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26 de Oct de 2020

América

Magistrados se solidarizan con jueza que dejó a una joven con 30 presos

La joven fue llevada a una comisaría local donde permaneció recluida durante 26 días en una celda junto a un grupo de presos y fue violada

La Asociación de Magistrados de Brasil (AMB) mostró hoy su solidaridad con la jueza que esta semana fue sancionada con dos años de suspensión por el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) por permitir que una menor permaneciera durante casi un mes en una celda con una treintena de hombres.

"La AMB considera desproporcionada la decisión y, una vez más, tomará medidas para que no recaiga sobre la magistrada un error de responsabilidad que solo puede achacarse al Poder Ejecutivo", afirmó la asociación en una nota oficial.

Los hechos tuvieron lugar en 2007, cuando una adolescente de quince años, cuya identidad no ha sido revelada, fue detenida por intento de hurto en el municipio de Abaetetuba, en el estado amazónico de Pará, en el norte del país.

La joven fue llevada a una comisaría local donde permaneció recluida durante 26 días en una celda junto a un grupo de presos que, según denunció la joven, llegaron a torturarla y agredirla sexualmente.

La decisión del CNJ, que fue divulgada este pasado jueves y que considera que la magistrada no actuó con diligencia para evitar que la adolescente fuera trasladada a unas instalaciones adecuadas, establece para la magistrada Clarice Maria de Andrade una suspensión de empleo de dos años.

La sanción establece, sin embargo, que la jueza seguirá recibiendo su salario durante el período de suspensión.

Según los informes valorados durante el proceso, de Andrade tuvo conocimiento de la situación veinte días antes de solicitar el traslado de la joven, lo que supuso una "evidente falta de compromiso con sus obligaciones", según señaló el instructor del caso, Arnaldo Hossepian.

Esta nueva decisión del CNJ, sin embargo, supone una rebaja de una sanción anterior, que establecía su licencia definitiva del cargo, dictada por el mismo órgano en 2010 y que fue recurrida por la AMB, que según explicó a Efe, tiene el deber de representar "judicial o extrajudicialmente" los intereses de sus asociados.