Gremios empresariales y financieros condenan la inclusión de Panamá en lista negra

Tras la inclusión de Panamá este martes, 18 de febrero, en la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea (EU), por ser poco cooperador en materia de transparencia fiscal, diversos gremios empresariales salieron al paso para condenar tal evaluación.

Coinciden en que Panamá no debería estar en la "lista de jurisdicciones no cooperativas en materia de transparencia fiscal" de la Unión Europea porque desde julio de 2019 a la fecha el bloque de los 27 no se ha hecho ninguna evaluación técnica a Panamá.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), por ejemplo, dijo que “rechaza” rotundamente la decisión del bloque europeo porque no ha tomado en cuenta todo el trabajo realizado en los últimos dos años por el sector privado y gubernamental y ha “copiado” el dictamen de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en junio de 2019, obviando los ochos meses de ejecución posterior.

“Panamá viene dando pasos en la dirección correcta de manera consistente, por lo que, cuestionamos esta lista”, destacó el presidente de la CCIAP, Jorge Juan de la Guardia, quien, a su vez, consideró que “desconocer, todas las acciones implementadas por el país demuestran la falta de una evaluación técnica”.

El empresario afirmó que "en el pasado Panamá ya le ha demostrado a la Unión Europea su ligereza al tomar estas decisiones; y que países como Estados Unidos han apoyado nuestra postura al indicar que el proceso de la Comisión Europea no incluyó la necesaria revisión para llegar a tal conclusión en un tema tan serio como señalar que no se cumple con acciones en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo”, puntualizó de la Guardia.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Mercedes Eleta de Brenes, también se refirió al respecto,señalando que el país tiene un marco jurídico bastante adecuado, pero que su falla está al momento de implementarlas y ejecutarlas.

“El marco jurídico no es suficiente y tenemos que generar resultados concretos y tangibles de que se esta ejecutando e implementado”, sostuvo Eleta de Brenes.

La presidenta de Apede aseguró que con esta nueva inclusión se afecta de manera importante la credibilidad, imagen y reputación de toda posibilidad que tiene el país en hacer negocios.

Otros que también expresaron su sentir frente a la decisión de la UE fue la vicepresidenta ejecutiva y gerente general de la Bolsa de Valores de Panamá (BVP), Olga Cantillo, quien manifestó que la inclusión de Panamá en la lista negra de paraísos fiscales “no” obedece a nuevos hallazgos que el organismo internacional pudo encontrar en materia de incumplimiento.

Según Cantillo, las acciones se tratan más bien de un tema de tecnicismo, porque el país aún permanece incorporado en la lista negra y gris de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) entre los criterios utilizados por la UE para incluir a Panamá en la lista de países no cooperadores en materia fiscal, se encuentra una evaluación que realizó anteriormente el Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Indicó que se basó en el intercambio de información fiscal durante el periodo del 1 de abril de 2015 al 31 de marzo de 2018, es decir, “se fundamentó en una foto de ese período”. El reporte del Foro Global de la OCDE, que fue publicado luego el 12 de noviembre de 2019, calificó a Panamá como un país “Parcialmente Cumplidor”.

“Considero que la actual inclusión debiera contar con un proceso de revisión técnica que realmente sea objetiva y no solo, porque Panamá esta en otras listas de organismos económicos”, opinó Cantillo.

Además, la gerente general de la BVP resaltó que el sector financiero ya tenía un marco regulatorio que permite realizar de forma transparente las actividades de esta área. Mientras que en el sector no financiero se siguen reforzando las medidas.

Cantillo recomendó que para mantener al país fuera de estas listas es necesario que la postura o la práctica que tenga el Gobierno sea una estrategia que pase de gobierno en gobierno o más bien una política de Estado.

“En este sentido se hace importante que el sector privado acompañe las estrategias ya divulgadas por el Gobierno, no sólo para salir, sino para mantenernos fueras de ellas”, señaló.

Por su parte, la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) también manifestó su repudio ante la decisión adoptada por los ministros de economía y finanzas de la UE, de volver a incluir a Panamá en una Lista Negra de jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal, y lo tachó de un “ataque injusto” contra el país.

La Asociación rechazó la inclusión del país porque a su juicio "Panamá ha demostrado compromiso en su decisión de cooperar en la lucha internacional contra el delito tributario, y constituye un acto hostil que el esfuerzo nacional, realizado por medio del difícil y arduo proceso de formación de consenso político público – privado, sea objeto de semejante desprecio por parte de la Unión Europea”.

Panamá ya estuvo incluido en la lista negra de la UE, en diciembre de 2017, a raíz de los Papeles de Panamá (Panama Papers), y otros escándalos en los que se vio envuelto; pero salió en enero de 2018, luego de que los gobiernos europeos lo incluyeran en el Anexo II de la lista de la UE, que agrupa a los países donde se han identificado deficiencias, pero que han decidido modificar sus prácticas en temas de transparencia fiscal e intercambio de información.

Sin embargo, este martes, los ministros de Economía de los países de la UE (ECOFIN) volvieron a meter a Panamá en su "lista de jurisdicciones no cooperativas en materia de transparencia fiscal" hasta tanto el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria de la OCDE le otorgue la calificación de país "cumplidor en gran medida". 

La OCDE concluyó en su informe de noviembre de 2019 que Panamá cumplía solo “parcialmente” sus requerimientos y determinó que su marco legal  no era suficiente contra el lavado de dinero, a pesar de que había establecido nuevas leyes  para fortalecer su régimen fiscal. 

En la lista negra de la UE, Panamá comparte su posición de país poco cooperador en materia fiscal con Islas Caimán, Palaos, Seychelles, Samoa Americana, Islas Caimán, Fiyi, Guam, Omán, Samoa, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes Americanas y Vanuatu.