Cifra de contratos reactivados podría ser menor al dicho por Mitradel, dice Convergencia Sindical

"El porcentaje de reactivación de contratos es menor" al 38% que planteó la ministra de Trabajo y Desarrollo Labora, Doris Zapata, afirmó hoy el secretario general de Convergencia Sindical, Eduardo Gil.

El sindicalista se refirió al respecto luego de que Zapata dio a conocer ayer que hasta la fecha solo se han reactivado 88,464 contratos de trabajo, de los 180 mil que se esperaba tener para estos meses, de los más de 280 mil que estaban suspendidos.

Sin embargo, Gil precisó que, de hecho, los 88,464 contratos reactivados a la fecha frente a los 280 mil que estaban suspendidos da “un porcentaje de  32%" de contratos reactivados” y no de 38% como lo afirmó Zapata.

“Sabemos que incluso la suspensión de contratos es mayor; y por lo tanto este porcentaje de reactivación baja”, afirmó Gil en declaraciones a la Televisora Nacional.

Gil se refirió al respecto luego de que este miércoles, 11 de noviembre, Zapata dijo que hasta este lunes el Mitradel registra unos 88,464 contratos reactivados, de los más de 280 mil que fueron suspendidos, es decir el 38% del total, pero menos de lo previsto tras la reapertura de actividades económicas; y que esperaban rondarían los 180 mil.

En sus declaraciones, Zapata también confirmó que hay muchas empresas que han reaperturado sus actividades y no han reportado al Mitradel la reactivación de los contratos laborales; y que incluso hay empresas que están contratando personal por contratos profesionales.

También dijo que del total de los contratos reactivados, el 62% son varones y el 38% mujeres.

Al respecto, Gil señaló que se trata de una situación que se advirtió al Gobierno Nacional que ocurriría desde marzo pasado, cuando surgió el decreto 81, pero que en ese momento se les comunicó que habría un momento en el que se levantarían estas medidas de restricción y que automáticamente todos los contratos serían reactivados y los que no se reactivaría serían considerados despidos injustificados.

Sin embargo, la realidad es que posteriormente con el decreto 96 se establece el criterio de retorno gradual y se le da a las empresas la potestad de decidir con cuantos trabajadores y trabajadoras vuelven a reactivar sus operaciones, indicó.

Señaló que en su momento advirtió que esta licencia que le daba el gobierno a las empresas a decidir iba a producir que no se reactivarían todos los contratos; y que además se producirían medidas discriminatorias contra ciertos colectivos de trabajadores y trabajadoras.

Por ejemplo, dijo que las trabajadoras mujeres son las que tienen menor porcentaje de reactivación de contratos, las que están embarazadas, los trabajadores sindicalizados y los trabajadores que tienen salarios mayores.

Por otro lado, mencionó que también señalaron que se estaban dando algunas irregularidades en función de que las empresas suspenden contratos de trabajo y automáticamente comienzan a contratar de manera irregular, ya se con una modalidad de contrato por servicios profesionales u otro tipo de "contratación atípica e ilegal" a nuevos trabajadores para realizar operaciones que tendrían que estar realizando los trabajadores que tienen contratos suspendidos.

Gil sostuvo que esa es una situación que estaban esperando: “Sabíamos que esto iba a ocurrir y le planteamos al gobierno antes del diálogo y durante el diálogo que se tomaran las medidas más coercitivas posibles para impedir el abuso porque nosotros podemos entender que hay algunas empresas, sobre todo las pequeñas, -que son las que el sector empresarial coloca al frente del debate-, que están teniendo dificultados, pero la realidad es que sabíamos que ocurriría: son las grandes empresas las que no se han visto afectadas económicamente, las que están aplicando medidas más lesivas contra los trabajadores”, afirmó Gil.

En ese sentido, anunció que el sindicato elevará al Gobierno Nacional esta serie de irregularidades expuestas y que han estado denunciado los trabajadores, por parte de algunas empresas, en la reactivación de contratos.

Manifestó que al finalizar la ley 157, que tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre, definitivamente, se tiene que replantear la estrategia y reactivar todos los contratos, pues ya el sector empresarial ha manifestado de que van haber empresas y ya hay muchas de ellas que no van a reactivar operaciones.

Expuso que “esto quiere decir que hay trabajadores que ya no tienen empleo y que no saben que no tienen empleo porque están supuestamente con contrato suspendido, pero que no van a reactivar sus empresas (donde laboran)”.

Indicó que la situación se complica, además, por el hecho de que según las estadísticas oficiales el 80% de los contratos en Panamá son por tiempo definido u obra determinada. Es decir, que “los contratos definidos pudieron haber terminado en medio de la suspensión y las empresas no los van a reactivar”.

“Cada vez la situación de los trabajadores y las trabajadoras, además, de ser ya dramática por los meses que han pasado sin ingresos, es todavía más difícil en el sentido de que no tienen claridad de su situación laboral, no se tiene certeza de cuál es la condición de cada trabajador y cada trabajadora y eso es importante que eso se aclare”, puntualizó Gil.