- 18/01/2013 01:00
PANAMÁ. La Ley 34 de Responsabilidad Fiscal en Panamá, de junio de 2008, ha sufrido varias transformaciones y ha perdido credibilidad en algunos sectores.
Uno de los principales puntos de esta legislación indica, en su artículo 23, que los proyectos de inversión tendrán que contar con estudios de costo y beneficio social si son mayores de $10 millones, y de prefactibilidad en caso de montos menores.
‘Los estudios pertinentes de los proyectos de inversión pública, junto con la disponibilidad de recursos, permitirán priorizar las inversiones públicas’, indica la norma. La entrada en vigor de este artículo fue pospuesta para 2013, indicó el economista Adolfo Quintero. Esto significa que este año todos los proyectos deben cumplir con la medida o se estaría incumpliendo.
La reglamentación de la ley en su artículo 25 indica que el periodo de adecuación para la norma era entre el 2009 al 2012.
El gobierno de Martín Torrijos aprobó la Ley de Responsabilidad Fiscal semanas antes finalizar su gestión, pero la reglamentación fue un trabajo en equipo entre la administración saliente y la entrante, en este caso la de Ricardo Martinelli.
Este tipo de requerimientos son comunes en países como Chile y se justificó bajo la premisa de que priorizaría los proyectos en términos de su impacto nacional y se determinaría cuáles tenían un mayor impacto en la economía y el desarrollo.
Y la razón para que su entrada en vigencia fuera después de 2012 se basaba en se preparará el personal adecuado que estaría a cargo de los estudios, tanto en el Ministerio de Economía y Finanzas como en otras entidades públicas.
La Estrella intentó abordar al ministro del MEF, Frank de Lima, sobre el tema, pero este no respondió.
