El ‘tigre celta’ pierde sus garras

LONDRES. El tigre celta que durante una década se pavoneó en la selva europea ha dejado de rugir. Irlanda afronta “el mayor de los desafíos”, proclamaba esta semana su ministro de Finanzas, Brian Lenihan, al presentar unos presupuestos de emergencia, con un drástico recorte del gasto público y un aumento de la presión fiscal que se cebará en las clases medias.

Tras una década en la que el crecimiento medio anual fue del 7%, la república irlandesa fue el pasado otoño el primer país de la eurozona en entrar oficialmente en recesión.

En el último trimestre del año el bajón del PIB alcanzó el 7.1%, el mayor de la zona euro, en marzo los precios cayeron (por tercer mes consecutivo) un 2.6% en tasa interanual, el déficit público se arrima al 13% y el paro roza el 11%.

La sociedad irlandesa (4,4 millones de habitantes) acoge con aprensión los recortes de su Gobierno y la impopular decisión de hacerse cargo de los activos tóxicos de la banca para conjurar la quiebra del sistema. Los masivos flujos de capital, atraídos por la liberalización de la economía irlandesa, la simplificación del sistema tributario que redujo los impuestos corporativos y el desembarco de las multinacionales de la informática gracias a la desregulación del sector, crearon también una falsa ilusión de riqueza.

La economía irlandesa, muy dependiente del consumo interno y del ladrillo, se contraerá este año un 8%, según las previsiones del Gobierno, que suman otro 3% para 2010 y revelan lo obsoleto del anterior presupuesto, presentado hace sólo medio año.

El exitoso tigre es ahora caracterizado como un minino desvalido, que tiene uno de sus principales talones de Aquiles en el sector de la construcción, cuyo pico de máxima actividad en 2007 ha sido calificado de “insostenible” en el reciente informe trimestral del Banco Central irlandés.

“Afrontamos un serio declive en los estándares nacionales de calidad de vida”, admitía Lenihan. El Tesoro Público tiene previsto crear una agencia de gestión de bienes que adquirirá los activos tóxicos de las entidades afectadas, por un valor que rondaría los 90.000 millones de euros.

A la generación más joven, acostumbrada a una era de casi pleno empleo y abuso del crédito, se le exige ahora que encaje mayores cargas fiscales.