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- 15/10/2025 00:00
El proyecto de ley N° 288 plantea derogar beneficios fiscales a partidos y canalizar los fondos a un alivio tributario para trabajadores
El anteproyecto que busca arrancar privilegios fiscales que durante décadas protegieron a partidos políticos y candidatos de libre postulación, y usar esos recursos para bajar la carga tributaria sobre trabajadores y pequeñas familias será analizado en una subcomisión.
La propuesta, presentada bajo el título “que disminuye el impuesto sobre la renta a las personas naturales y elimina los beneficios fiscales en la política”, fue impulsada por el diputado José Antonio Pérez Barboni, de la bancada independiente, y plantea un cambio estructural en el trato tributario del sistema político panameño.
Actualmente, los partidos y candidatos gozan de exenciones que les permiten importar artículos de propaganda sin pagar aranceles, recibir fondos sin gravámenes y mantener inmuebles exentos del impuesto de bienes inmuebles, ventajas que —según los proponentes— los colocan en una posición de privilegio frente a cualquier ciudadano o empresa privada.
El anteproyecto propone derogar seis artículos del Código Electoral (108, 200, 201, 228, 255 y 263) que han convertido, en la práctica, a los partidos políticos en “actores fiscales blindados” frente a obligaciones que sí recaen sobre el resto del país. “Estos beneficios son discriminatorios e injustificados”, sostiene el documento presentado ante el Pleno.
Para sus promotores, estos beneficios son “discriminatorios e injustificados”.
La propuesta no se limita a recortar privilegios; ofrece una contrapartida tangible: un cambio en la escala del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para personas naturales que busca aliviar a la clase trabajadora y media. Entre sus puntos centrales: elevar el umbral exento mensual de $846.15 a $1,000.00, lo que reduce la base gravable para salarios bajos y medios.
Reestructurar las tarifas anuales del ISR con tramos y tasas que gravan más progresivamente: 0% hasta B/. 13,000; 15% para el tramo siguiente; 25% y 30% para los tramos superiores.
Establecer la revisión quinquenal de la base exenta para ajustarla por inflación y preservar el principio de capacidad contributiva.
Según el texto, un trabajador que hoy gana $1,500 pagaría impuestos solo sobre $500 después de la reforma; un ejemplo simple para ilustrar el impacto real en el bolsillo familiar.
Presentado el 27 de marzo de 2025, el anteproyecto fue remitido por la Comisión de Gobierno, presidida por Luis Eduardo Camacho, a una subcomisión presidida por Roberto Zúñiga.
La subcomisión contará con 30 días para emitir un dictamen que analice impacto fiscal, constitucionalidad y la manera de incorporar salvaguardas.
El texto legislativo apela al principio de equidad tributaria y busca recuperar la confianza ciudadana en las instituciones. En su exposición de motivos, los proponentes advierten que “los partidos políticos, como entes de interés público, deben ser ejemplo de transparencia y contribución, no beneficiarios de excepciones fiscales”.
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