Guatemala, con 2 mujeres asesinada al día, fracasa ante la violencia machista

Dos mujeres son asesinadas al día en Guatemala, una cifra silenciada y olvidada en uno de los países más violentos del mundo que ha vuelto a escena después de que la Corte de Constitucionalidad autorizó la posibilidad de reducir las penas para los condenados por femicidio, en un paso atrás en el combate a la violencia de género.

El fallo del máximo tribunal jurídico del país ha pillado por sorpresa a propios y a extraños. Una acción de inconstitucionalidad presentada a título personal por un grupo de ciudadanos fue declarada con lugar, y elimina una frase de la ley que rige la materia y que impedía, bajo ningún concepto, reducir la sentencia a los reos condenados por este delito.

Los cuatro magistrados, solo una mujer emitió un voto razonado, argumentan que viola el principio de reinserción, recogido en la Constitución y que es, según su parecer, el fin último de cualquier condena.

Pero esta resolución es muy preocupante. Tal y como advertía ONU Mujeres, coloca en una situación de "mayor vulnerabilidad" a las víctimas colaterales (los familiares y los hijos) y eleva el riesgo de venganza y represalias. Uno de los disuasorios para no denunciar.

Y es que la violencia contra las mujeres se ha manifestado como un continuo en la historia de Guatemala y ha sido perpetuada como una herramienta de subordinación y control de la vida y del cuerpo de las féminas, sustentada por una cultura patriarcal y conservadora.

Guatemala es uno de los países con la mayor tasa de muertes violentas de mujeres. Según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, en 2017 fueron asesinadas 772, es decir, 2,1 al día; frente a las 739 del año anterior. Y solo en los primeros cinco meses de 2018, 314 mujeres han perdido la vida.

Estos datos colocan a Guatemala como uno de los cinco países con cifras más altas de violencia machista en una región, Latinoamérica y El Caribe, considerada la más violenta del mundo para las mujeres: 2 de cada 5 sufren violencia machista, alrededor del 30 por ciento han sido víctimas sexual de su pareja y el 10,7 por ciento sufrieron violencia sexual fuera de la pareja.

A pesar de los avances legislativos alcanzados en la materia, la decisión del Constitucional es un paso atrás en los derechos alcanzados tras años de lucha contra una cultura de alta tolerancia hacia la violencia contra las mujeres, que no solo ocurre en el ámbito privado, familiar o de pareja. También en el autobús, en las calles y en el lugar de trabajo.

La violencia es un problema estructural, social y multisectorial que requiere una respuesta de Estado y no de improvisaciones de los diferentes actores que deberían intervenir ante esta emergencia nacional que continúa imparable.

No solo han aumentado los asesinatos de mujeres, también las violaciones. Según los datos facilitados por la Fiscalía a Acan-Efe, en 2017 se interpusieron 6.595 denuncias por delitos sexuales: unas 18 mujeres son violadas al día. Casi una cada hora.

La falta de conciencia, de educación y de legislación perpetúan este sistema de violencia sistemática contra la mujer, una forma de discriminación y una violación a los derechos humanos que cercena vidas y deja a un número incontable viviendo con dolor y temor cada día.

Esto, aunado a un sistema frágil de seguridad y respuestas judiciales que genera impunidad, deja en evidencia unas cifras que son más que alarmantes. Tanto que ha llevado a varios sectores a criticar el fallo.

La Fundación Sobrevivientes, una institución de servicio social, no lucrativa e integrada por mujeres sobrevivientes de violencia, dijo, con las cifras en la mano, que es necesario tener "empatía" con la situación de desigualdad de la mujer en esta sociedad patriarcal.

Una opinión compartida por la asociación de juezas, que ve un retroceso con este fallo que no tiene perspectiva de género

Según advierte la ONU, esta lacra solo se puede eliminar tratando de acabar con la discriminación, promoviendo la igualdad y el empoderamiento de la mujer y velando por el pleno ejercicio de sus derechos humanos.