Declaratoria de Palma, la apuesta de la UE por un turismo sostenible

Este 31 de octubre los ministros y responsables del turismo, en los países pertenecientes a la Unión Europea (UE) aprobaron la 'Declaración de Palma', que busca desarrollar un modelo de turismo "sostenible, ecológico, digital, inclusivo y resiliente", el cual tenga la capacidad de adaptarse a los desafíos venideros.

Se busca que el encuentro, desarrollado en Palma, España, sirva para que la UE destine un "presupuesto específico" para este rubro, según comentó la secretaria de Estado de Turismo de España, Rosana Morillo, en conferencia de prensa.

"También [queremos] impulsar y relanzar todas las políticas turísticas que se puedan realizar de manera común dentro de los distintos estados", agregó.

Susanne Kraus-Winkler, secretaria de Turismo de Austria, aseguró a los medios que el turismo es un "un ecosistema muy importante y también sensible en Europa", de allí que el documento firmado sirva como una herramienta para "relanzar" las políticas de la UE, en la materia.

La jefa de Turismo en el Ministerio de Asuntos Económicos y Comunicaciones de Estonia, Külli Kraner, dijo a EFE que, "para hacer un cambio en la forma en que viajamos, en el producto y la oferta del negocio turístico, debemos ir más allá con la sensibilización, el cambio de nuestra mentalidad y nuevas capacitaciones, pero también en inversiones y soluciones innovadoras para dar forma al futuro del turismo".

La Declaratoria de Palma compromete de los Estados que forman parte de la UE a "fomentar la creación de un entorno propicio para el desarrollo de iniciativas turísticas, que impulsen la cooperación de los Estados miembros, con la ejecución de proyectos transfronterizos".

Otro punto que destaca es la necesidad de "medir la sostenibilidad del turismo en sus dimensiones económicas, medioambiental y social, a escala nacional, regional y de destino, como herramienta para la gestión sostenible de los destinos y el seguimiento de las estrategias turísticas".

A esto hay que sumarle, el compromiso de "animar" a los agentes turísticos a hacer del "bienestar de los residentes locales", el centro de la oferta turística, impulsando el aprovechamiento de los activos culturales, de forma responsable.

Este punto ha cobrado especial relevancia en los últimos meses, pues múltiples ciudades del mundo están tomando medidas para restringir los alquileres turísticos, de corto plazo, en sus zonas, alegando que este tipo de negocios terminan por inflar los precios de las viviendas, expulsar a la población local, sobrecargar los recursos locales disponibles y fomentar un tipo de turismo catalogado como "excesivo".

Como ejemplo de esto tenemos a Florencia, en Italia, en donde su alcalde, Dario Nardella, anunció, a principios de julio, la implementación de una ley, que pretende combatir los alquileres de corta duración, los cuales, según Nardella, se han convertido en una "emergencia social", que no solo está presente en Florencia, sino en todo el país.

“En 2016 teníamos algo menos de 6 mil apartamentos registrados en Airbnb, hoy tenemos casi 14,378”, dijo en conferencia de prensa, a medios locales, alegando que, en ese periodo, el costo promedio de los alquileres residenciales mensuales ordinarios, se disparó un 42%.

 "Los 40,000 florentinos que viven en el centro se quejan de encontrarse, de repente, viviendo en apartahoteles", detalló.

Estas medidas también están siendo implementadas en Nueva York, Barcelona, París, Berlín, Ámsterdam, Portugal, Londres y otras ciudades. De allí que se habla de la necesidad de desarrollar un turismo sostenible en Europa y otras partes del mundo.