Panamá toma distancia en la aplicación del impuesto mínimo global

Panamá pasó de respaldar la adopción del impuesto mínimo global a frenar su implementación. Seis años después de sumarse a los más de 130 países que apoyaron la iniciativa promovida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) y el Grupo de los Veinte (G20), el Gobierno ya no contempla avanzar, por ahora, con el gravamen de 15% a las grandes multinacionales.

Durante la administración de Laurentino Cortizo, el impuesto mínimo global del 15% a multinacionales cuyas transacciones superaran los 750 millones de euros (al tipo de cambio de referencia actual, aproximadamente a $871.2 millones) parecía una realidad tras una serie de reuniones técnicas entre el Ministerio de Comercio e Industria (MICI), la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Cámara de Sedes de Empresas Multinacionales (CASEM).

Sin embargo, con la llegada de José Raúl Mulino el escenario tuvo un giro radical y ahora Panamá ha decidido tomar distancia en la aplicación de esta medida.

Todo se debería a razones geopolíticas y globales, ya que el tema ha reducido su perfil de manera dramática, así lo justificó el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, a este medio.

“Yo no sé si se va a convertir en un tema de relevancia en la agenda global. No lo tenemos contemplado porque ahora mismo no es algo que ha formado parte de los debates y foros internacionales”, sentenció Chapman.

El presidente de CASEM, Tony Roldán, defendió que la eventual adopción del impuesto mínimo global en Panamá debe ser considerada como una decisión país, que requiere un análisis técnico y científico de sus beneficios y desventajas antes de avanzar en su implementación.

“Sí, es una decisión del país el adoptar o no el impuesto mínimo global. Nosotros lo que recomendamos es que el país y las instituciones hagan un análisis profundo de los beneficios o desventajas y en función de eso se tome la decisión más conveniente”, señaló.

Roldán reconoció que la medida podría representar una oportunidad de ingresos adicionales para Panamá, pero subrayó que su aplicación no es sencilla. “Requiere una serie de cambios administrativos, legislativos y operacionales, y todo eso tiene que evaluarse y ponerse en la balanza para determinar si es lo más correcto para el país”, explicó.

Recordó que el MEF ya ha sostenido mesas técnicas con el sector privado y solicitó apoyo del Banco Mundial para realizar estudios de impacto.

“La complejidad es muy grande porque se requieren datos que no necesariamente están a mano o son fáciles de conseguir. Pero creemos que el análisis debe hacerse, porque de no hacerlo puede ser una pérdida de oportunidad de ingresos adicionales que el país necesita”, contó el empresario quien espera que las conversaciones sobre el impuesto mínimo global no se hayan cerrado y podrían retomarse en 2027.

Desde el 2021, la OCDE comenzó las negociaciones con los países en el marco del Proyecto contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS). Pero no fue hasta enero de 2026, que los 147 países y jurisdicciones de la Organización OCDE aprobaron su aplicación.

El paquete se estructura en dos “pilares” destinados a asegurar que las grandes multinacionales tributen en todos los países donde operan, incluso sin sede social. Si el país de origen no aplica el gravamen, las jurisdicciones donde la empresa tiene actividad podrán recaudarlo.

El cumplimiento de la norma tomó más fuerzas en los estados miembros de la Unión Europea (como Alemania, Francia, España, Italia, Países Bajos, entre otros) y en naciones como Japón, Corea del Sur, Australia, Singapur y Hong Kong, que adoptaron o programaron la entrada en vigor de estas normativas locales.

Sin embargo, en América Latina y el Caribe el escenario ha sido diverso. Por ejemplo, Brasil y Uruguay han decidido aplicarlo, pero República Dominicana, México y otros países aún evalúan y analizan las reformas legales necesarias para su implementación total.

Además de que la conversación tuvo su foco polémico cuando se acordó eximir a las empresas multinacionales de Estados Unidos, tras las presiones impuestas por el gobierno del presidente Donald Trump.

Por lo tanto, los 147 países y jurisdicciones de la Organización OCDE lo aprobaron bajo un acuerdo denominado “Side-by-Side Package” con el objetivo de que el sistema tributario estadounidense y el de la OCDE coexistieran, es decir, que pasan a operar “lado a lado” (side-by-side): juntos, pero no revueltos, detalló el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su artículo Más allá del “Side-by-Side”: tres ajustes clave del Impuesto Mínimo Global para América Latina y Caribe.

Voceros de Deloitte coincidieron en que la decisión de Estados Unidos de apartarse del impuesto mínimo global ha reducido el impulso inicial de esta normativa, pero advirtieron que Panamá no puede permanecer indiferente frente a un debate que marcará la competitividad fiscal de la región.

El socio líder de Deloitte Panamá, Luis Eduardo Cando, señaló que la salida de EE.UU. obliga a adoptar una posición de “esperar y ver”. “No es el momento para Panamá de implementar el impuesto mínimo global, sino de reflexionar sobre cuál debe ser nuestro modelo tributario. Brasil lo anunció, Uruguay lo estudia, y el resto de la región no ha hecho nada. Por eso la mejor estrategia es observar cómo evoluciona”, afirmó.

Por su parte, Carlos Chavarría, socio líder de impuestos y legal para Centroamérica, Panamá y República Dominicana, destacó que el retiro estadounidense mitigó el impacto esperado en Latinoamérica. “El impuesto mínimo global sigue siendo una realidad, pero ahora afecta principalmente a empresas con matrices fuera de EE.UU. La fuerza de implementación ha bajado, aunque la normativa continuará aplicándose en otros bloques económicos”, explicó.

En tanto, Carlos Márquez, socio de impuestos y del área legal de Deloitte, advirtió que Panamá debe definir una postura clara para no perder competitividad. “Si Panamá no toma medidas, otra jurisdicción podría captar la diferencia de impuesto que aquí no se cobre. Aunque el universo de empresas panameñas afectadas es reducido —solo grupos con ingresos superiores a 750 millones de euros—, el país debe evaluar si conviene adaptarse para garantizar seguridad jurídica y mantener su atractivo como centro regional”, sostuvo.

Panamá cuenta con 192 empresas acogidas al Régimen de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM), según el listado actualizado del MICI. La presencia empresarial refleja una amplia diversidad internacional, pero con una marcada concentración en determinados países.

Curiosamente, Estados Unidos lidera la lista con 37 empresas SEM. Mientras Panamá no adopte formalmente al impuesto mínimo global, las filiales estadounidenses en el país pueden seguir operando bajo el régimen fiscal territorial vigente, sin que se les aplique el impuesto complementario que otras jurisdicciones sí están implementando.