Crece el descontento por la resolución de la Contraloría que permite secuestro de bienes

La resolución emitida por la Contraloría General de la República —publicada en la Gaceta Oficial el 30 de septiembre— ha desatado un intenso debate jurídico y político en Panamá. La norma, firmada por el contralor Anel Flores, establece un nuevo Reglamento de Medidas Precautorias que contempla la suspensión de pagos, retención de salarios y secuestro de bienes como mecanismos de control sobre funcionarios o particulares vinculados a irregularidades en el manejo de fondos públicos.

La Contraloría sustentó la norma en que busca fortalecer la fiscalización y prevenir daños al erario. Sin embargo, distintos sectores han cuestionado la legalidad de algunas disposiciones, especialmente la incorporación del secuestro administrativo, figura que tradicionalmente compete al Órgano Judicial.

La exprocuradora general y exdiputada Ana Matilde Gómez calificó el reglamento como un “exceso de poder”, advirtiendo que el contralor ha asumido atribuciones que no le confiere la ley.

“Un reglamento no puede crear facultades nuevas. El secuestro no está contemplado en la Ley Orgánica de la Contraloría”, señaló.

Gómez explicó que la ley permite suspender pagos o retener salarios a funcionarios investigados, pero que el secuestro de bienes carece de sustento legal y convierte al contralor en “juez y parte”.

“Esa resolución le permite ordenar un secuestro sin control judicial ni término definido, lo cual es muy peligroso”, advirtió.

A su juicio, las medidas no fortalecen la rendición de cuentas, sino que abren la puerta al abuso de poder. Propuso que la Contraloría enfoque sus esfuerzos en modernizar los sistemas de contabilidad pública y en revisar los contratos y precios del Estado, “donde realmente se esconden los huecos de la impunidad”.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), presidida por Giulia De Sanctis, instó al contralor a revisar el reglamento y eliminar la figura del secuestro, al considerar que excede las competencias del ente y vulnera el Estado de Derecho.

“El secuestro es una figura jurídica muy delicada que solo puede aplicarse bajo supervisión judicial. Incorporarla en un reglamento administrativo transfiere funciones del Órgano Judicial a una autoridad administrativa”, afirmó De Sanctis.

Añadió que el Tribunal de Cuentas tiene potestad para cautelar bienes, pero no para decretar secuestros, y que esta confusión “erosiona la separación de poderes”.

“La eficiencia institucional no puede lograrse a costa de los derechos ciudadanos”, enfatizó la dirigente, quien advirtió que la medida afecta la seguridad jurídica y la confianza de los inversionistas.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Juan Alberto Arias, reconoció que existe un amplio desacuerdo sobre el tema, aunque evitó pronunciarse sobre la legalidad de la resolución.

“A mí personalmente no me gusta, pero si el contralor está facultado para hacerlo, le tocará a la Corte Suprema decidir si se puede o no se puede”, declaró.