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- 01/12/2010 01:00
PANAMÁ. Los gobiernos de Estados Unidos y Panamá firmaron ayer un acuerdo que permitirá el intercambio de información en materia de impuestos.
El vicepresidente y canciller panameño, Juan Carlos Varela, suscribió el documento en nombre de la República de Panamá, mientras que el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, lo hizo por los Estados Unidos.
Se trata del decimocuarto documento de este tipo que firma Panamá, con lo que busca salir de la lista gris de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).
PERSISTE OBJECIÓN
Este acuerdo, en particular, ha recibido cuestionamientos de parte, principalmente, de grupos de profesionales del derecho, quienes aducen que no ha sido discutido ni analizado por los sectores interesados.
Por ejemplo, el Colegio Nacional de Abogados, en nota remitida al ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, asegura que existen aspectos donde no se ofrece protección a la contraparte panameña.
‘Nos preocupa que Panamá acepte dar información sobre hechos que pueden ser delictivos en los Estados Unidos, pero que no lo son en nuestro país, por lo que nos preocupan las implicaciones legales que pueda tener este compromiso’, advierte la nota, firmada por el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Rubén Elías Rodríguez.
Destaca, además, que Estados Unidos no aparece obligado en el acuerdo a suministrar información que Panamá solicite, de modo que el principio de reciprocidad sea funcional en ambas vías.
Hoy, La Estrella presenta algunos aspectos comparativos entre el acuerdo suscrito con Estados Unidos y el que Panamá firmó con México meses atrás, y que se encuentra en la Asamblea Nacional para su ratificación (Ver cuadro).
EL MEF REFUTA
Ayer, el Ministerio de Economía y Finanzas dio a conocer en un comunicado publicado a página completa en La Estrella que el acuerdo firmado ayer con los Estados Unidos ‘cumple con los principios esenciales’ de la estrategia nacional para la promoción de los servicios internacionales y financieros, ‘para excluir a Panamá de las listas discriminatorias’.
Ahora, el acuerdo será visto por el Consejo de Gabinete y luego por la comisión legislativa de Relaciones Exteriores y el pleno de la Asamblea Nacional.