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17 de Apr de 2021

Internacional

Dominicanos "desnacionalizados" temen expatriación

La decisión del tribunal constitucional dominicano de despojar de su nacionalidad a miles de hijos de haitianos nacidos en la República...

La decisión del tribunal constitucional dominicano de despojar de su nacionalidad a miles de hijos de haitianos nacidos en la República Dominicana crea una crisis humanitaria y coloca a muchos de ellos en la posibilidad de ser deportados, opinaron el viernes expertos y los propios afectados.

El fallo, dado a conocer el jueves, es inapelable y da a la Junta Central Electoral plazo de un año para elaborar la lista de personas nacidas después de 1929 a las que se les quitará la nacionalidad. La medida abarca a los haitianos traídos al país como trabajadores agrícolas y sus descendientes.

No existen cifras sobre la cantidad exacta de personas afectadas. De acuerdo con estadísticas oficiales, la Junta Central Electoral tiene bajo investigación unas 16.000 actas de nacimiento de las últimas décadas y ha negado cédulas de identidad a 40.000 personas. La organización no gubernamental Centro Bonó estima que son cientos de miles: "Son cuatro generaciones de afectados", sostiene.

La Iniciativa de Justicia de la organización estadounidense Open Society "está impactada y profundamente preocupada", dijo Julia Harrington, funcionaria de asuntos legales para la igualdad y ciudadanía, en un correo electrónico a The Associated Press.

La medida no sólo dejará como apátridas a miles de personas y a sus hijos, sino que por la falta de documentos los coloca en la posibilidad de ser deportados a Haití, un país que, en su mayoría, no conocen y al que nunca han ido.

"Uno siente que eso va a llegar, que en cualquier momento me detienen (los agentes migratorios) y me mandan a Haití", dijo a The Associated Press Elmo Bida Joseph, estudiante de 21 años a quien las autoridades le niegan el derecho a obtener su cédula de identidad y copia certificada de su acta de nacimiento debido a que es hijo de inmigrantes haitianos.

Las autoridades migratorias realizan de forma permanente revisiones en las calles para detener y deportar a los haitianos que cruzan la frontera sin permiso migratorio en busca de trabajo. Cientos de dominicanos de ascendencia haitiana también han sido deportados por carecer de documentos de identidad, recordó Altagracia Jean, activista de una organización que defiende los derechos de los descendientes de haitianos y a quien durante cinco años la Junta Central Electoral le negó sus documentos.

"Uno está en la calle y sólo por el color de piel un agente le pide documentos", recordó Jean. Los agentes de migración utilizan algunos rasgos faciales y el color más oscuro de piel de los haitianos para identificarlos en la calle y pedirles que muestren sus documentos migratorios.

De forma independiente a las revisiones de migración, las fuerzas armadas también mantienen operativos permanentes para detener el constante de haitianos que cruzan la frontera sin permiso migratorio en busca de trabajo. Sólo desde agosto del 2012, el ejército ha detenido y repatriado cerca la frontera a unos 48.000 inmigrantes haitianos, indicó el viernes el jefe de esa institución, Rubén Darío Paulino.

"Vi todos mis sueños rotos", se lamentó Bida Joseph, quien por falta de esos documentos no pudo inscribirse en una academia de béisbol. "Que de pronto te digan que no, que no eres dominicano; es muy frustrante".

El joven nacido en un batey, como se conoce a los pueblos dentro de los cañaverales habitados principalmente por inmigrantes haitianos y sus descendientes, no habla creole ni francés y nunca ha viajado Haití. Por la falta de cédula de identidad perdió hace un año su trabajo como técnico de cámaras de seguridad y está en riesgo de abandonar sus estudios de ingeniería industrial, ya que el plazo que la otorgó la universidad para presentar sus documentos está por vencer.

David Abraham, profesor de derecho en la Universidad de Miami, dijo que la medida era parte de una campaña mayor para impedir el ingreso de haitianos y alentar la autodeportación de los que ya se encuentran en el país.

"El miedo de la República Dominicana de ser rebajada al nivel económico de Haití y el `ennegrecimiento' del país obsesionan a los políticos dominicanos desde hace bastante más de un siglo", dijo Abraham en alusión a las diferencias raciales _la abrumadora mayoría de los haitianos son negros en tanto los dominicanos son mestizos_ y al hecho de que Haití es uno de los países más pobres del mundo.

La oficina del primer ministro haitiano Laurent Lamothe se negó a hacer declaraciones sobre el fallo.

El fallo deja "desprovista de la nacionalidad dominicana, deviniendo en apátrida (...) a miles de personas que nacieron en suelo dominicano", advirtió la jueza del tribunal constitucional Katia Miguelina Jiménez, al votar en contra de la sentencia, que fue aprobada con el voto de 11 de los 13 jueces.

El Tribunal Constitucional argumentó que no deja en apatridia a los miles de afectados, ya que la constitución haitiana otorga la nacionalidad de ese país a todos los descendientes de haitianos sin importar el lugar donde nazcan.

La Junta Central Electoral, que administra el registro civil, comenzó en 2007 a negar las cédulas de identidad y copias de las actas de nacimiento a los hijos nacidos en el país de inmigrantes haitianos ilegales por considerar que fueron registrados de forma fraudulenta.

Según el Tribunal Constitucional, los inmigrantes ilegales son extranjeros "en tránsito" y sus hijos no pueden recibir la nacionalidad dominicana por el simple hecho de haber nacido en este país.

Durante décadas, miles de inmigrantes del vecino Haití fueron llevados a trabajar a los cañaverales dominicanos de capital estadounidense, donde permanecieron el resto de sus vidas y formaron sus familias. Sus descendientes nacidos en República Dominicana eran reconocidos por las autoridades como dominicanos, con base en las leyes vigentes en ese momento.

Según una reciente encuesta del Ministerio de Economía, en República Dominicana viven unos 458.000 inmigrantes haitianos y la población de origen haitiana es superior a 688.000, es decir, poco menos del 10% de la población del país.

La ley de migración puesta en marcha en 2004 y la promulgación de una nueva constitución en 2010 determinaron que los trabajadores inmigrantes temporeros, en su gran mayoría haitianos, son extranjeros "en tránsito" y sus hijos nacidos en el país ya no pueden adquirir la nacionalidad dominicana de forma automática.

"No se les niega el derecho a la nacionalidad, sino que les da la oportunidad de acceder a la nacionalidad y regularizarse mediante el plan nacional de regularización" para extranjeros, explicó el viernes Roberto Rosario, presidente de la Junta Central Electoral.

El fallo del tribunal "abre las puertas para resolver definitivamente un problema que mantiene una herida abierta en la sociedad dominicana", dijo el viernes el director de Migración José Ricardo Taveras, miembro de un partido nacionalista cuyos líderes mantienen desde hace décadas un discurso sobre la supuesta "haitianización" del país.

Aseguró en un comunicado que una vez creado el inventario de descendientes de inmigrantes ilegales y puesto en marcha el eventual plan de regularización, "no debe pasar de dos años" para que los afectados se hayan legalizado.

El plan nacional de regularización de ilegales, previsto en la ley de 2004, aún no existe y Taveras no adelantó si ya cuenta con un proyecto para crearlo.

Martha Cuba Bautista, nacida en 1979 en República Dominicana de padres haitianos, narró a The Associated Press que, pese a tener acta de nacimiento y cédula dominicana no ha podido registrar el nacimiento de su hija debido a su ascendencia haitiana.

La decisión del tribunal fue difundida sólo días después de que los representantes de la ONU y ACNUR se reunieron el pasado 13 de septiembre con el presidente Danilo Medina para solicitarle su intervención a fin de solucionar la situación de las miles de personas a quienes la Junta Central Electoral les niega sus documentos.

Medina, quien nunca se ha referido públicamente al tema, indicó que no podía intervenir porque la decisión estaba en manos de otro poder del Estado.

"Es un genocidio civil", de acuerdo con el abogado Cristóbal Rodríguez, quien encabezó uno de los dos procesos judiciales de dominicanos de ascendencia haitiana a quien las autoridades le niegan la nacionalidad que han llegado a Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Recordó que no se trata de darles el derecho a obtener la nacionalidad, pues "han sido dominicanos toda su vida".