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Fallo contra PPC no afectará el perfil crediticio de Panamá, según Moody’s Ratings
- 03/02/2026 12:15
Sin embargo, advierte que la posible iniciación de un arbitraje internacional podría tener implicaciones para las finanzas públicas, un factor clave en la calificación soberana
La agencia calificadora internacional Moody’s Ratings aseguró este martes que la declaración de incontitucional del contrato de Panama Port Company (PCC), por parte de la Corte Suprema, no tendrá un impacto directo en el perfil crediticio de Panamá.
A través de un comunicado, Moody’s aclaró que la posible iniciación de un arbitraje internacional por parte del concesionario constituiría un pasivo contingente que podría tener implicaciones para las finanzas públicas, un factor clave en la calificación soberana.
“Si bien un fallo adverso contra el Estado podría complicar la consolidación fiscal, consideramos poco probable que dicho proceso se resuelva en el corto plazo”, sentenció la agencia calificadora.
Actualmente, Moody’s Ratings mantiene la calificación crediticia de Panamá en Baa3, con perspectiva negativa.
Decisión
El Órgano Judicial declaró inconstitucional la Ley N.° 5 de 16 de enero de 1997 y otras normas relacionadas con la concesión portuaria que sustenta las operaciones de la empresa en los puertos de Balboa y Cristóbal.
En reacción, PPC manifestó su desacuerdo y señaló que, aunque aún no ha sido notificada formalmente del fallo, la decisión resulta incompatible con el marco jurídico vigente y con la ley que aprobó el contrato de concesión, el cual ha servido de base para sus operaciones durante casi tres décadas, de acuerdo con la evaluación preliminar realizada por sus asesores legales.
PPC calificó este pronunciamiento como el más reciente episodio de una serie de acciones del Estado panameño que, según la empresa, se han desarrollado durante más de un año y han impactado tanto a la concesión como a su inversionista. En ese contexto, advirtió que estas medidas generan incertidumbre jurídica sobre el futuro de la actividad portuaria bajo su administración.
La empresa destacó que, a lo largo de 28 años de operación, ella y su inversionista han realizado inversiones superiores a los 1,800 millones de dólares en infraestructura, tecnología y desarrollo humano.
Recordó que la concesión fue adjudicada mediante una licitación internacional, y afirmó haber cumplido de forma sostenida con sus obligaciones contractuales y legales, incluyendo auditorías efectuadas por el Estado panameño. Asimismo, aseguró haber mantenido una actitud de transparencia y cooperación con las autoridades.
El contralor general de la República, Anel Flores, comentó que la decisión judicial “marca un antes y un después en lo que va a ser nuestra relación portuaria”.
El contralor explicó que, aunque el fallo ya fue emitido, aún deben cumplirse algunos trámites procesales, como las notificaciones correspondientes, antes de su ejecución. “Por ahora vamos a esperar la ejecución del fallo; eso queda en manos del Ministerio Público”, señaló.
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