Moody’s mantiene grado de inversión de Panamá: ¿qué dicen los banqueros y economistas?

Moody’s Ratings (Moody’s) ha confirmado hoy las calificaciones a largo plazo de emisor y de deuda senior no garantizada del Gobierno de Panamá en Baa3, y las calificaciones a largo plazo de la plataforma senior no garantizada en (P)Baa3. La perspectiva se mantiene Negativa.

La decisión de mantener la perspectiva negativa indica que persisten los riesgos en curso para el proceso de consolidación fiscal, principalmente debido a las rigideces presupuestarias y la baja recaudación de ingresos.

Aunque el Gobierno ha reducido el déficit fiscal en 2025, la agencia calificadora explicó que se necesitan acciones gubernamentales adicionales para lograr una consolidación fiscal más rápida y efectiva que invierta la creciente tendencia de la deuda, en línea con los planes del gobierno.

Esto incluye la implementación de medidas estructurales para controlar el gasto y fortalecer la credibilidad de la política fiscal.

Moody’s Ratings reconoció que si bien las autoridades han declarado que las medidas de ajuste se debatirán a principios de 2026, los riesgos de implementación persisten dado el capital político limitado del gobierno y la necesidad de apoyo del poder legislativo.

“Nuestras proyecciones base indican que la relación deuda/PIB aumentará hasta 2027”, se lee en el informe.

Para el presidente de la República, José Raúl Mulino, este resultado refleja la estabilidad, seguridad y solidez del sistema económico panameño, fortalece la confianza de los inversionistas extranjeros y proyecta una imagen positiva del país ante la comunidad internacional.

“Esa es una noticia supremamente importante y alentadora porque proyecta la estabilidad, la seguridad y sobre todo el sistema económico panameño vigente ante el mundo entero y da la confianza para la inversión extranjera seguir y venir más a nuestro país. Debemos todos los panameños congratular de esta decisión”, expresó el mandatario.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) indicó que valora esta decisión como una señal de confianza en la dirección económica del país. Durante 2025, explicó, se logró reducir el déficit fiscal desde 7,4% del producto interno bruto (PIB) en 2024 a un rango estimado entre 4,0% y 4,5%, gracias a medidas de ajuste y eficiencia del gasto que fortalecieron las finanzas públicas.

Recordó que la agencia destacó estos esfuerzos, junto con la reforma estructural del sistema de pensiones aprobada en marzo, que garantiza su sostenibilidad a largo plazo, y los acuerdos alcanzados para resolver contingencias legales que reducían la credibilidad fiscal.

El MEF además sustentó que la agencia resaltó que Panamá mantiene una economía sólida, diversificada y con proyecciones de crecimiento entre 3.5% y 4% anual en los próximos años.

Respecto al régimen de dolarización, dijo, Panamá continúa siendo una fortaleza, al reducir la exposición a choques externos y apoyar la estabilidad macroeconómica. Además, la gestión prudente de la deuda pública ha permitido mantener el nivel de endeudamiento alrededor del 65% del PIB en 2025, en un entorno global de mayores tasas de interés.

“Este Rating Action confirma que Panamá conserva su condición de país de grado de inversión. Refleja la confianza en nuestras instituciones, la solidez de nuestra economía y el compromiso del Gobierno con un manejo fiscal responsable y transparente”, afirmó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

El exministro de Economía y Finanzas, Fernando Aramburú- Porras, comentó que la calificación de Moody’s es una oportunidad para que el Gobierno haga las reformas que son indispensables en el gasto público y en la recaudación de tal forma de parar el aumento de la deuda al ritmo que viene subiendo 6% y 7% del PIB anualmente y que haría sostenible la gestión del gobierno a mediano plazo.

“La reactivación de la mina es indispensable para bajar los contingentes , aumentar las exportaciones y la demanda efectiva y el empleo en el país de tal manera que podamos hacerle frente a los retos urgentes que tenemos en salud , agua , educación y seguridad ciudadana”, sentenció Aramburú.

Ernesto Antonio Boyd García de Paredes, presidente de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) se mostró satisfecho con la decisión, interpretándola como un espaldarazo al proceso de ajuste fiscal que está llevando a cabo la actual administración. Enfatizó que los ajustes, aunque impopulares, eran necesarios y urgentes.

“Vemos positivo el proceso por el cual el gobierno actual está llevando al país en temas de ajustes. Tenemos que ser responsables. Los últimos dos presupuestos que el MEF ha llevado a la Asamblea han sido revisados a profundidad y se han hecho los ajustes necesarios. Posiblemente no son los más populares, pero son cosas que se necesitan hacer”, señaló el presidente de la ABP.

Según Moody’s la calificación Baa3 refleja la mejora del perfil crediticio tras las medidas proactivas del gobierno para abordar los pasivos contingentes derivados del deterioro de las finanzas del sistema de pensiones y el litigio relacionado con el cierre del proyecto minero Cobre Panamá en 2023.

Estas acciones han mitigado materialmente el riesgo de un mayor debilitamiento estructural de la solidez fiscal. La consolidación fiscal lograda en 2025 frenará el ritmo de aumento de la deuda y estabilizará la carga de intereses.

La calificación de Panamá sigue estando bien respaldada por la fortaleza económica del país, con perspectivas de crecimiento favorables y la ausencia de desequilibrios macroeconómicos materiales, que se benefician de la dolarización.

La perspectiva se cambió a negativa en noviembre de 2024 debido al significativo deterioro fiscal de ese año y a los riesgos identificados en las iniciativas de consolidación fiscal propuestas por la administración de Mulino.

Estos riesgos incluían una mayor rigidez del gasto, una recaudación de ingresos limitada y los pasivos contingentes asociados con el sistema de pensiones y el litigio posterior al cierre del proyecto minero Cobre Panamá.

Si bien los riesgos de pasivos contingentes han disminuido, el gobierno aún tiene que abordar de manera significativa las presiones estructurales subyacentes que impulsan los déficits fiscales: las rigideces presupuestarias y la persistentemente baja recaudación de ingresos.

Las rigideces presupuestarias se derivan de las persistentes presiones de las pensiones, la legislación que exige que el gasto en educación represente el 7% del producto interno bruto (PIB), las leyes que dictan los aumentos salariales y las ineficiencias persistentes en la asignación de subsidios. Colectivamente, estos elementos han aumentado la inflexibilidad del gasto y han limitado la capacidad del gobierno para un ajuste fiscal efectivo.