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16 de Jan de 2021

América

Uribe insiste en penalizar el consumo

BOGOTÁ. El sexto intento del gobierno colombiano por modificar la ley para imponer prisión al consumidor de drogas ya está en marcha y ...

BOGOTÁ. El sexto intento del gobierno colombiano por modificar la ley para imponer prisión al consumidor de drogas ya está en marcha y el proyecto respectivo se estima que comenzará a estudiarse en el parlamento esta semana.

La insistencia de Uribe es considerada por expertos y opositores como un paso atrás en la legislación aprobada en 1994 que despenalizó el consumo y tenencia de hasta 20 gramos de marihuana, uno de cocaína y cinco de hachís. El presidente del izquierdista y opositor Polo Democrático Alternativo (PDA), Carlos Gaviria, quien en 1994 era magistrado de la Corte Constitucional, se basó para proponer su aprobación entonces en el respeto al derecho del libre desarrollo de la personalidad que consagra la Constitución en vigor desde 1991. Pero ese argumento no ha sido suficiente para evitar la insistencia del gobierno, hasta ahora sin éxito, en volver imponer sanciones penales a los consumidores de alguna de esas tres drogas. Similares proyectos ya se presentaron tres veces en el Senado y una vez en la Cámara de Representantes, mientras que la Corte Constitucional declaró inexequible una consulta al respecto que se había incluido en el texto de referendo sobre un cambio en la Constitución para hacer viable la postulación a una segunda reelección consecutiva de Uribe. Ahora llegará nuevamente al Congreso, pero esta vez disfrazado de “terapéutico”, según el abogado Jaime Berdugo.

‘EL ESTADO NO ES PAPÁ’

Pero no todos los uribistas están de acuerdo con el proyecto. El senador oficialista Armando Benedetti, de quien Berdugo es asesor, se ha opuesto públicamente desde la primera propuesta. “Básicamente es una medida en contra de la población menor de edad”, dijo. “El Estado no puede ser el papá de los ciudadanos, o si no tendría que prohibir el alcohol, los cigarrillos, la grasa, el dulce y muchos otros productos que hacen daño”, arguyó. También se manifestó en contra “porque las experiencias internacionales confirman que ese remedio ha resultado peor que la enfermedad”. El texto a estudio del parlamento establece que la persona que sea encontrada consumiendo o portando drogas no más allá de 20 gramos de marihuana, uno de cocaína y cinco de hachís sólo recibirá una amonestación verbal si es la primera vez. Pero a partir de la segunda será conducido ante los “tribunales de droga”, establecidos en el proyecto, que estarán obligados a ordenar un tratamiento terapéutico, “lo cual significa privación de libertad”, además de “saber que una rehabilitación del tipo que sea sólo se logra si es voluntaria”, agregó Berdugo.

El proyecto oficial, en cambio, fue valorado como muy positivo por Hoover Rodríguez, especialista en tratamiento de dependencia a estupefacientes del privado centro Narconon, una de las entidades consultadas por el gobierno. Rodríguez aseguró que la rehabilitación efectiva alcanza en su centro a 75% de los internados, gracias a la aplicación de una terapia que incluye ejercicios físicos, control de abstinencia, saunas “especiales”, alimentación y tratamiento emocional para superar la depresión y recuperar el autoestima.

EL CONSUMO EN CIFRAS

A los conceptos del experto de Narconon se suma como argumento del gobierno el resultado de un estudio sobre consumo de drogas en Colombia, de septiembre de 2008, realizado por el Ministerio de la Protección Social, junto con la Dirección Nacional de Estupefacientes y el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD). Las proyecciones de la investigación arrojaron, entre otros datos, que 1,8 millones de colombianos habrían consumido drogas “alguna vez en su vida”. Así, los consumidores de marihuana representarían 1,3% de los colombianos, 250.000 de los cuales serían dependientes. Las hectáreas cultivadas con esta droga serían 500.000 en todo el país. Respecto de la cocaína, se sostiene que Colombia sigue siendo el primer productor mundial de la planta de donde se extrae esta droga, la coca, con 99.000 hectáreas cultivadas en 2007. Pero más de 90% de lo elaborado tiene como destino EEUU y Europa.

Otras sustancias altamente adictivas de gran consumo en Colombia son el alcohol y el tabaco, a los que los jóvenes acceden de manera permisiva desde sus propias familias. Se afirma que es frecuente el inicio del consumo a partir de los 12 años, como lo menciona el estudio del Ministerio de la Protección Social.

Este trabajo fue presentado en medio del debate sobre penalización propuesto por el gobierno y archivado en diciembre. Ahora, y si la agenda lo permite se iniciaría su debate después de Semana Santa, manteniendo el argumento del aumento en el consumo. Rodríguez indicó que ese incremento se debe especialmente a que “no existen programas de rehabilitación totalmente efectivos”. También lo atribuyó, entre otras cosas, a la proliferación de medicamentos usados en el pasado para reducir el apetito, que ahora se están convirtiendo en una verdadera bomba de tiempo, y a la mala calidad de la marihuana, que “ya no es una hierba natural sino que tiene más de 400 sustancias tóxicas y cancerígenas, por los químicos usados para acelerar su crecimiento”. Y aunque no lo dijo textual, incidiría también el glifosato que por medio del Plan Colombia es esparcido en zonas de cultivos ilegales con graves consecuencias para los humanos, animales y cultivos de alimentos.

ARGUMENTOS QUE NO CONVENCEN

Aún con este panorama, Rodríguez asegura que el consumo es delito, y que la “penalización es una medida de control”. Sin embargo, argumentos como éstos no alcanzan a convencer a muchos. Movilizaciones en rechazo al proyecto se han dado en Bogotá, Medellín y Cali. En contra se han expresado además comentaristas y escritores poniendo el debate sobre la mesa. En las polémicas se destaca el protagonizado por Carlos Gaviria. Entre otros argumentos, el líder izquierdista dijo que, “si penalizáramos el consumo de sustancias porque afectan la salud, habría que fijar una dosis de chicharrón”.

En el debate se exponen también las tesis de tres ex presidentes latinoamericanos. El colombiano César Gaviria (1990-1994), el mexicano Ernesto Zedillo (1994-2000) y el brasileño Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), quienes dijeron durante la última reunión de la ONU sobre narcóticos de Viena que la estrategia de guerra resulta ineficaz tanto en la erradicación de plantíos como para combatir la distribución.

Se llama también la atención sobre la estrategia prohibicionista e ineficaz aplicada hasta ahora en EEUU, que ahora lo enfrenta con México, una de las principales puertas de ingreso de drogas.