Indígenas latinos luchan por tierras ancestrales

El Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra el viernes, encuentra a muchas etnias presionando por la devolución de tierras ancestrales, como los mapuches chilenos, por acceso a la salud y educación, como los nasa de Colombia, y a la gran mayoría anhelando dejar atrás la pobreza y la discriminación en la que viven sumidos desde hace siglos.

Las comunidades indígenas exhiben una inseguridad alimentaria y niveles de pobreza tres veces más altos que el resto de los habitantes de América Latina y el Caribe, aseguró el viernes la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Agregó que en algunos casos las diferencias se elevan hasta ocho veces.

En algunos países hasta el 90% de los indígenas son pobres y la desnutrición entre sus niños duplica a la de los blancos, según el organismo internacional.

"Para nada (hay celebración). Este es un momento para denunciar y condenar las violaciones a los pueblos indígenas", dijo a la Associated Press Luis Fernando Arias, presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia, la mayor agrupación de los pueblos originarios del país.

Arias exigió al gobierno del presidente Juan Manuel Santos que cumpla acuerdos pactados, porque "si no, seguramente vamos a tener que vernos en las carreteras".

La última gran protesta indígena colombiana se desarrolló en julio de 2012.

Uno de los países con mayor población indígena es Bolivia, con un 62%, aunque según el censo 2012 un 58% dijo no pertenecer a ninguna de las 36 nacionalidades reconocidas por la nueva Constitución, y sólo un 41% dijo pertenecer a una etnia.

Expertos dicen que aunque la población indígena no ha bajado, el orgullo de autodefinirse como indígena ha disminuido durante el gobierno de Evo Morales, (2006 en adelante), el primer presidente indígena del país.

Morales impulsó una nueva Constitución que consagra un Estado Plurinacional, pero los expertos dicen que se distanció de los indígenas.

No pocos mandatarios de la región han declarado que sus respectivos Estados tienen una deuda histórica con los pueblos originarios, tradicionalmente postergados.

En Chile, la tensión en la llamada zona del conflicto mapuche, en el sur, se incrementó tras el asesinato el martes del comunero mapuche Rodrigo Melinao. Esta etnia representa menos del 10% de los 16,5 millones de chilenos. Hay otras ocho etnias menores, incluidas los diaguitas y los rapanuis, estos últimos habitantes de la Isla de Pascua.

Los diaguitas se adjudicaron en abril el infrecuente triunfo de lograr la paralización judicial del proyecto Pascua Lama, en el norte, de la transnacional canadiense Barrick Gold.Cop. la mayor productora mundial de oro, porque afirman que amenaza sus aguas para beber, cosechar y alimentar su ganado. Mientras tanto, la parte argentina de la mina está trabajando.

Aun no se sabe quién mató al comunero, pero el fiscal que investiga el caso sigue una pista que conduce a una riña familiar, sin embargo, tras su muerte se han desarrollado pequeñas manifestaciones diarias en Santiago y en localidades del sur.

Desconocidos quemaron dos carísimos camiones en la madrugada del viernes, se presume que por la muerte de Melinao. En lo que va del año 35 camiones han sido incendiados por encapuchados y la policía va tras los pasos de mapuches, que son los que acostumbran a incendiar vehículos o casas deshabitadas para exigir la devolución de las tierras de sus ancestros.

Juan Araya, presidente de los dueños de camiones, se quejó el viernes porque "el gobierno (de Sebastián Piñera) tenía el compromiso con nosotros, nos dijeron que instalarían cámaras en la Ruta 5 Sur (la carretera que une al país)...pero no ha pasado nada".

Añadió que el ejecutivo les daría seguros, pero tampoco se concretaron. Las promesas surgieron luego que a mediados de enero encapuchados quemaran una casa patronal con sus ancianos dueños adentro: murieron calcinados.

Los mapuches destacan por su combatividad desde la conquista de los españoles, a los que resistieron por 300 años, y sólo fueron derrotados por el Estado chileno, que usó armas de fuego para confinarlos a tierras del sur. Allí viven en más de 2.000 comunidades, de las cuales un par de centenares se rebelan a la política oficial de repartirles pequeñas porciones de terrenos, las que muchas veces carecen de capital y herramientas para explotar.

De los chilenos, los mapuches son los que más han sufrido los efectos de una controversial ley antiterrorista vigente desde la época de la dictadura militar (1973-1990), especialmente invocada por los dos últimos gobiernos, el de Michelle Bachelet y el de Piñera, que autoriza los testigos sin rostro, la interferencia de las comunicaciones y endurece las penas para delitos considerados por la legislación penal.

El relator especial de Naciones Unidas, Ben Emmerson, tras una visita de dos semanas a Chile, recomendó al Estado chileno dejar de aplicar esta ley inmediatamente, la consideró discriminatoria y opinó que rige impunidad ante la violencia ejercida por las policías contra los mapuches.