Gobierno corporativo y la inacción estatal

PANAMÁ. Sería interesante recordar cuándo fue el último fracaso o cierre de una entidad en el sector bancario, el último fracaso en el sector del mercado de valores y el último fracaso en el sector cooperativista. Más interesante sería saber cuándo fue la última intervención de sus reguladores y cuántas intervenciones se han dado en los últimos cinco años en cada uno de estos sectores.

Igual de interesante sería el saber cómo anda la regulación sobre gobierno corporativo en cada uno de estos sectores y su impacto en la prevención de estos fracasos o cierres de entidades.

Con un conocimiento previo del resultado de dichos cuestionamientos, me atrevo a asegurar que hoy por hoy el sector bancario está más blindado que los otros sectores financieros del país y eso se debe, en gran medida, a la regulación sobre adopción e implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo.

Pero las preguntas clave son: ¿por qué a pesar que los directores de los otros sectores saben de los beneficios de dicha implementación, no la han exigido? ¿Qué los retiene? ¿Qué intereses hay más allá de dicha inacción y qué responsabilidad les cabe ante ello? ¿Por qué si todos saben que las buenas prácticas corporativas no solo benefician a las organizaciones, sino a los sectores y al país en general, no han normado dicha exigencia?

Recordar las dos últimas intervenciones y cierres bancarios no es materia difícil, no por el tiempo transcurrido, sino por el impacto social que tuvieron. Igualmente no es difícil recordar las últimas diez intervenciones y fracasos en el sector del mercado de valores y su impacto en la sociedad, al igual que los diez últimos fracasos en el sector cooperativo.

Pero si bien las buenas prácticas de gobierno corporativo son necesarias en los regulados, más necesaria son en los reguladores. Mientras el manejo en dichas instituciones sea más político que profesional independiente; colapsos como los que estamos viviendo hoy día seguirán a la orden día.

El sector del mercado de valores y el sector de las cooperativas requieren a gritos normas para la adopción e implementación sobre buenas prácticas de gobierno corporativo, no recomendaciones de aplicación, sino su imposición.