ACP mantiene recobros por fallo; UCOC insiste en que son ilegales

La firma de una nueva convención colectiva entre la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y la Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta (UCOC) no ha frenado la aplicación de descuentos salariales a los trabajadores de remolcadores, un tema que se mantiene como el principal foco de tensión en la relación laboral.

De acuerdo con el secretario general de la UCOC, Rogelio Marquínez, aunque el 27 de marzo se lograron acuerdos en varios puntos de la convención colectiva, los descuentos fueron ejecutados días después.

“Para el 27 de marzo logramos un acuerdo en ciertos puntos de la convención colectiva. Sin embargo, el tema de los descuentos se ejecutó el 30 de marzo a todos los capitanes y oficiales de la unidad”, indicó Marquínez a La Estrella de Panamá.

El dirigente sindical explicó que los descuentos se mantendrán mientras no exista un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia.

“Así es, la administración no ha pensado dar vuelta atrás”, afirmó, al tiempo que señaló que el gremio ya actualizó a la Corte con evidencia de los descuentos reflejados en los talonarios de pago.

Según el sindicato, la situación abre interrogantes sobre el manejo de aspectos como los aportes al seguro social y las retenciones fiscales derivadas de los salarios afectados. “Esto es un enredo y no hemos tenido pronunciamiento de la CSJ que pueda suspender estos descuentos ilegales”, agregó.

El conflicto tiene como base interpretaciones distintas del fallo de la Sala Tercera del Supremo.

El vicepresidente de Capital Humano de la ACP, Rubén Pérez, dijo una entrevista previa con este medio que la actuación de la institución responde a la obligación de cumplir el fallo de la Corte.

“Como funcionarios públicos, estamos obligados a acatar el régimen legal que rige al Canal de Panamá. Ante un fallo de la Corte que ordena suspender pagos considerados ilegales y recobrar esos montos, no tenemos discrecionalidad para tomar otra decisión”, explicó.

Pérez indicó que, según la interpretación institucional, los pagos realizados durante el periodo cuestionado no debieron efectuarse. “Es un pago que no se debió haber hecho según el fallo de la Corte Suprema de Justicia”, sostuvo.

El funcionario reconoció que se trata de una medida difícil para los trabajadores, pero insistió en que responde a una obligación legal. “Entendemos que es una situación complicada, pero desde el punto de vista legal no podemos hacer otra cosa que respetar el fallo y recobrar las sumas pagadas”, afirmó.

Asimismo, subrayó que tanto la administración como los capitanes y oficiales de cubierta son funcionarios públicos, por lo que ambos están sujetos al cumplimiento de la decisión judicial. “Si la administración no ejecuta el recobro, incluso podría exponerse al trabajador a riesgos legales por haber recibido recursos del Estado sin sustento jurídico”, advirtió.

En contraste, la UCOC sostiene que los fallos judiciales no tienen efectos retroactivos y que los salarios ya pagados constituyen derechos adquiridos.

El pasado 8 de abril, la ACP informó la firma de una nueva convención colectiva con el gremio, con vigencia hasta 2033 e incrementos salariales progresivos en los próximos años. No obstante, el acuerdo no resuelve el conflicto relacionado con el recobro de salarios devengados, que continúa en el ámbito legal mediante amparos que aún están en proceso de revisión.

El sindicato reiteró que ha solicitado en múltiples ocasiones que se suspenda la medida, al considerarla contraria a la legislación laboral y a los principios jurídicos vigentes.

Pese al avance que representa la firma de la convención colectiva, la continuidad de los descuentos mantiene abierto el conflicto entre las partes.

El caso sigue a la espera de un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, que podría definir el alcance del fallo y el futuro de los recobros aplicados a unos 200 trabajadores del Canal.