FMI proyecta que el crecimiento del PIB de Panamá disminuya a 2,5% en 2024 por cierre de mina

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó las conclusiones preliminares del personal técnico que realizó una visita oficial a Panamá, el pasado 20 de febrero de 2024.

Los resultados no son nada alentadores para el país, ya que el organismo proyecta serias dificultades fiscales y económicas para este año, como consecuencia del cierre “abrupto” de la mina Cobre Panamá, tras la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 406 de 2023 “que aprobó el contrato de concesión minera entre el Estado y Minera Panamá, S.A.”, el pasado 27 de noviembre de 2023.

El FMI prevé que como resultado del cierre de la mina, el crecimiento del producto interno bruto (PIB) de Panamá disminuya a 2,5% en 2024, antes de mejorar gradualmente en el mediano plazo, ya que no se espera que la desaceleración sea generalizada, sino que refleje el cierre de una minera que contribuía, directa e indirectamente, con alrededor del 5% del PIB.

También advierte que el cierre de la mina implica la pérdida permanente de alrededor del 0,6% del PIB en ingresos fiscales y el 7,5% de las exportaciones de bienes y servicios.

Asimismo estiman que la inflación se mantenga baja a finales de 2024, en el orden de 2,2% interanual, y en alrededor del 2,0% en los años venideros.

A mediano plazo esperan que el PIB crezca 4%, mientras que el déficit en cuenta corriente se proyecta en torno al 2% del PIB.

Según el personal técnico del FMI, las perspectivas económicas a corto plazo están sujetas a un “alto grado de incertidumbre” y la balanza de riesgos se inclina a la baja con el tema de la mina, entre los que se incluye la pérdida del grado de inversión, nuevos disturbios sociales, más secuelas por el cierre de Cobre Panamá y una sequía más prolongada de lo esperado, que podría reducir los ingresos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y sus contribuciones al gobierno.

A mediano plazo creen que las reclamaciones del arbitraje minero representarán un riesgo importante para las finanzas públicas.

En una mirada de lo que ocurrió durante 2023, el FMI destacó que la recuperación económica de Panamá “ha sido sólida”, porque el PIB creció un 7,5%, superando las expectativas por tercer año consecutivo.

También detalló que el desempleo disminuyó a 7,4% en agosto de 2023, la inflación promedio cayó a 1,5% y se mantuvo muy por debajo de otros países de la región.

Sin embargo, recordó que el impacto en los ingresos de la ACP ha sido limitado por una sequía que provocó una reducción del número de buques que transitaban diariamente.

Desde el punto álgido del sector público, el FMI mencionó que se produjo una importante consolidación fiscal, en la que el déficit fiscal general del sector público no financiero (SPNF) disminuyó del 10,2% del PIB en 2020 al 4,0% del PIB en 2022. Se redujo aún más al 3,0% del PIB en 2023, en cumplimiento de la Ley de Responsabilidad, Social, Fiscal (LRSF).

Constató que la reducción de la relación déficit/PIB fue el resultado de mayores ingresos, incluidos los pagos de la minera y la venta de tierras a la ACP, y una menor inversión pública, dando así a que los pagos de intereses aumentaran considerablemente.

Para seguir manteniendo este comportamiento, el organismo ve importante que para 2024 el gobierno tenga el objetivo de reducir aún más el déficit fiscal a 2,0% del PIB.

Sin embargo, ve preocupante cómo el presupuesto de 2024 autoriza un aumento del gasto de 3% del PIB en comparación con el resultado de 2023, para destinarlo a una mayor inversión, pagos de intereses y un aumento obligatorio del gasto en educación. Todo esto plantea que la relación entre los ingresos del gobierno central y el PIB aumentará, aunque los pagos de la minera y la venta de tierras a la ACP no se repetirán en 2024. El personal técnico estima que para cumplir con la meta de déficit fiscal, la inversión pública tendría que reducirse al 2% del PIB, contra el 4¾ % del PIB en 2023 y 6½% del PIB en el presupuesto de 2024.

Por consiguiente, ven preferible una reducción “más moderada” de la inversión pública al 4% del PIB, aunque ello conduzca a un mayor déficit en 2024 con carácter transitorio. También evaluaron que un déficit fiscal de 4% del PIB en 2024 sería adecuado desde una perspectiva cíclica, lo que permitiría un ajuste más gradual a la pérdida permanente de ingresos fiscales de la mina.

“La meta de la LRSF de llegar a reducir el déficit fiscal a 1,5% del PIB sigue siendo apropiada. Si el déficit se mantiene en torno al 4% del PIB en los próximos años, no se produciría una mayor disminución del ratio de endeudamiento, lo que dejaría las finanzas públicas vulnerables a nuevos shocks. Más aún, sería probable que aumentaran los costos de financiamiento, lo que pondría la dinámica de la deuda en un peligro aún mayor”, constató el personal técnico del FMI.

Para garantizar que la deuda pública siga una firme tendencia a la baja, el organismo plantea que el plan de finanzas públicas para los años 2025-2029 debe contener una estrategia de “consolidación fiscal plurianual creíble” para reducir el déficit a la meta de la LRSF del 1,5% del PIB para 2027.

Dicho plan debe fundamentarse en proyecciones plurianuales de ingresos explícitas y límites de gasto congruentes con el objetivo de déficit, e incluir las medidas identificadas para garantizar el cumplimiento de las proyecciones de ingresos y los límites de gasto.

Entre las soluciones que plantea el FMI se encuentran la de mejorar la eficiencia de la recaudación de impuestos y aduanas, así como establecer un margen para ampliar la base imponible, lo que podría lograrse si se reducen las exenciones, las deducciones y los gastos fiscales.

Tomando en cuenta que muchas de estas exenciones son regresivas, es decir, benefician principalmente los niveles de ingresos más altos, el organismo sugiere que el gobierno racionalice las exenciones tributarias mediante: la simplificación de las exenciones tributarias del ITBMS y el proceso de reembolso; la revisión de las exenciones y deducciones del impuesto sobre la renta de las personas naturales; y la revisión de los incentivos fiscales para el impuesto a personas jurídicas.

Otras de las recomendaciones es la de aumentar las tasas impositivas, es decir, la tasa del ITBMS (IVA), ajustar impuestos suntuarios sobre los cigarrillos y los combustibles para responder a las externalidades que generan y la adopción de un impuesto mínimo internacional para las personas jurídicas o empresas que pagan impuestos en los países donde tienen su sede.

El FMI exhorta, principalmente al gobierno, a tomar medidas para abordar el déficit de la Caja de Seguro Social (CSS), que se quedará sin recursos a finales de 2025. Sostiene que “es posible que se necesite una combinación de reformas paramétricas y no paramétricas (incluida la búsqueda de nuevas fuentes de fondeo)”.

Para que prosiga la convergencia del ingreso, el FMI dijo que será necesario acelerar el aumento en la productividad laboral.

Recalcó que la transición demográfica prácticamente ha llegado a su fin, y la participación de la fuerza laboral en Panamá ya supera el promedio en la región y en los países de altos ingresos. Por ello, cree que será fundamental seguir atrayendo inversión extranjera directa (IED), mejorar la calidad de la educación, reducir la proporción de empleo informal para fomentar la productividad y el aumento de la mano de obra.

Respecto a las listas discriminatorias, el organismo recordó que con la salida de Panamá de la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), en octubre de 2023, se alentó a las autoridades a fortalecer aún más el régimen de AML/CFT, ya se mejoró la capacidad de búsqueda del registro de Beneficiarios Finales (UBO) y se aumentó el uso de productos de inteligencia financiera, por parte de las autoridades competentes.

El personal técnico, a su vez, destacó que el sector bancario panameño mantiene un capital y liquidez por encima de los mínimos regulatorios y todos cumplen con los requisitos regulatorios. Sin embargo, indicaron que los bancos deben seguir manteniendo sólidos colchones de liquidez y capital, y los supervisores deben seguir vigilando de cerca la evolución de la situación. Creen necesario seguir reforzando la red de seguridad financiera de los bancos y que Panamá cuente con una ley de sistemas de pagos que, entre otras cosas, asigne la responsabilidad de la supervisión de los sistemas de pago a la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).