Minsa acusa a Urbalia de 'dilatar la solución definitiva' de Cerro Patacón

El director de la Región Metropolitana de Salud, Israel Cedeño González, afirmó que en el vertedero de Cerro Patacón “no se está realizando la gestión adecuada de la basura”, y que por eso han realizado “incursiones en el mismo y en los alrededores para documentar la situación y generar las recomendaciones y acciones necesarias para minimizar el impacto sanitario”.

El Decreto Ejecutivo 275 del 21 de julio de 2004 establece que es responsabilidad del Ministerio de Salud (Minsa) ejecutar acciones y dirigir la búsqueda de un sitio para el nuevo relleno sanitario. El Minsa es el ente que administra el Código Sanitario.

Cedeño aseguró que “el Minsa no ha descuidado sus funciones y obligaciones constitucionales”, y prueba de ello es que debido a la constante revisión, verificación y ejecución de acciones sanitarias se han abierto varios expedientes sanitarios, pero “cada vez que se inicia un proceso legal, la empresa (Urbalia, S.A.) corrige algunas de las fallas, y se vale, a su vez, de estrategias legales para dilatar la solución definitiva”.

El regional de Salud aseveró que por eso es que se mantienen en el sitio todas las actividades sanitarias de mitigación del impacto negativo a la salud humana y del ambiente. “La Region Metropolitana cada vez que abre un expediente le da seguimiento y continuidad cuando se remiten a la instancia superior, la dirección General de Salud”, aseguró Cedeño.

Desde el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) se informó que Urbalia, S.A. tiene dos sanciones a nivel de la sede central del Ministerio. La primera viene del 2017 y se resolvió o sancionó en el 2021 y la más reciente viene de 2021 y se sancionó en el 2022. En diciembre de 2022, la viceministra de Ambiente, Diana Laguna, dijo a este medio que se multó a la empresa por más de $700 mil, por mal manejo y daño ambiental.

En marzo de 2021, Salud Ambiental del Minsa dijo que habían detectado cinco comunidades asentadas en las proximidades del relleno, y las calificó como zonas “no aptas” para vivir por los malos olores, los lixiviados y las alimañas las inunda: Calle 50, El Relleno, Cuipo 1 y 2 y La Isla, sin embargo, según Cedeño, “ se establecieron allí aun sabiendo que no era una zona urbanizable y de riesgo sanitario”.

En su momento se reactivó una mesa de trabajo interinstitucional en la cual hasta la fecha, de acuerdo con Cedeño , solo se ha podido determinar las acciones que debe hacer cada institución y el acercamiento con dichas comunidades y la propia empresa buscando mediar y conciliar para así lograr el objetivo común, preservar la salud de las personas y el ambiente.

“Además dicha mesa ha estado trabajando la situación legal-contractual de la empresa con miras a la terminación de la concesión en marzo 2023”, afirmó el director de la Región Metropolitana de Salud.

No obstante, el sociólogo, Alonso Ramos H. advirtió que el vertedero a cielo abierto de Cerro Patacón y otros vertederos similares en Panamá pueden tener graves impactos sociales en las comunidades cercanas.

En lo que se refiere a salud pública, precisó que la exposición a sustancias tóxicas y contaminantes en el aire, el agua y el suelo, los malos olores persistentes, pueden tener un impacto negativo en la salud de las personas que viven cerca de los vertederos, sobre todo en niños y niñas, lo cual se ve con mucha claridad en comunidades como Kuna Nega y La Esperanza, que son espacios que han surgido sin ninguna planificación pública y en donde la calidad de vida es baja.

Ramos indicó que los vertederos a cielo abierto como Patacón también “son un imán de trabajadores informales y de trabajo infantil”. A finales del mes de enero el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) en conjunto con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) y unidades de la Policía Nacional de La niñez y la adolescencia realizaron una inspección en el vertedero para prevenir, orientar y sensibilizar a los recicladores sobre la importancia de respetar los derechos de los menores de edad, tras recibir denuncias de trabajo infantil en el área.

Ramos indicó que en países como Panamá donde “las políticas de protección social son débiles”, la gestión de desechos sólidos está fuertemente ligada a la economía informal.

En estos contextos, agregó el sociólogo, puede haber personas que trabajan en vertederos a cielo abierto de forma informal, sin contratos de trabajo ni protección social; y estos trabajadores pueden estar expuestos a una serie de riesgos para su salud y seguridad, incluyendo la exposición a desechos tóxicos y la falta de equipos de protección personal.

Peor aun, añadió, en algunos casos los niños pueden ser forzados a trabajar en vertederos a cielo abierto, lo que pone en peligro su bienestar y su desarrollo físico y mental. Además, estos niños pueden estar expuestos a los mismos riesgos para su salud y seguridad que los trabajadores informales.

Sin embargo, Cedeño señaló que la calidad de vida de las personas que residen o realizan actividades dentro y alrededor del vertedero “no depende única y exclusivamente de las acciones del Minsa”, sino de varias autoridades e instituciones entre esas Ministerio de Ambiente, Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, Junta Comunal y la propia empresa que actualmente tiene la obligación contractual de gestión de los desechos.

“Minsa mantiene, a través de la Región Metropolitana de Salud y el Centro de Salud de Paraíso, la constante realización de actividades de promoción de la salud comunitaria con provisión de recomendaciones y ordenanzas a la población, fumigación, desratización etc”, puntualizó Cedeño.