Trabajadores y empresarios avalan aporte al IVM, pero piden cambios profundos

Sectores obreros y empresariales avalaron la decisión del gobierno de destinar $190 millones anuales al programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS), provenientes de las regalías al Estado por la explotación de cobre que realiza la empresa Minera Panamá, aunque consideraron que se deben tomar otras medidas y hacer cambios profundos para salvar este programa.

El pasado lunes el jefe del Ejecutivo detalló que a partir de este año, el 50% de los ingresos mínimos anuales –alrededor de unos $190 millones– serán destinados para el programa de IVM de la CSS.

“Al asignar estos recursos al programa IVM, los jubilados y pensionados tendrán la tranquilidad de que sus pagos están garantizados”, afirmó.

De igual manera, el gobernante dio a conocer que el 20% de los ingresos mínimos anuales serán asignados para que ningún jubilado o pensionado de la CSS reciba menos de $350 mensuales en su pensión.

Para Rafael Chavarría, del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), está bien que se le vaya a inyectar $190 millones al programa de pensiones provenientes de la actividad minera, no obstante, manifestó que la seguridad social del país requiere de otras medidas más futuristas, no una medida para salir del paso en estos momentos.

“Si solamente se va a hacer eso y los fondos del IVM se van a dejar tal como están, me parece que no se resolvería gran cosa. Hay que retomar el modelo solidario, darle una buena inyección económica al IVM y resolver los problemas de la salud”, dijo.

Chavarría precisó que bien se pueden buscar otras opciones que le permitan al IVM robustecerse, y añadió que un buen negocio sería la posibilidad de que la CSS pueda hacerle préstamos a los jubilados, similar a como se les permite a los bancos y a las financieras.

“Si ese negocio fuera para los jubilados y pensionados, habría una entrada económica diez veces mejor que la de los $190 millones. Si no hay corrección con las financieras y los bancos, el negocio grande lo van a seguir haciendo los bancos y las financieras, no el Seguro Social”, indicó Chavarría.

En tanto, para el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), Rubén Castillo, el asunto del programa de Invalidez, Vejez y Muerte va más allá de la promesa del gobierno de destinarle anualmente $190 millones.

“Sabemos que si no se hacen cambios profundos, el déficit se seguirá ampliando por lo que cualquier solución debe ser sostenible y de ninguna manera regresar al sistema de reparto definido, ya que se podría provocar un colapso social y económico.

Castillo se mostró de acuerdo con las mejoras de las pensiones siempre que se aborde de manera racional la crisis del programa de Invalidez, Vejez y Muerte.

“Si no se da una solución a largo plazo, tendríamos que financiar el déficit con dinero que debería destinarse a educación, salud e infraestructuras”, destacó.

Agregó que la data dura indica que según estudios, a 2050, el mundo tendrá más de 1.250 millones de personas con más de 60 años, lo que implica que el sistema debe adaptarse a esa realidad. “Pensar de otra forma es un acto de irresponsabilidad con los jóvenes de hoy”, advirtió.

Tras la culminación en diciembre pasado del diálogo nacional por la CSS, se espera que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) entregue en julio próximo, a la CSS, el informe preliminar sobre la situación del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), según dio a conocer en su momento el subdirector general de la institución, Edwin Rodríguez.

Explicó que este informe permitirá contar con una herramienta más precisa para tomar las decisiones en aras del fortalecimiento de los diferentes programas sobre los cuales descansa la institución.