Economía en pandemia: panorama y perspectivas

Según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), antes de la pandemia la región ya acumulaba casi siete años de bajo crecimiento, con un promedio de 0,4% entre 2014 y 2019.

En el caso de Panamá se observa una tendencia bastante similar en la caída del crecimiento económico, que pasó de ser una de las economías más dinámicas del mundo al crecer 8,0% en promedio, a solo un 4,5% en el último quinquenio.

La crisis que sufre la región producto de la pandemia, con una caída en promedio del PIB de -9,1%, será la peor en toda la historia señala la Cepal. Para encontrar una contracción de magnitud comparable hace falta retroceder hasta la Gran Depresión de 1930 (-5%) o más aún, hasta 1914 (-4,9%). En Panamá no sucedían caídas en el PIB anual desde 1988 cuando se registró una contracción de 13,4% producto de la crisis política de la época, y que estuvo cerca del mayor descenso registrado de 14,0% en 1946, una vez concluyó la Segunda Guerra Mundial.

Es importante comentar que la crisis del SARS-CoV-2 ha impactado América Latina y el Caribe a través de cinco canales: una reducción del comercio internacional, la caída de los precios de los productos primarios, la intensificación de la aversión al riesgo y el empeoramiento de las condiciones financieras mundiales, así como una menor demanda de servicios turísticos y la reducción de las remesas.

En el caso particular de la economía de Panamá, las variables que ha sufrido de materia notoria son el comercio internacional (con una reducción del 30%, según la OMC), la demanda de servicios turísticos y el comercio al por menor.

Un caso emblemático es el de Copa Airlines, que según sus propias estimaciones, en seis meses de pandemia ha declarado pérdidas cercanas a los $450 millones a razón de $2.5 millones de pérdidas por día y su consecuente efecto en el empleo.

Cabe mencionar que la economía panameña cerró el año 2019 con un crecimiento del 3,0% y una tasa de desempleo de 7,1%. Aunque mantuvo métricas mucho más favorables que el promedio latinoamericano, ya se evidenciaban situaciones muy complejas, tales como una caída intertemporal del PIB desde el año 2011, aumento del desempleo y, sobre todo, una muy mala distribución de la riqueza.

La teoría económica nos plantea, y mayormente en los estudios realizados por el economista y premio Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz, que el mercado es la herramienta más poderosa para producir riqueza y propugna una mejor asignación de los recursos en la economía. No obstante, en la práctica poco se habla de las fallas del mercado, y una de ellas plantea que aun cuando se tiene una optimalidad de Pareto, respecto a la eficiencia económica, persiste la falla en la distribución de la riqueza.

Destacamos bajo este panorama que el mercado produce mucha riqueza, sin embargo, no resuelve el asunto de su distribución. A partir de esa conceptualización devienen aspectos sobre la intervención del Estado en aquellas actividades económicas en las que el mercado no funciona y vemos, en el caso de Panamá, una serie de programas sociales que han implantado varias administraciones gubernamentales y que según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), dichas transferencias alcanzan montos muy cercanos a $1,700 millones.

A partir de diciembre de 2019, y luego de revisar la programación del presupuesto nacional y de inversiones del año 2020, se venían realizando estimaciones a nivel internacional y local sobre las métricas de la economía panameña y existía bastante coincidencia en las aproximaciones del crecimiento económico, que iba a estar por encima del 4,0%. No obstante, en las estimaciones no existía una variable exógena como la covid-19.

En diciembre de 2019 se descubrió en Wuhan, China, el más reciente coronavirus, causante de la covid-19. El 11 de marzo de 2020 fue declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El primer caso positivo en Panamá fue confirmado el 9 de marzo de 2020 por el Ministerio de Salud (Minsa). Desde esta instancia, el Estado puso en marcha una serie de medidas para combatirlo, entre las cuales están el establecimiento de una cuarentena nacional obligatoria y la reducción de la movilidad, impactando inevitablemente el aparato económico.

La pandemia ha representado un gran desafío. Las medidas de contención han ocasionado un impacto negativo en la economía nacional. En la proyección del PIB se estima que para 2020 ocurra una caída de -9,2%, además del incremento del desempleo, que puede alcanzar hasta un 14,0% y un incremento de la informalidad por encima del 50,0%.

Resulta necesario destacar que actualmente hay un gran volumen de contratos suspendidos, una realidad ante la cual los trabajadores podrían regresar a ocupar sus posiciones en las empresas, reintegrarse con ajustes de horas y salarios, resultar desempleados o recurrir a la informalidad. Gran parte del éxito dependerá de la conducta de los ciudadanos. En la medida en que la economía se abra totalmente, los indicadores se irán estabilizando para cerrar con una dinámica positiva y proyectar una recuperación para el año 2021.

De igual modo destacamos que diferentes administraciones de gobierno en el mundo, han tenido que adaptarse a los cambios en la medida en que nueva información sobre el SARS-CoV-2 se ha ido incorporando, pero la incertidumbre continúa y los riesgos de rebrotes y reinfección siguen presentes, de manera que es importante actuar con prudencia fiscal para evitar presiones presupuestales mayores, en caso de presentarse nuevos escenarios adversos de los cuales no tenemos todavía suficiente información.

Para hacer frente a esta problemática, se considera necesario identificar cuáles son los sectores clave, como las mipymes, para asegurar la reactivación económica y garantizar la adecuada colocación de fondos que permitan la reinversión e incremento de la producción.

Los proyectos de Estado y la planificación son fundamentales. Igualmente, se debe ser capaz de reconocer y/o crear oportunidades. Además, se requiere identificar y reconocer como sociedad las fallas estructurales que se venían presentando antes de la pandemia, para establecer los replanteamientos necesarios. La salud, la educación, la seguridad alimentaria, la seguridad ciudadana y la seguridad social deben ser las prioridades del nuevo contrato social panameño.