesite'.

Otro punto álgido que acotó Jiménez es que con Aupsa se renunció al control previo de las importaciones para adoptar el control posterior, ‘poniendo en riesgo a toda la población'. Citó el caso de las lechugas romanas que fueron retiradas de los supermercados en noviembre pasado. ‘¿Y las que se consumieron, qué?, se hubiese podido evitar si hubiese habido control previo', esbozó.

Según Meredith Pérez, jefa de Asesoría Legal de la Aupsa, la entidad realiza pruebas a rubros de alto riesgo y pruebas aleatorias a través de laboratorios de la Universidad de Panamá, del Gorgas y del MIDA. Pero no abarca a todas las importaciones.

En cuanto a las importaciones, Pérez justificó que la entidad ‘no importa' y que, por tanto, velar por la seguridad alimentaria, es decir, la importación por complemento y no por sustituto, no es su función.

El artículo 56 del Decreto Ley 11 de Aupsa indica que se llevará a cabo un control posterior ‘cuando los alimentos estén a disposición del consumidor'. Esto cuando se da alguna alerta sanitaria, algo que contrasta con el objetivo de seguridad en la introducción de alimentos.

En cuanto a los reclamos de cierre de la entidad, la funcionaria dijo que esa decisión es potestad del Gobierno Central y que ellos solo acatan la ley.

Previamente, el MIDA indicó que admiten la necesidad de cambios, proponiendo eliminar la Aupsa y ‘trabajar con los productores, el Sindicato de Industriales de Panamá, todas las cámaras de comercio del país, el Colegio de Ingenieros Agrónomos y la Asociación de Médicos Veterinarios, para llegar a la mejor decisión posible para la creación de una nueva y mejorada autoridad'.

BLINDAJE

Los artículos 57,58 y 59 van más allá aún. En caso de que la entidad no emita los requisitos de importación en 30 días, el interesado podrá acudir a una segunda instancia. Si en 90 días el comerciante no recibe respuesta, puede importar el alimento.

Incluso, ningún funcionario de la Aupsa puede impedirlo, de lo contrario, puede ser removido de su cargo y tendrá que hacerse responsable ‘personalmente' por las pérdidas, citando el artículo 58.

Es más, el comerciante podrá iniciar un proceso judicial civil en contra de dicho funcionario, según avala el artículo 59 de dicha ley.

SERVICIOS TÉCNICOS

La entidad comunicó a los importadores, a través de una misiva el pasado 15 de febrero, que el pago por ‘servicios técnicos fuera de la jornada laboral' —lo que calificó de ‘sobretiempo'— se realizará a partir del 25 de enero. Se depositará en una cuenta corriente a nombre de Aupsa en el Banco Nacional, eliminando la opción de pagar directamente al funcionario.

Los ‘servicios técnicos' incluyen inspecciones para productos cárnicos y lácteos realizadas por médicos veterinarios; para vegetales y frutas, los encargados serán los ingenieros en ciencias agropecuarias de la entidad.

Por estas revisiones, la Aupsa cobra —las que se hagan fuera de la jornada laboral— como ‘servicios que por ley le corresponde realizar a los particulares que lo requieren'.

Arcelio Acevedo, director de verificación de Aupsa, aclaró que ‘no es obligatorio' solicitar estos servicios fuera de la jornada laboral.

La medida está contenida en la primera resolución del año emitida por Aupsa, la 001-2019, firmada por el presidente de la junta directiva y actual ministro del MIDA, Eduardo Carles.

RECLAMOS

El sector agro pide:

*1Sanidad Animal y Sanidad Vegetal (Mida) y el DEPA (Minsa) deben salvaguardar el estatus sanitario del país.

*2Derogar el decreto 11 que crea Aupsa.

*3Fondos para laboratorios de análisis de ‘primer mundo'.

*4 Que la Autoridad de Aduanas cumpla sus funciones ‘más que ahora'.

*5 Que DEPA y Acodeco cumplan con los derechos de los consumidores.

*6 Que el Gobierno adopte medidas frente al ‘total desprecio que tienen las franquicias internacionales de pizza al queso nacional'.

*7 Que el MICI renegocie los tratados comerciales y reformule las prácticas desleales en el sector, así como medidas compensatorias y salvaguardas especiales agrícolas.

*8 Refinanciamiento de plazos para préstamos agropecuarios y mayores tasas de descuento.

*9 Eliminar el control de precio para competir con la carne importada.