Colombia: hoy como ayer..

Hoy, como hace décadas, el nombre del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad, un organismo dedicado a la protección interior y exterior de la nación, adscrito a la Presidencia de Colombia) sigue asociado a inimaginables escándalos. La detención esta semana de su director de hace 20 años es apenas muestra reciente de una vieja historia.

Desconcierta, sin embargo, que el general (r.) Maza Márquez termine preso por presunta complicidad en la muerte de Luis Carlos Galán, cuando era enemigo declarado de sus asesinos –Pablo Escobar y compañía–, que también trataron varias veces de matarlo a él. El esquema de seguridad de Galán y la sospechosa conducta de su jefe de escoltas la noche del magnicidio apuntan a complicidad dentro del DAS. Es algo que su director de entonces tendrá que explicar mejor en la indagatoria pendiente.

Una cosa es que Maza formara parte de la pecaminosa pero eficaz alianza que se engendró entre la fuerza pública colombiana –toda ella–, los narcos enemigos de Escobar y los propios gringos, para eliminar al jefe del cartel de Medellín. Y otra es que décadas después de cojear en lo de Galán, la justicia brille de repente por razones mediáticas.

No pongo la mano en el fuego por Maza, pero conviene recordar las cosas como fueron. En un país devastado por el narcoterrorismo, la explosión de carros, edificios y aviones y el reguero de cadáveres que producía Escobar, la prioridad en esos años era acabar con el responsable de esta demencia criminal. Pocos cuestionaban los métodos para lograrla. Otras épocas. Pero, desde entonces, la descomposición del DAS no ha hecho sino agudizarse. No es gratuito que hoy tenga presos a 11 altos ex directivos por seguimientos, hostigamientos e interceptaciones ilegales de magistrados, líderes políticos y periodistas, entre otros.

Ya se sabe que los escándalos destapados en el último año tienen que ver con el Grupo Especial de Inteligencia G-3, creado en el 2004, de cuyas andanzas el país se ha venido enterando con creciente aunque pasivo estupor. La semana pasada se habló incluso de interceptaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a asesores (staffers) de congresistas norteamericanos.

En estos días, el presidente de la Sala Penal de la Corte recibió un sufragio y se denunciaron intimidantes amenazas contra políticos y magistrados. No consta que el DAS también esté involucrado en esto último, aunque los métodos recuerdan a los que ha utilizado. Por ejemplo, y de manera sistemática, contra el periodista Hollman Morris, objeto de un largo e inicuo hostigamiento.

Coronas que invitan a su velorio; amenazas de muerte, seguimientos continuos, videos que lo señalan como vocero internacional de las Farc y hasta sindicaciones del propio presidente Uribe ha vivido hace varios años Morris por su programa de denuncia Contravía. Finalmente, el pasado 30 de julio, la Fiscalía ordenó la captura de 10 altos funcionarios del DAS que estarían detrás de las actividades del G-3 para intimidar a “blancos” como este periodista. Uno de varios. La Fiscalía debe ahora definir las responsabilidades precisas de los sindicados de practicar aberrantes abusos de poder desde una agencia de seguridad adscrita a la Presidencia.

Todo esto ha sido patético y penoso. Más propio de un torpe Estado policiaco. Una de sus consecuencias es la imagen internacional de un aparato de seguridad del Presidente de la República que espía ilegalmente a los líderes opositores.

La defensa de que los espías “actuaron solos” es floja. Sobre todo cuando se trata de un órgano de inteligencia que depende jerárquicamente de la Casa de Nariño. Es cierto que el presidente Uribe aseguró de manera vehemente a comienzos de año que jamás ha dado orden de vigilar a nadie. Pero hacía falta más. El país debe estar pendiente ahora del proceso del DAS. El escándalo no ha generado la indignación pública ni el debate político que merecería, posiblemente porque los interceptados y hostigados hacen parte de una minoría opositora del Gobierno. Pero qué peligrosa empieza a volverse una sociedad donde los abusos se toleran porque se cometen contra los que piensan diferente.