Estudio reafirma actividad paramilitar en Colombia

"No te metas donde no te importa si quieres evitar problemas. Tus hijas son adorables perra (sic)... evita problemas porque incluso tu madre podría desaparecer si sigues hablando", fue la advertencia a la líder indígena Jakeline Romero, de la etnia wayúu, en el Caribe colombiano, documentada en el informe "Defensores de la Tierra" de la oenegé británica Global Witness, publicado digitalmente.

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El conflicto colombiano es uno de los más sangrientos en América Latina

De acuerdo con el Centro de Memoria Histórica de Colombia, hasta el año 2012 habían perdido la vida alrededor de 218,094 personas, de las cuales cerca del 81% eran civiles.

Las amenazas, proferidas en diciembre de 2016 por grupos paramilitares colombianos, no amedrentaron a Romero, que forma parte de la organización Fuerza de Mujeres Wayúu, que representa a comunidades indígenas que rechazan la explotación de carbón en El Cerrejón, una de las minas a cielo abierto más grandes de América Latina y que es propiedad de las empresas BHP Billington, Glencore y Anglo American.

El caso de la comunidad wayúu es uno más de los cientos que ilustran los peligros que implica organizarse para exigir derechos en Colombia.

De acuerdo con el informe publicado el pasado 13 de julio, Colombia es el segundo país del mundo con el mayor número de asesinatos de ambientalistas (37), solo superado por Brasil (49) y seguido por Honduras en el quinto lugar (14), siendo cifras que no incluyen aquellos crímenes contra periodistas, activistas sociales y defensores de los derechos humanos.

El documento señala de manera paradójica que la reciente firma de los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no ha tenido un efecto en la disminución de la violencia contra los líderes sociales; por el contrario, ha aumentado, apunta.

Esta situación está ligada a la compleja lucha por el control de la tierra, explica el documento, que tras la desmovilización de las FARC, ahora están siendo tomadas por grupos paramilitares entrelazados con el narcotráfico.

Sobre esto, el Gobierno de Juan Manuel Santos niega la existencia de paramilitares en el país, algo cuestionado por la oenegé con sede en Londres, al apuntar que 22 de las 37 muertes registradas en 2016 estuvieron relacionadas con el paramilitarismo. Además, denuncia la existencia de un "manto de negación al más alto nivel en el gobierno" en torno a los asesinatos de líderes indígenas y ambientalistas de manera "sistemática".

"No se puede hacer automática la pertenencia a una organización social de un ciudadano asesinado; (la) vinculación de esa persona (a) la defensa de los derechos humanos...en (estos casos) esa sistematicidad no ha sido documentada", aseguró en una entrevista para la BBC  Luis Carlos Villegas, actual ministro de Defensa de Santos.

Durante la presidencia de Alvaro Uribe, acusado durante su mandato de mantener vínculos con el paramilitarismo, hubo un supuesta desmovilización de estos grupos entre 2003 y 2006, sin embargo estos parecen seguir operando.

Al respecto, Amnistía Internacional, en su último reporte sobre derechos humanos en Colombia, apunta que ya sea "que actuaron solos o en connivencia con agentes del Estado" no han dejado de existir, siendo responsables de numerosas violaciones de derechos humanos.

LA TIERRA DEL 1%

Es conocido que América Latina es una de las regiones más desiguales de la tierra, también que esta condición suele estar acompañada de violencia ligada al reparto de la riqueza y del poder político. Ese reparto estructuralmente desigual del poder, en el caso colombiano se traduce en una guerra atroz, como expresión del profundo conflicto social no resuelto en la construcción del Estado.

En la Colombia rural, principal escenario de los estragos de la guerra, los estudios evalúan la tenencia de la tierra y a quienes pertenece.

El informe "Radiografía de la desigualdad", publicado este mes por Oxfam, no deja margen de dudas sobre un desequilibrio enquistado.

Utilizando datos oficiales del último censo agropecuario, el primero después de 45 años, Oxfam revela que "el 1% de las explotaciones agrícolas de mayor tamaño concentra la misma extensión que el 81% de la tierra rural". Los datos muestran además que a pesar de que se ha "ampliado significativamente la superficie productiva", continuó concentrándose en una minoría de poseedores, la situación es incluso peor que los últimos datos registrados en 1960, década en la que nacen las principales guerrillas que participan en el actual proceso de paz. Entre las conclusiones del informe, destaca que solo 704 explotaciones de mayor tamaño concentran la mitad de la tierra (34.6 millones de hectáreas), presentando además una dualidad en el uso. Mientras que las pequeñas fincas eran destinadas principalmente a la producción de alimentos para el consumo familiar, destacando el papel medular de la producción de subsistencia en la vida de los campesinos. Las grandes fincas mantienen extensos territorios improductivos o de ganadería extensiva.

Ante estos escandalosos datos, el informe aclara que los registros del censo no permiten determinar si una misma persona posee más de una explotación, con lo cual la concentración "con toda probabilidad" puede ser aún mayor. Las contradicciones son tales en Colombia, que aproximadamente un millón de unidades productivas campesinas tienen menos tierra que la que utiliza una sola vaca, subraya el estudio.

FUTURO DE LA PAZ

En un conflicto que según cifras del Centro de Memoria Histórica de Colombia hasta el 2012 había terminado con la vida de 218,094 personas, de las cuales el 81% eran civiles; con 27,023 secuestrados; 1,754 casos reportados de violencia sexual, principalmente contra las mujeres y más de 5,712,506 de víctimas de desplazamientos forzados, la posibilidad de poner fin a lo que ha significado una de las guerras más sangrientas en Latinoamérica es un avance enorme.

Sin embargo, las reformas planteadas por el Acuerdo de Paz no cambian las estructuras de poder en la tenencia de la tierra. A pesar de que el "problema de la tierra" se encuentra entre la raíces del conflicto, este solo habla de tres millones de hectáreas para los campesinos, mientras que el resto sigue en control del 1%, apuntan los especialistas.

Otro punto que podría complicar la viabilidad del pacto de La Habana es la justicia para las víctimas, donde todos los actores tienen responsabilidad, y las condiciones que garanticen la participación en democracia de los movimientos guerrilleros, FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), sin que implique una repetición de lo sucedido con el partido Unión Patriótica (UP) en los 80, durante los fallidos acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno de Belisario Betancur.

Como una ventana abierta en el marco del acuerdo, la UP tuvo participación electoral con miembros de asociaciones campesinas, sindicatos, fuerzas de izquierda y algunos miembros de la guerrilla. No obstante, entre 1985 y el 2002 fueron asesinados al menos dos de sus candidatos a la presidencia, ocho congresistas, trece diputados, setenta concejales, once alcaldes y más de tres mil simpatizantes. En 2014 la Fiscalía General de Colombia, confirmó en el caso de la UP se encontraban ante “crímenes de lesa humanidad y de guerra...cometidos por grupos paramilitares, (y) en algunos casos, en asociación con agentes del Estado, ataques generalizados, sistemáticos, reiterados contra la población civil”.

Ante los peligros que podrían implicar para la paz los asesinatos de líderes sociales, Martín Santiago, coordinador residente de la ONU en Colombia, se mostró "profundamente preocupado", advirtiendo que "la persistencia" de esta violencia podría poner en "riesgo la paz" en el país. "Nos preocupa muy profundamente la violencia contra líderes, lideresas y defensores y defensoras de derechos humanos. La persistencia de esta violencia pone en riesgo el propósito común de la paz en el país", sentenció Santiago en declaraciones recogidas por la revista Semana.