Sin pobreza, con libre competencia

El logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es una pieza clave para el bienestar equitativo de la humanidad.

Pero este desarrollo será posible siempre y cuando se suprima el estado de precariedad en el que ha habitado por décadas un porcentaje significativo de la población mundial.

Conforme ha transcurrido el tiempo y con el advenimiento de los cambios en el panorama socioeconómico, la pobreza es un tema que se torna cada vez más complejo.

A esta problemática le acompaña el adjetivo 'multidimensional', una referencia de dimensiones que abarcan la salud, la educación, los estándares de vida inadecuados, la economía informal, la desprotección social, la exposición a la violencia e incluso las condiciones medioambientales en las que se habita.

Según el Índice Multidimensional Global de Pobreza (IMP) 2019, basado en un análisis de 101 economías que totalizan el 76% de la población mundial, aproximadamente 1.3 mil millones de personas son multidimensionalmente pobres.

Se estima que un cuarto de la población mundial habita en condiciones complejas de pobreza y la solución más apropiada debería definirse a partir de un modelo de promoción de bienestar que abarque la mayoría de los temas que se relacionan con el esquema multidimensional.

Entre los esfuerzos que han tenido un impacto positivo, se reconoce la promoción de mercados sanos y eficientes donde se respeta y practica la libre competencia ya que se logra un desenvolvimiento favorable de actividades comerciales sostenibles que son motor del crecimiento.

En este contexto se ha dado un espacio a la integración de las materias de la libre competencia y la protección al consumidor.

Son numerosas las naciones que hoy día reportan considerables niveles de desarrollo y crecimiento atribuibles a las prácticas de la libre competencia, donde las normas de protección al consumo responden a los requerimientos de la demanda. Una necesidad que al ser satisfecha se verá reflejada en el bienestar social y la eficiencia económica.

La normativa que versa sobre la protección al consumidor escapa de ser simplemente la búsqueda de la determinación de la calidad de un servicio o de un bien. Es en esencia la determinación de la satisfacción de una necesidad a largo plazo, que posteriormente creará una confianza en el consumidor, no solo sobre un negocio en particular sino en el sistema.

Cuando existan los medios que aseguren el bienestar, la confianza se reforzará, con un impacto positivo en la aceleración económica y los mercados de capitales.

Desde la perspectiva individual, a partir de la globalización y la internacionalización de compañías y cadenas de distribución, las naciones encuentran un problema en para determinar las prácticas poco competitivas o anticoncurrenciales en el ámbito internacional.

Las raíces se delimitan frente a barreras impuestas a la competencia y a políticas gubernamentales que terminan por convertirse en un costo elevado para el desenvolvimiento del comercio. La primera se ilustra con estructuras anticoncurrenciales como las prácticas monopolísticas.

En lo que concierne a las normas de protección al consumidor, se reporta una significativa ignorancia sobre los lineamientos que sustentan a las en naciones en vía de desarrollo versus las desarrolladas. En estos mercados, tanto los consumidores como los negocios terminan por no ejercer sus derechos ni sus responsabilidades.

En base a estas premisas, se deduce que estos conceptos están entrelazados. Que el primero es causal del segundo y viceversa, porque en un ambiente donde el consumidor no exija respeto, existen mayores oportunidades de arbitrariedades por parte de quienes dominan el comercio. Por ende, la atención e integración de ambos, desde una perspectiva estratégica, a la atención de temas como la pobreza multidimensional, es imperativo.

Estas afirmaciones se ven reforzadas en el concepto de libertad económica, con un Estado que se determina a partir de pilares, de los cuales uno se define como la libre competencia.

En mercados donde la globalización juega un papel en la definición del éxito y los retos, la medición de la libertad económica y por ende la libre competencia, se torna imperativa para la comprensión de los eventos que acontecen en el ámbito local e internacional .

Entre estas herramientas de medición destaca el Índice de libre mercado publicado desde hace ya 25 años por la Fundación The Heritage, en el cual se establece un rango de puntaje de 0 a 100, donde 0 significa no libertad y 100 absoluta libertad económica.

Consultando los resultados de 2019, a partir del análisis de 186 economías, las primeras cinco posiciones son lideradas por países de diversas regiones. Según el informe, Hong Kong lidera en la primera posición con un puntaje de 90.2, seguido de Singapur con 89.4, Nueva Zelanda (84.4), Suiza (81.9) y Australia (80.9).

En lo que respecta a Norteamérica, Canadá (77.7) y Estados Unidos (76.8) ocupan las posiciones 8 y 12 respectivamente. Esta última nación manteniéndose al alza indistintamente a las constantes discusiones en materia comercial que se venían reportando desde el período 2018.

En cuanto a América Latina, solo cinco economías listan entre las primeras cinco posiciones. Destacando en Chile en primera posición regional, y 18 en el ámbito internacional, con puntaje de 75.4. Seguido de Uruguay en la posición 40 (68.6), Perú en la 45 (67.8), Colombia en la 49 (69.3) y Panamá en la 50 (67.2). De estas cinco, solamente Chile y Panamá reportan una leve mejora.

Para Panamá, la libertad de mercados no supera el promedio internacional, sin embargo se mantiene relativamente alta, frente a otros países.

La erradicación de la pobreza es uno de los mayores retos a los que se enfrenta la humanidad, considerando que suprimir el estado de precariedad en el que divaga un porcentaje significativo de la población no es posible.

Sin embargo, el apoyarse en estrategias que promuevan el desarrollo y el crecimiento económico han demostrado ser un punto de partida.

Por ello es preciso que se promueva la integración de las materias de competitividad y protección al consumo. Una inclinación que en países desarrollados se evidencia en términos de bienestar de la población, estableciéndose claramente una brecha relativa a los países en vías de desarrollo donde las prácticas comerciales reportan altos niveles de incumplimiento y la norma al consumo no se ejerce a cabalidad.

A la fecha se han logrado importantes avances en la reducción de la pobreza, sin embargo, las tasas se han desacelerado.

De acuerdo con los estudios globales, para el período 2013 se logró una tasa de reducción del 11% versus un 10% en el período 2015. A la fecha son mayores las limitantes que se imponen, por lo que se debe evaluar temas como la promoción económica en aras de una solución.