Huelga bananera revive el fantasma de Puerto Armuelles

Hoy se cumple un mes desde que el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano, Agropecuaria y Empresas Afines (Sitraibana) se decretó en huelga, con el objetivo de mejorar sus condiciones laborales en temas de salud, las cuales se habrían visto afectadas con la aprobación de la Ley 462 de 2025, sobre la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, que modificó la Ley 45 de 2017.

“Según el Gobierno nacional, esa ley no nos afectaba, pero nosotros demostramos que sí ha habido afectaciones a los bananeros por el impacto de los agroquímicos y sustancias tóxicas en los trabajadores”, explicó Francisco Smith, dirigente del sindicato, a este medio.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral comentó en un comunicado que se está trabajando en un proyecto que modifica la Ley 45, ya que considera que las pretensiones del sindicato son “legítimas”.

Mientras esto se desarrolla, la empresa bananera Chiquita Panamá anunció la terminación de cerca de 4.500 plazas de trabajo, producto de la paralización prolongada de labores por parte del sindicato. Una acción que es vista con temor por parte del Ejecutivo, que anunció que intentará mediar entre la empresa y los trabajadores para llegar a una solución que permita preservar los empleos dentro de una provincia cuya principal especialidad es el banano.

Datos del Gobierno nacional citados por la agencia EFE muestran que la empresa Chiquita controla el 90 % de la producción nacional de banano en Panamá, la cual se mantuvo, durante el primer trimestre de este año, como el principal producto de exportación del país, al representar el 17,5 % de las ventas al exterior y alcanzar los $324,4 millones, lo que se traduce en el mayor valor en 15 años.

La terminación de los puestos laborales genera preocupación entre los analistas del mercado, quienes consideran que esto puede ocasionar una afectación contundente en el desarrollo laboral de la provincia.

“En Panamá, la mayoría del empleo se genera en la ribera del Canal de Panamá, lo que hace que las mejores plazas de empleo suelan estar en la ciudad. Es por eso que industrias como esta y como la de la mina son tan claves en el desarrollo de empleo de calidad fuera de la urbe capitalina”, indicó el consultor laboral Luis Eduardo Valle a este diario.

Según Valle, el gran problema es que si estas personas terminan por perder sus plazas de trabajo y la empresa anuncia la terminación de sus operaciones de manera definitiva en Panamá, estos individuos se tendrán que movilizar para buscar empleo fuera de esa provincia.

“La provincia de Bocas del Toro es una provincia especializada; lo que hay allá es banano, y si deja de haber eso, se van a tener que movilizar, y la mayor posibilidad de conseguir un empleo, así sea informal, está en la ciudad de Panamá”, analizó.

Para el consultor laboral René Quevedo, lo que está sucediendo en Bocas del Toro es un “Puerto Armuelles parte dos”.

“El lamentable despido de unos 4.500 trabajadores de Chiquita Panamá e Ilara Holding, en Bocas del Toro, parece presagiar Puerto Armuelles parte dos”, sentenció en entrevista con La Estrella de Panamá.

“Nos hemos convertido en un país donde las consignas pesan más que las realidades y las calles hacen jurisprudencia. Este es el peor mensaje que les podemos enviar a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros”, acotó.

Según Quevedo, si no se restablecen los puestos de trabajo, el país y, sobre todo, la provincia, experimentará una “severa contracción laboral”.

“Bocas del Toro había salido ‘ileso’ de la catástrofe laboral ocasionada por el cese minero y la consecuente pérdida del grado de inversión por parte de Fitch Ratings el 28 de marzo de 2024, que resultó en la pérdida de 54.107 empleos formales no agrícolas entre agosto de 2023 y octubre de 2024 (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC)”, indicó el especialista.

Mientras el resto del país pasaba por esa realidad, la provincia de Bocas del Toro generó 27.900 nuevos empleos, siendo el 61 % correspondiente a empleos formales, 4.750 a trabajos en el área agrícola y 2.916 en el sector turismo. Sin mencionar la producción de 6.573 empleos informales en el comercio durante 14 meses, como resultado del incremento del poder adquisitivo de esos trabajadores formales.

“A pesar de que el cierre minero y la pérdida del grado de inversión de Fitch Ratings ocasionaron un aumento en la tasa de desempleo de más de dos puntos a nivel nacional en 14 meses, de 7,4 % a 9,5 %, la desocupación en la provincia se mantuvo en 6,9 %”, indicó.

“Estos logros han sido borrados por los acontecimientos recientes y las perspectivas apuntan a un agravamiento de la situación”, concluyó Quevedo.

Este sentimiento es compartido por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, la cual dijo esta semana en un comunicado que “hoy, Changuinola está caminando peligrosamente por la ruta de Puerto Armuelles”.

Sobre esta posibilidad, el sindicato bananero comentó que ellos se encuentran “tranquilos” ante la posibilidad de que terminen perdiendo sus empleos. “Si la empresa se va por una huelga de 30 días, va a perder mucho más que los $75 millones que dice que perdió”, exclamó Smith, quien cuestionó el aporte económico que esta compañía da al país.

“Ellos dicen que perdieron $75 millones, pero solo pagan $1 millón al Estado por año, mientras que Bocas del Toro sigue en el olvido, con una situación precaria”, lamentó.

Sobre las comparativas con el caso de Puerto Armuelles, en Chiriquí, Smith comentó que son diferentes, ya que la mano de obra en Bocas del Toro es más barata de lo que era allá y, según el trabajador, la posición geográfica bocatoreña es mejor para este negocio.

“Quizá la razón por la que el Gobierno nunca ha puesto plata en esta provincia es porque está la bananera, que es la que sostiene la provincia. Puede ser que, si se va esta empresa, venga una mejor”, destacó.

Esta posibilidad es puesta en duda por Valle, quien comentó que, pese a que el Gobierno intenta mediar, no va a poder garantizar que en el futuro no se sigan otros cierres y paralizaciones en la zona, movidos por otras causas sociales.

“Las reclamaciones de los grupos trabajadores son legítimas, pero si la dirigencia sindicalista es intransigente, no se va a llegar a ningún lado, porque el negocio deja de ser atractivo para la empresa. No cualquiera está en las condiciones de administrar un negocio de la magnitud de Chiquita. Si la empresa se va, es bastante difícil que los trabajadores logren gestionar esas tierras y tener el mismo rédito que la compañía”, aseguró.

El viernes pasado, 23 de mayo, la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) anunció que la empresa Chiquita iba a ser su nuevo cliente. Desde Chiquita informó que la paralización de labores ha generado pérdidas por $75 millones y “un daño irreversible en la producción”, lo que les llevó a decretar una paralización indefinida de labores.

Para Valle, es “poco probable” que la compañía decida mover sus operaciones hacia Costa Rica, por el gasto que esto conlleva. “El problema es que la empresa no es responsable de lo que pasa con la ley de la Caja de Seguro Social, pero se está viendo afectada. Ninguna empresa quiere estar en un país en donde se paralice constantemente el trabajo, eso es lo peor que le puede pasar a una compañía”, reflexionó.

La información divulgada por el INEC muestra que, durante el primer trimestre de este año, sem registraron 66.900 contratos laborales en el Ministerio de Trabajo, de los cuales 34.868 fueron registrados en la capital y 32.032 en otras zonas del Trabajo. Dicho de otra forma, la mayor parte de los empleos formales se concretaron en la ciudad, lo cual refuerza la necesidad de preservar e incrementar las opciones fuera de la metrópolis panameña.

En total, se reportaron 18.123 contratos definidos y 11.349 indefinidos en todo el país. Una cifra menor a los 19.831 definidos y 12.401 indefinidos que había durante el mismo periodo de 2024. A esto hay que sumarle que, durante marzo de 2025, hubo una caída del 24,2 % en los nuevos contratos registrados, por lo que la recuperación del empleo no se encuentra en una tendencia al alza.

“Los contratos definidos en Panamá son de máximo un año, por lo que los que se hicieron el año pasado ya dejaron de tener efecto. Esto quiere decir que los 18.123 que hubo durante el primer trimestre de 2025 no se suman a los 19.831 de 2024. Pueden ser las mismas personas, con un segundo contrato”, analizó Valle.

Otro punto a considerar es la calidad del empleo, ya que no se está valorando el salario o condiciones de cada contrato nuevo registrado. “Nosotros no sabemos si estas nuevas contrataciones están generando empleo de calidad o son empleados que van a ganar el salario mínimo. No necesariamente un crecimiento en los contratos te dice que las personas tienen una mejor economía, porque pueden tener poca remuneración", añadió el analista.

El especialista destacó que las plazas laborales con buena remuneración suelen ser producto de la inversión extranjera directa, la cual, aunque se ha ido incrementando tras la pandemia, llegando a los $2.197 millones en 2023, sigue muy lejos de los $4.281 millones de 2017, que recopiló el INEC, y de los $2.832 millones de 2024 reportados por el Banco Central de República Dominicana, citando a la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo.