Empresarios exigen una moratoria a las concesiones mineras

Ante la situación que vive el país con las protestas que rechazan el contrato minero, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (Cciap) hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a pronunciarse en derecho, y en tiempo expedito frente a las demandas presentadas.

También exige al Gobierno Nacional decretar cuanto antes una moratoria en el otorgamiento de concesiones, mineras tanto de explotación como de exploración, y que establezcan cuanto antes una fecha para la revisión y el fortalecimiento del Código de Recursos Minerales.

Frente al reto de fiscalizar las concesiones existentes en el contrato minero, la Cciap propone la creación de una autoridad que cuente con los recursos necesarios y técnicamente capacitados para monitorear, auditar y vigilar de forma estricta las actividades que aquí se llevan a cabo y que éstas a su vez, sea fiscalizada por una Comisión Supervisora, representativa de la sociedad civil.

“Este gremio considera que este es el camino para seguir, y brindarle algo de tranquilidad a una población que ya muestra una disconformidad generalizada por las múltiples situaciones críticas que enfrenta el país, causadas por las decisiones políticas y particulares, en vez del bienestar nacional”, comentó Adolfo Fábrega, presidente de la Cciap, este jueves, en conferencia de prensa.

Los empresarios recalcaron que aunque el discurso del presidente de la República, Laurentino Cortizo, aclaró algunos puntos dentro del contrato minero, les hubiera gustado entender cuáles son esas acciones que se tomarán a largo plazo, como, por ejemplo, una fecha de la revisión del Código Minero y la declaratoria de la moratoria en las concesiones mineras.

“Nuestra expectativa es la inmediatez y el Gobierno, lo más pronto posible, salga a relucir un comunicado en términos del futuro minero del país. El ejemplo perfecto sería una moratoria inmediata, así como una fecha concreta de la revisión del Código Minero”, contó Fábrega.

“Mientras que la CSJ debe actuar en base a la justicia de una forma expedita y oportuna. Estamos buscando que la justicia del país se vea fortalecida con el proceso. La expectativa del Gobierno no debe ser una solución para acelerar, sino oportuna y expedita. Sabemos que existen repercusiones a largo plazo, que se pueden dar para nuestro país, pero creo que, en estos momentos, el problema es mucho más inmediato porque, en este momento, la ciudadanía busca entender cuál es el sentir del Gobierno con la industria minera en un futuro”, añadió.

Los empresarios también condenaron los actos delictivos que atentan contra la seguridad personal, y aquellos actos vandálicos contra trabajadores independientes, pequeños emprendedores, camiones de distribución, pequeñas y medianas empresas, propiedad privada y sitios públicos.

Consideran que “todo esto representa acciones criminales agravadas, a las cuales les deben caer todo el peso de la ley, porque intencionalmente, sus actores se mezclan entre ciudadanos que ejercen su derecho a manifestarse de manera específica”. 

Entre las afectaciones económicas inmediatas por las protestas, el presidente de la Cciap mencionó a la industria al comercio por menor, específicamente a las cadenas de distribución de alimentos, el deterioro de la imagen del país con las cancelaciones de llegada y retiro de turistas, y el posible aumento del desempleo.