Buscan blindar a los militares

BOGOTÁ. El presidente colombiano Álvaro Uribe reaccionó a la histórica condena de un ex coronel del ejército, declarado culpable por la desaparición forzada de once personas, proponiendo una ley para proteger a los militares.

‘El gobierno invita a los órganos del Estado y a todos los colombianos a pensar en una legislación que rodee de garantías a las fuerzas armadas, en el marco de su debida eficacia y absoluto respeto a los derechos humanos’, dijo el mandatario en un mensaje transmitido por radio y televisión.

El presidente Uribe advirtió, además, que la condena en contra del coronel Alfonso Plazas estaba generando ‘profundo dolor y desestímulo en los integrantes’ del ejército.

También instó a no olvidar que la acción militar bajo escrutinio se había dado en respuesta a ‘un delito de lesa humanidad cometido por la alianza perversa entre el narcotráfico y una de las guerrillas de la época’.

EL CASO

Al menos once personas desaparecieron durante un operativo de noviembre de 1985, que buscaba arrebatarle el control del Palacio de Justicia de Bogotá a un comando del movimiento guerrillero M-19.

El operativo se saldó con más de un centenar de muertos y numerosos desaparecidos, en su mayoría empleados y visitantes de la cafetería de la sede judicial.

Estos últimos –que varios vídeos mostraron saliendo con vida del Palacio de Justicia una vez concluido el operativo— se convirtieron en un caso emblemático para las organizaciones defensoras de derechos humanos en el país, que celebraron la condena del miércoles como un ‘fallo histórico’ que rompía con ‘años de impunidad’.

Según las cifras más conservadoras, en Colombia se han producido 20,000 desapariciones forzosas en los últimos 30 años.

PREOCUPACIÓN

Fue un fallo de la Corte Constitucional de 1997 el que determinó que las denuncias de violaciones de derechos humanos que implicaban a miembros de sus fuerzas de seguridad debían ser investigadas por la justicia ordinaria.

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) se declaró sumamente preocupada por la propuesta de Uribe.

‘No hay detalles de qué forma tomará este intento, pero sería un serio retroceso en los pequeños avances que se han conseguido en la lucha contra la impunidad en Colombia’, le dijo a BBC Mundo Marcelo Pollack, investigador principal de AI para Colombia.

‘No hay que olvidar que la impunidad es la columna vertebral de las violaciones de derechos humanos’.

Pollack también lamentó el tono de las críticas a la jueza María Stella Jara que emitió el fallo, que han llevado a la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos pedir al gobierno garantizar su seguridad.

Dos generales y un coronel en retiro aún están siendo investigados por la justicia ordinaria en relación con las desapariciones.