Inmigrantes encaran desafíos ante ley

WASHINGTON. Las reacciones a la promulgación de la nueva ley de Arizona que criminaliza a los inmigrantes indocumentados y obliga a los agentes policiales locales a hacer cumplir las leyes de inmigración federales fueron numerosas e inmediatas, tanto en Estados Unidos como en México y otros países de latinoamérica.

Dos grupos hispanos preparaban ayer querellas contra la nueva ley en el estado de Arizona, al sur de EEUU, que convierte en delincuentes a los inmigrantes documentados.

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, puso el viernes su firma en la norma, que refleja la impaciencia de su Estado y otros por la falta de una política inmigratoria clara y firme del Gobierno federal, lo que ha causado la presencia en el país de más de 12 millones de extranjeros indocumentados.

“Esta ley fortalece las leyes de nuestro estado y nos protege a todos”, declaró Brewer.

La ley SB1070 de Arizona, promulgada este viernes, obligará a la policía local arrestar a inmigrantes indocumentados, sólo porque exista una “sospecha razonable”.

De lo contrario la nueva disposición legal autoriza a los cuerpos de policía del estado a detener, interrogar y exigir documentos a las personas de las que los agentes tengan razones para sospechar que son inmigrantes indocumentados.

La ministra de Relaciones Exteriores mexicana, Patricia Espinosa, habló de la nueva ley y aseguró que la criminalización no es el camino para resolver el fenómeno de la inmigración indocumentada.

La canciller aseguró que México no puede permanecer indiferente ante esta decisión.

“La ley.. afecta la relación entre Arizona y México, y obliga al gobierno mexicano a plantearse la viabilidad y la utilidad de los esquemas de cooperación que se han desarrollado con Arizona”, afirmó Espinosa.

Por su lado el presidente de Estados Unidos, Barack Obama calificó el proyecto de ley sobre inmigración de Arizona de “irresponsable” y dijo que podría violar los derechos civiles, intensificando la presión sobre la gobernadora republicana del estado para que vete lo que sería la ley más intransigente del país contra la inmigración ilegal.

Obama afirmó que “el pueblo estadounidense” merece “una reforma migratoria integral” para resolver la situación de los indocumentados del país. “El pueblo estadounidense pide y merece una solución.

Obama dijo que dio instrucciones al Departamento de Justicia para que determine la legalidad del proyecto y sostuvo que el gobierno federal debe reformar las normas de inmigración nacionales, caso contrario dejará la puerta abierta a la “irresponsabilidad ajena”.

En tanto el gobierno de El Salvador dice que “le preocupa este tipo de legislación que viene a desatar una persecución contra personas, la mayoría de las cuales están trabajando, contribuyendo a la economía, pagando sus impuestos en los Estados Unidos”, dijo el canciller salvadoreño, Hugo Martínez.