Garzón: El Salvador debe revisar ley amnistía

El ex juez español Baltasar Garzón dijo el martes que El Salvador debe de reflexionar sobre la ley de amnistía que no ha permitido la investigación y juzgamiento de los autores de muchos crímenes que han impactado al país, entre ellos el magnicidio del arzobispo Oscar Arnulfo Romero.

"En el ámbito de la impunidad no creo que deba de hacerse equivalente impunidad con amnistía. Lo que no puede hacer una ley de amnistía es hacer impune los crímenes contra la humanidad, los crímenes que no son amnistiables en el derecho internacional", expresó Garzón.

"Yo creo que en El Salvador es el momento en que se reflexione en profundidad sobre esa ley de amnistía, que corresponde a unos parámetros de impunidad", manifestó el ex juez español que visita el país para participar en un foro internacional sobre impunidad.

Sostuvo que El Salvador debe de seguir la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos "que es muy explícita en varios casos, el último el de la masacre de El Mozote", donde pide que se derogue la ley de amnistía.

La Corte Interamericana dice en su sentencia que la Ley de Amnistía carece de validez porque es contraria a la convención interamericana. Ese tribunal condenó a El Salvador por la matanza en 1981 de un millar de campesinos en "La masacre de El Mozote" y estableció el pago de indemnizaciones para los familiares de las víctimas.

El director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, Benjamín Cuellar, informó que el miércoles presentarán dos demandas de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la ley de amnistía.

Garzón confirmó que acompañará a los representantes de las instituciones y organismos humanitarios que integran el Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa durante la presentación de las demandas.

El ex juez español señaló que ya hay otras demandas contra le ley de amnistía y expresó que hay que esperar la resolución de la Sala de lo Constitucional, pero dijo que " en todo caso la mejor ley de amnistía es la que no existe", porque "la amnistía no genera reparación, evita la aplicación de la justicia y a veces las de la verdad".

Defensores de los derechos humanos y organizaciones civiles también han exigido la investigación y juzgamiento de los responsables del asesinato de Romero y de seis sacerdotes jesuitas con sus dos empleadas.

El 24 de marzo de 1980, Romero fue asesinado de un disparo. En la víspera había dirigido a los militares un mensaje: "En nombre de Dios y de este sufrido pueblo les ruego, les suplico, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión".

El asesinato fue uno de los detonantes de la guerra civil que asoló El Salvador por 12 años y que terminó con la firma de un acuerdo de paz en 1992. Más de 75.000 personas murieron en el conflicto y otras 12.000 están desaparecidas.

Un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, creada poco después de los acuerdos de paz, determinó que el autor intelectual del crimen fue el mayor Roberto D'Abuisson, fundador del partido derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que gobernó el país durante 20 años (1989-2009).

Los sacerdotes jesuitas, cinco españoles y un salvadoreño, fueron ejecutados con tiros en la cabeza tras ser puestos de rodillas en el jardín exterior de la casa en que vivían dentro del campus de la UCA.

El asesinato fue perpetrado el 16 de noviembre de 1989 por soldados durante una ofensiva guerrillera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. En un inicio el gobierno salvadoreño intentó culpar a los guerrilleros de la matanza.

Un coronel, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados del Batallón elite Atlacatl, entrenado en Estados Unidos, fueron procesados por la matanza pero en 1991 un jurado absolvió a siete de los acusados.

Otros dos fueron beneficiados posteriormente por una amnistía decretada en 1993 por el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994), pocas horas antes de que se divulgara un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, que responsabilizó a los altos mandos militares del asesinato de los jesuitas.

La UCA ha dado por cerrado el caso, en contra de los autores materiales, pero sigue reclamando el esclarecimiento de la autoría intelectual.

Sin embargo, los responsables de estos y otros crímenes no serán castigados debido la una amnistía promulgada por el gobierno de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) que por 20 años (1989-2009) gobernó el país.