UNPYME pide a la Asamblea Nacional la aprobación del proyecto de ley 462

La Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas UNPYME urgió a la Asamblea Nacional, la aprobación del proyecto de ley 462 para crear un modelo que agilice el pago a los proveedores MiPyMEs del Estado.

Esto, de acuerdo a Franklin Lucas Martínez, Presidente de la UNPYME, cambiaría el panorama de muchas compañías que prestan servicios a entidades públicas y dependen en gran medida de esas entradas. Con ese espíritu nació el proyecto de ley 462 que luego de dos años en la Asamblea Nacional está por entrar en Segundo debate.

En Panamá, alrededor del 97% del tejido empresarial pertenece a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MiPyMEs) y más del 78% es liderado por mujeres.

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de la Contraloría General de la República, 3 de cada 4 panameños trabajan en MiPyMEs o en el sector informal, lo que representa más del 85% de los empleos a nivel nacional.

De acuerdo a estadísticas de UNPYME, menos del 8% de las empresas tiene acceso al crédito bancario por la inexistencia de programas específicos para este segmento del mercado y la falta de garantías y colaterales necesarios.

“Si estas empresas no tienen liquidez, no se reactivará la economía nacional, y no tendremos capacidad de pagar nuestros compromisos financieros”, advierte el Presidente de la gremial.

La participación del sector en el desarrollo económico y social es determinante para Panamá, “pese a ello no todas las empresas contamos con la liquidez necesaria para operar con holgura”, detalla. Esto, llevó a miles de empresarios de Micro y Pequeña Empresa a cancelar contratos de trabajo, y a más del 40% de las empresas Micro y Pequeñas a cerrar sus puertas en medio de la crisis generada por la pandemia de Covid-19.

“Mejorar las condiciones de las MiPyMEs y garantizar el flujo de caja, no solo asegura la recuperación del sector, sino que ayudará a mantener empleos formales, y dinamiza la reactivación económica del país”, asegura Franklin Lucas Martínez.

De ahí que para las Pymes que proveen servicios al Estado, su tabla de salvación estará en la aceleración de los pagos y el recorte de los tiempos de espera para cobrar facturas.

En ese contexto, nació el Proyecto de Ley 462 presentado en octubre de 2020, cuya meta es establecer una medida para facilitar rápida liquidez a los proveedores del Estado, autorizando a las entidades públicas a certificar deudas con proveedores que pueden ser negociadas para respaldar la emisión de valores comerciales a corto plazo.

Este Proyecto de Ley tiene grandes beneficios pues es gratuito para el Estado, y brinda hasta 360 días para pagar cuentas certificadas a favor de fideicomisos, sin costo financiero, mientras que los proveedores de Micro, Pequeña y Mediana Empresa cobran sus cuentas certificadas rápidamente.

Todo proveedor dueño de una factura certificada por el Estado, la puede descontar y obtener liquidez sin tener que presentar estados financieros, ni análisis de crédito.

En la exposición de motivos, el proyecto destaca que la ley “busca brindar liquidez inmediata a todos los proveedores de las entidades del Estado, sin que el Estado tenga que endeudarse, incurrir en gastos de intereses o gastos de estructuración de deudas”.

“Todas las entidades del Estado estarán autorizadas para certificar la existencia de deudas con sus proveedores de bienes, obras y servicios, deuda que será negociada por éstos, mediante cesión a un fideicomiso, debidamente regulado, sin recurso contra el proveedor del Estado, bajo descuento por pronto pago”, según el proyecto.

La certificación conlleva un compromiso irrevocable de pago, del monto certificado, en fecha fija e inamovible.

“El mecanismo funcionará bajo la figura fideicomiso, regulado para mayor transparencia de las actividades financieras en el contexto de la Micro, Pequeñas y Mediana Empresa, además de eliminar la burocracia que enfrentamos en el proceso de cobros al Estado”, argumenta el Presidente de la UNPYME.

La certificación de las cuentas o facturas cedidas al fideicomiso, la negociación de las cuentas o facturas ya certificadas por el Estado y los valores comerciales respaldados por éstas, deberán ser realizadas en una plataforma digital o bolsa digital segura, a la que se pueda acceder por "Internet".

“El Proyecto de Ley 462 es una esperanza para el sector de las Micro, Pequeña y Mediana Empresa y constituye una herramienta vital para la reactivación económica de Panamá, razón por la cual urgimos su pronta aprobación”, finalizó Martínez.