Trump firma una ley que cambiará el sistema penitenciario de EEUU

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó hoy una ley que permitirá la liberación de miles de presos y supone la mayor reforma en décadas del sistema penal de EEUU, que tiene entre rejas a 2,2 millones de personas.

"La reforma del sistema penal, todo el mundo decía que no podía conseguirse. Y nosotros lo hemos logrado", dijo Trump a la prensa durante una ceremonia en la Casa Blanca para rubricar la ley.

Trump ha jugado un papel fundamental en la reforma porque ha conseguido cambiar la postura tradicional de los legisladores republicanos, quienes durante años han defendido la necesidad de un sistema penal duro y que, bajo el Gobierno del presidente Barack Obama (2009-2017), se resistieron a aprobar un cambio similar.

Durante la campaña de 2016, Trump prometió un sistema penal basado en la "ley y el orden", pero su yerno y asesor presidencial, Jared Kushner, logró convencerle para que respaldara el esfuerzo de un grupo de senadores demócratas y republicanos para cambiar el sistema carcelario.

En la ceremonia para firmar la norma estaba Kushner, quien se enorgulleció de haber podido representar a quienes están entre rejas y no pueden luchar por ellos mismos.

Kushner conoce bien el sistema penal porque su padre, un magnate inmobiliario, tuvo que ingresar en la cárcel en 2005 por evasión fiscal, intimidación a testigos y donaciones ilegales a campañas políticas.

La iniciativa, bautizada como "ley del primer paso", fue aprobada esta semana en el Senado y la Cámara de Representantes con el apoyo de republicanos y demócratas.

La legislación supone el mayor cambio en décadas al sistema penal de EEUU, país que en la década de los años 80 aprobó leyes para endurecer el castigo por tráfico de drogas y vio cómo su población carcelaria pasaba de 500.000 a los 2,2 millones de personas actuales.

La "ley del primer paso" acabará con una disposición que obliga a los jueces a sentenciar a cadena perpetua a aquellos que han sido condenados tres veces por delitos de drogas; de forma que a partir de ahora esos acusados recibirían 25 años de prisión, en vez de un castigo de por vida.

Además, la iniciativa prohíbe que las mujeres embarazadas sean inmovilizadas con grilletes y veta el uso del régimen de aislamiento para los menores encarcelados.