En inmigración, los políticos buscan un santuario contra la responsabilidad

Mientras Donald Trump quiere hablar de ‘ciudades santuario', apuesto a que casi todos los demás candidatos presidenciales del Partido Republicano quieren un santuario para protegerse de Donald Trump.

La perorata sobre los inmigrantes mexicanos del magnate parlanchín desencadenó un debate sobre las ciudades que brindan puerto seguro a los indocumentados. Supuestamente, San Francisco es uno de esos lugares. Las circunstancias que rodearon el reciente asesinato de Kathryn Steinle, de 32 años, presuntamente perpetrado por el inmigrante ilegal y criminal de carrera Juan Francisco López-Sánchez, eran ya confusas. Como también lo eran las normas de santuario, tanto de la ciudad como del condado de San Francisco, que podrían haber permitido que López-Sánchez permaneciera en el país, a pesar del hecho de que había sido deportado cinco veces. Pero cuando todo ello se cubre con una gruesa capa de política, el panorama se vuelve aún más confuso.

Las ciudades santuario no son lo que solían ser. En 1989 la Junta de Supervisores del Condado de San Francisco votó por prohibir a funcionarios locales, entre ellos a la policía, que asistiera a las autoridades federales con investigaciones o arrestos de inmigración, a menos que esa asistencia fuera requerida por la ley o que un juez expidiera una orden de arresto. La idea original era que si una persona indocumentada era arrestada por un delito que no fuera de inmigración y los agentes federales de inmigración pedían que esa persona pasara a estar bajo su custodia, las autoridades locales podían usar su discreción para decidir si conceder o no el pedido.

Pero, en los últimos 26 años, la política de santuario de San Francisco fue modificada repetidamente y se volvió menos indulgente. En la actualidad, las fuerzas de seguridad locales entregan a agentes federales de inmigración inmigrantes indocumentados que aún no se han presentado delante de un juez. Además, en los últimos seis años y medio, el gobierno de Obama fue bastante agresivo en presionar a los departamentos de la policía y sheriff locales para que impusieran la ley de inmigración federal, utilizando herramientas como el programa Comunidades Seguras. Bajo ese programa ahora descontinuado, la policía local verificaba las huellas dactilares de los inmigrantes ilegales en una base de datos federal, para determinar su categoría.

Ahora el gobierno está abogando por algo llamado Priority Enforcement Program (PEP), que pide a la policía local que notifique a los Servicios de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos cuando planea dejar libre a un individuo que se sospecha que es inmigrante ilegal, lo que los funcionarios de San Francisco no hicieron.

Así pues, simplemente no es cierto que el gobierno de Obama sea menos severo con la imposición de la ley migratoria o que las ciudades santuario proporcionen demasiada protección.

Son mentiras que cuentan los republicanos. Que no deben confundirse con las mentiras que cuentan los demócratas. Cuando se le preguntó sobre el asesinato de Steinle y si los agentes federales de inmigración podrían haberlo evitado, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Josh Earnest, emprendió un viaje al país de la Fantasía.

Primero, Earnest intentó elogiar al gobierno por un supuesto cambio de política, según el cual se deporta a ‘delincuentes de delitos mayores, no … familias'. Pero abogados de inmigración me dicen que el cambio fue cosmético, y que el gobierno aún deporta a familias, especialmente cabezas de familia. Además, la Casa Blanca ya enturbió las aguas sobre quién es o no es un ‘delincuente'. Funcionarios del gobierno engañaron a la población al sostener que estaban deportando principalmente a delincuentes, cuando más tarde se supo que estaban sacando del país a mucamas y jardineros que habían vuelto a ingresar después de ser deportados, lo cual constituye un delito mayor. Eso confundió a todos, lo que probablemente, era el objetivo.

Después, Earnest intentó echar la culpa a los republicanos por ‘bloquear' la reforma migratoria y no adoptar el proyecto de ley de inmigración del Senado. Sin embargo, no explicó cómo esa ley habría impedido el asesinato de San Francisco. No lo habría hecho. El problema mayor es que el presidente Obama envenenó el debate migratorio al quebrar su promesa de la campaña de 2008 de considerar la reforma como máxima prioridad y al deportar a 2 millones de personas, y después intentar echar la culpa a los republicanos.

Finalmente, Earnest criticó duramente a los republicanos por no permitir que el gobierno de Obama gastara más en la seguridad fronteriza. ¿En serio? Obama incurre en abundantes gastos, entre ellos la ley de $600 millones que firmó en agosto de 2010, que incluía fondos para más agentes de la Patrulla Fronteriza y para cercas adicionales en la frontera mexicano-americana.

El presupuesto pedido por el gobierno para el Departamento de Seguridad del Territorio en 2016 es de $41.200 millones. Alrededor de la mitad de esa cifra estará destinada a inmigración y vigilancia de la frontera. Echar dinero a la frontera no resolverá este problema, pero Obama echó abundantes fondos.

Eso es lo que sucede cuando el mundo de los políticos y el de los delincuentes chocan. Un grupo está compuesto por un conjunto de sinvergüenzas que hacen locuras y crean caos. Inherentemente deshonestos y dispuestos a servir sus propios intereses, se aprovechan con oportunismo de las situaciones malas y causan gran sufrimiento, mientras se niegan a asumir la responsabilidad de sus actos. Después están los delincuentes.

THE WHASHINGTON POST

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No es cierto que el gobierno de Obama sea menos severo con la imposición de la ley migratoria o que las ciudades proporcionen demasiada protección.

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En los últimos 26 años, la política de santuario de San Francisco fue modificada repetidamente y se volvió menos indulgente.