Sería un error una reforma fiscal: economistas

La reforma del sistema fiscal de Panamá podría estar en el tapete de las discusiones del futuro de las finanzas públicas en 2021, debido a la amenaza que sigue representando la covid-19.

Por lo menos así lo hizo  saber el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, en su comparecencia este lunes 8 de febrero, en la Asamblea Nacional.

Alexander tampoco descartó que el gobierno se vaya a seguir endeudando para tener más liquidez y así poder afrontar los compromisos en medio de un panorama de recuperación económica aún sombrío.

“Los gobiernos panameños seguirán pidiendo préstamos en el futuro”, afirmó Alexander, al ser cuestionado por los diputados por el manejo de la deuda, las finanzas y la reactivación económica.

“Si se da una reforma fiscal significa que se tendría que sacar dinero de los actuales contribuyentes o de las grandes compañías. El Estado necesita, pero no creo que vaya a agarrar dinero, pedir prestado o que el fondo le va a dar dinero para solucionar problemas de nombramientos o de actividades que va a realizar. La línea que se pidió, salió publicado que era para [afrontar gastos de] el coronavirus”, expresó el economista Rolando Gordón al ser consultado al respecto.

Aunque el déficit de muchos países ha sido “más alto” que el de Panamá, según Alexander, 2020 y 2021 son años “muy especiales” para el país, en que “se está haciendo manejo de las finanzas públicas (que) no es sostenible...”.

Lo que sí “hubiera sido más criticable que  nos hubiésemos quedado con un balance fiscal y con un déficit que tenía la ley (de responsabilidad fiscal) que era bastante reducido. Eso sí hubiera sido muy criticable”, manifestó.

Respecto a una posible reforma fiscal, Gordón consideró que “es cierto que el Estado no tiene dinero porque la gente no está gastando, los ingresos han caído en 40% aproximadamente hasta septiembre de 2020, lo que implica que ya los préstamos no dan para tanto”.

Sin embargo, “sería un error en este momento hacer una reforma fiscal y ponerle más impuestos a la población, porque no lo va a aceptar y va a ir a la caída”.

Destacó que “si el Estado quiere más ingresos tiene primero que demostrarle a la población que las grandes compañías internacionales, las grandes transnacionales como los puertos, etcétera, van a comenzar a pagar impuestos. Que la concesión por 25 años que le dio a uno de los puertos que hay en el Pacífico se le negocie nuevamente y que ellos comiencen a pagar impuestos”.

Insistió en que lo primero que tiene que hacer el Estado es recolectar  bien los impuestos que no se están recolectando, sobre todo el ITBMS, que ha sido un problema recolectarlo. “Las grandes compañías siguen exoneradas. Se tienen que hacer unas reformas  dirigidas primero a eso, antes de querer poner más impuestos a la población que no lo va a aceptar, hasta que no se lleve a cabo eso”, afirmó Gordón.

Para el economista Raúl Moreira, al inicio de la pandemia todos teníamos plena consciencia que como consecuencia de la crisis que se avecinaba, los límites establecidos en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal sobre límite de endeudamiento y del déficit fiscal iban a ver superados, ya que en estos momentos en los cuales se mantenía cerrada la operación de las empresas privadas, el Gobierno Nacional estaba en la obligación de suplir las necesidades básicas de las familias afectadas por la pérdida de puestos de trabajo y con su consecuente nivel de ingresos para satisfacer sus necesidades.  Sin embargo, “este exceso de gasto y endeudamiento no se ha visto sustentado con el mayor nivel de claridad posible para prevenir”.

Agregó que, “por un lado, el derroche de los recursos más escasos que nunca, y por la otra parte, que aquellos que ven el servicio público como una fuente de ingresos mal habidos a expensas del sufrimiento y de la vida de las personas tuvieran oportunidad de realizar sus acciones corruptas”.

Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, citó Moreira, “la deuda pública se incrementó en una suma de $5,941 millones, mientras que en la comparecencia de ayer el ministro de Economía señaló en términos bastantes generales, que se habían asignado $1,405.3 millones para enfrentar la pandemia –aun cuando todavía se requiere más explicación del uso de estos recursos–, queda todavía una diferencia de $4,532.7 millones ingresados al erario público en concepto de deuda, sin que se tenga mayor conocimiento del uso de estos”.

Moreira concluyó que como quiera que el nivel de transparencia del uso de los recursos ya adquiridos no ha sido el esperado, la eventualidad de una posible reforma fiscal que como se ha señalado supondrá el sacrificio económico y de satisfacción de necesidades de una buena parte de la población, “va a enfrentar una importante oposición a nivel generalizado” .

Por lo tanto, “se requiere un mayor nivel de liderazgo y de coherencia en la toma de decisiones para enfrentar la pandemia y reactivar la economía, para que todos tengamos el mayor nivel de información sobre los posibles beneficios y/o afectaciones de las mismas. Esa información normalmente se encuentra en un plan de reactivación económica que aunque el ministro del MEF dijo que existe, aún el resto de los panameños y residentes que requerimos esa información, no lo hemos visto”.

A finales de octubre de 2020, se aprobó el proyecto de Ley N° 474, que modifica un artículo de la Ley 34 de 2008, de Responsabilidad Social Fiscal.

La iniciativa permite ampliar el tope del déficit fiscal, en su momento necesario para ampliar el margen de responsabilidad fiscal, debido a los efectos de la pandemia y su impacto en las recaudaciones.

El déficit aprobado para el año 2020 variaría entre 9% a 10,5%; en 2021 sería entre 7% y 7,5%; luego bajaría en 2022 a 4%; en 2023 a 3%; para 2024 el tope se mantendría en 2%; y en 2025 se estima que estará en 1,5%.