¿Qué ha hecho Mulino por la economía? Claves de su primer año de gobierno

Hoy, 1 de julio de 2025, se cumple el primer año de gobierno del presidente José Raúl Mulino, que ha estado marcado por una serie de decisiones económicas orientadas a estabilizar las finanzas públicas, reactivar la inversión en infraestructura y enfrentar desafíos estructurales como el desempleo, la informalidad y la crisis de la Caja de Seguro Social (CSS).

Sin embargo, al momento de recibir la banda presidencial, Mulino aseguró que todas las acciones de su gobierno generarían “chenchén”, a través de obras públicas, el programa Mi Primer Empleo dirigido a jóvenes, la atracción de inversiones y exportaciones, mejor promoción del destino país para la llegada de turistas, los recortes en el presupuesto de la Asamblea y los gastos excesivos del gobierno.

“Son millones de dólares que nos ahorraremos en política y corrupción, y eso es más chenchén pa’ ti”, mencionó Mulino en su discurso.

Dentro de las promesas de campaña de Mulino se encontraban la creación del programa Mi Primer Empleo, dirigido a jóvenes entre los 17 y 24 años sin experiencia profesional.

En su primera etapa, lanzada en agosto de 2024, el programa consiguió insertar de manera formal a 624 jóvenes. Mientras que para su segunda fase, que se inició en junio de 2025, se proyectó la creación de 2.780 nuevas plazas laborales en todo el país.

Para René Quevedo, el programa Mi Primer Empleo “es un paso en la dirección correcta” porque se impulsan las contrataciones focalizadas y las alianzas con el sector privado para promover la inserción laboral de jóvenes.

No obstante, dijo, la capacidad de la economía para generar empleo dependerá de la velocidad con la cual se le pueda inyectar liquidez, particularmente focalizada en las pequeñas y medianas empresas y las actividades del sector interno de la economía, que aportan 70 % de los empleos en el país.

“Esto a su vez requerirá confianza, ya que sin ella no habrá inversión privada y seguiremos generando informales, con los jóvenes siempre llevándose la peor parte”, manifestó Quevedo.

El presidente también aprobó un plan de contención del gasto público hasta por $1.387 millones del Presupuesto General del Estado de 2024, debido a la caída de los ingresos presupuestados.

La medida la volvió a replicar para la vigencia fiscal de 2025, reduciendo hasta $1.900 millones, distribuidos entre gastos de funcionamiento e inversión. Del total, $426,5 millones corresponden a funcionamiento y $1.473,5 millones a inversión.

Para ambas reducciones, el Gobierno buscaba cumplir el límite máximo de déficit fiscal permitido, que para este 2025 es del 4 % de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

Otro tema en el que se enfocó el presidente es la de su obra insignia: el tren David -Panamá, que es un ambicioso proyecto ferroviario que busca conectar las ciudades de Panamá y David, en la provincia de Chiriquí, y con la frontera con Costa Rica, y que abarca 475 kilómetros.

La obra contará con 14 estaciones y está valorada en $500 millones. Además, buscará impactar en la economía de actividades como el agro, movimiento de mercaderías y transporte de nacionales y extranjeros, así como la generación de empleos.

Hasta el momento, España, China y Gran Bretaña son solo algunos de los países que han expresado su interés de competir por esta construcción prevista a iniciarse en enero de 2026.

Mulino también presentó su plan económico con un monto de inversión de $350 millones en 14 proyectos en la capital y el interior —tanto obras rescatadas como nuevas— enfocados en agua, salud, educación y gobierno, y que generarán más de 10.000 empleos.

Para el Colegio de Economistas de Panamá estos proyectos son una perspectiva económica que destaca los avances de la reactivación de proyectos de infraestructura pública, así como el anuncio de nuevas inversiones estratégicas, entre ellas, la construcción del tren hacia Chiriquí. “Estas iniciativas tienen el potencial de impulsar el crecimiento, especialmente en el interior del país, y fortalecer la dinámica económica en el mediano plazo”, aseguró.

La producción de biocombustible también formó parte de las promesas de campaña de Mulino, ya que se ofreció como una ruta de negocio para buscar inversiones de al menos $100 millones, que hoy se van en pagos a la importación de combustibles fósiles —entiéndase derivados del petróleo—.

Mulino confesó que Panamá está en la etapa final de un plan para incursionar en la actividad y aplicar el uso de este biocombustible, ya que han recibido “buenas comunicaciones” de los productores de caña en el país que están interesados en sembrar más hectáreas del producto, con fines de producir bioetanol, que es utilizado en gran parte del mundo porque mejora la calidad del combustible y es amigable con el medio ambiente.

Además, el mandatario cumplió con la sanción de la reforma a la CSS, que hoy es la Ley 462. Entre los cambios más relevantes se encuentra la mejora en la situación de viudas y huérfanos de asegurados fallecidos, quienes ahora reciben una pensión vitalicia, a diferencia de la situación anterior cuando el beneficio era limitado a la duración de los fondos en la cuenta del asegurado. La ley también aborda la transformación financiera del fondo de pensiones del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte, dentro del subsistema de beneficio definido.

Las agencias calificadoras internacionales han manifestado que las reformas a la CSS son cruciales para mantener la confianza de los inversionistas y garantizar la estabilidad económica del país. La aprobación de estas reformas la consideraron un paso importante para abordar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones y mejorar la calificación crediticia de Panamá.

No obstante, el economista Raúl Moreira dijo que “aunque los organismos extranjeros saluden desde afuera la aprobación de la Ley 462 desde el punto de vista financiero, a lo interno se están pagando y se pagarán en el futuro muchas consecuencias económicas y sociales derivadas de la misma”.

Por su parte, el Colegio de Economistas de Panamá indicó que “la aprobación de la reforma a la CSS representa un avance en la contención de riesgos asociados a la sostenibilidad del sistema de pensiones”.

Otra ley que sancionó el presidente fue la 472, que restablece el régimen de intereses preferenciales para préstamos hipotecarios de la Ley 3 de 1985 hasta el 31 de diciembre de 2025, y permite a las entidades bancarias continuar con las hipotecas que se encuentran en trámite.

Con esto se posterga la entrada en vigencia de la Ley 468 de 2025, que dicta nuevas condiciones para los intereses preferenciales, hasta el 1 de enero de 2026.

Lo sancionado por el mandatario establece modificaciones a la normativa actual sobre el Régimen de Interés Preferencial de Viviendas, para que hagan su implementación más clara, ordenada y justa. Al suspender temporalmente la entrada en vigencia de la Ley 468, se permite consolidar una transición más equitativa, sin afectar los compromisos adquiridos ni la aspiración legítima de las familias a tener un hogar propio.

Desde el inicio de su periodo, Mulino anunció la aplicación de medidas de retorsión contra países que incluyan a Panamá en listas discriminatorias. Asimismo, creó una campaña internacional desde su equipo diplomático para hacer sentir en el extranjero la voz de Panamá sobre su rechazo a las listas discriminatorias y las afectaciones a su imagen internacional. Como resultado, seis países europeos extendieron su apoyo: Bruselas, Países Bajos, Alemania, España, Italia y Grecia.

Recientemente, Francia y la Unión Europea también expresaron su apoyo a Panamá, tras conocer sus avances en materia de intercambio de información, transparencia y el cumplimiento internacional de las disposiciones fiscales y de cooperación en temas regulatorios.

El presidente también ejecutó la entrada de Panamá como Estado asociado al bloque comercial y económico del Mercosur, como un mecanismo para abrir oportunidades comerciales y económicas para ambas partes.

Se trata del primer país fuera de la región de Suramérica en adquirir la condición de Estado asociado del Mercosur, integrado por Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Bolivia, que juntos representan la quinta economía más grande del mundo con un mercado de 271 millones de habitantes.

La condición de Estado asociado del Mercosur le permite a Panamá tener una relación de cooperación, al acceder a ciertos beneficios del bloque sin tener que adherirse al Tratado de Asunción ni al Acuerdo del Arancel Externo Común.