Reprograman juicio a exprimera dama hondureña acusada por presunta corrupción

Un juicio previsto este lunes contra la ex primera dama hondureña Rosa Elena Bonilla, detenida desde febrero de 2018 por presunta corrupción, fue reprogramado para el próximo 6 de febrero, informó una fuente judicial.

El juicio fue reprogramado debido a que el tribunal de sentencia en materia de Corrupción admitió una "solicitud de nombramiento de defensor público" para Saúl Escobar, ex secretario privado de la ex primera dama, indicó el Poder Judicial en Twitter.

El juicio se celebrará entre el 6 de febrero y el 5 de marzo, señaló el Poder Judicial, sin precisar más detalles del caso que además involucra a Mauricio Mora, cuñado de Bonilla, esposa del expresidente hondureño Porfirio Lobo (2010-2014).

Bonilla es acusada de "seis delitos de fraude y tres delitos de apropiación indebida", mientras que Mora y Escobar son señalados por seis delitos de fraude, según las autoridades hondureñas.

La ex primera dama hondureña permanece presa en una cárcel para mujeres desde el 28 de febrero, cuando fue capturada en Tegucigalpa, al igual que su cuñado, por presunta corrupción.

El expresidente Lobo dijo este lunes a los periodistas que no va a permitir que su esposa y ex primera dama sea "juzgada injustamente" y aseguró que el juicio "es ilegal".

"Veamos las cosas reales, lo de Rosa todo es ilegal desde el principio", subrayó el exgobernante, y explicó que él era el que autorizaba "si se creaban o no se creaban cuentas, si se hicieron sin autorización, si el banco lo hizo, el banco cometió una falta, pero ahí iba todo, prueba rechazada".

Bonilla y su cuñado fueron arrestados tras una investigación del Ministerio Público, coordinada con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El ex secretario privado se entregó en marzo de 2018 a las autoridades hondureñas y desde entonces se encuentra recluido en una prisión cercana a Tegucigalpa.

Los acusados se habrían apoderado de más de 16 millones de lempiras (un poco más de 653.061 dólares) y creado una red de blanqueo de capitales para ocultar dinero proveniente del Estado, destinado a obras sociales, según la denuncia del Ministerio Público.