Juristas y diputados cuestionan decreto que crea unidad para coordinar querellas del Estado

La reciente decisión del Gobierno de crear una unidad legal encargada de coordinar las querellas penales de las entidades públicas ha generado una oleada de críticas desde distintos sectores jurídicos y políticos, que cuestionan tanto su pertinencia administrativa como su constitucionalidad.

El abogado y analista político Roberto Ruiz Díaz calificó la medida como una muestra de “falta de planificación” dentro del Ejecutivo. A través de su cuenta en la red social X, escribió:

“Este decreto, para mí, demuestra la falta de planificación y la aceptación de que no existe una política pública coherente. No puedo creer que se ordene crear una unidad de coordinación legal para que presente querellas, cuando todas las entidades públicas tienen un departamento legal y deben hacer uso de él”, manifestó.

Ruiz Díaz añadió que la medida “duplica funciones ya existentes” y que la Procuraduría de la Administración es, por mandato legal, el principal asesor jurídico del Estado, por lo que debería ser la institución encargada de coordinar la defensa de las entidades públicas.

“Ojalá sirva ese nuevo ente burocrático, que costará al Estado, para el arbitraje minero”, concluyó el jurista, en aparente referencia al caso de la mina Cobre Panamá.

Por su parte, el diputado Ernesto Cedeño también reaccionó al anuncio a través de la misma red social, advirtiendo que la medida podría violar el principio de separación de poderes:

“Este acto administrativo tiene tinte de inconstitucional, toda vez que somete a entes públicos con rango constitucional. Hay independencia de poderes. El Ejecutivo no le puede dar órdenes ni a la Asamblea Nacional, ni al Órgano Judicial, ni a la Universidad de Panamá”, expresó.

Cedeño calificó la decisión como “un error jurídico grave” y pidió revisar el alcance del decreto para evitar invasión de competencias institucionales.

La nueva Unidad de Coordinación de Querellas Penales del Estado fue creada mediante decreto ejecutivo con el propósito de unificar los esfuerzos legales de las instituciones públicas cuando estas presenten denuncias o querellas penales.

Según el Gobierno, la medida busca garantizar coherencia jurídica, evitar duplicidad de procesos y fortalecer la estrategia legal del Estado ante casos de alto impacto, como los relacionados con delitos financieros, corrupción o arbitrajes internacionales.

La unidad funcionará bajo la coordinación del Ministerio de Gobierno, que será el ente responsable de canalizar las acciones legales interinstitucionales, en conjunto con la Procuraduría de la Nación y la Procuraduría de la Administración.

No obstante, críticos sostienen que la creación de este órgano podría incrementar la burocracia estatal y limitar la autonomía jurídica de las instituciones, especialmente aquellas con rango constitucional.

Un debate sobre competencias y controlEl decreto ha abierto un nuevo debate sobre el equilibrio entre eficiencia administrativa y separación de poderes. Mientras el Ejecutivo argumenta que la nueva estructura busca “fortalecer la defensa del Estado”, juristas y diputados advierten que podría sentar un precedente riesgoso en materia de independencia institucional.

La medida se suma a una serie de decisiones recientes que buscan centralizar la gestión jurídica del Gobierno, en momentos en que Panamá enfrenta litigios internacionales y procesos judiciales de alta sensibilidad.