El Gobierno y la Fiscalía brasileña defienden la prisión tras la segunda instancia

El Gobierno brasileño y la Fiscalía General abogaron este miércoles ante la Corte Suprema por la validez de la prisión tras una condena en segunda instancia y aún si restan apelaciones, una situación en la que están miles de presos, como el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, representado por la Abogacía General de la Unión (AGU), y la Fiscalía se pronunciaron en ese sentido y contrariaron la tesis de defensores de los derechos humanos, según los cuales la Constitución impide que, mientras haya la posibilidad de apelar, nadie puede ser encarcelado.

En discusión en este proceso está la interpretación de artículos de la Constitución y del Código Penal que ya han sido analizados por el Supremo en 2016, cuando por una ajustada mayoría se autorizó la prisión de un reo tras una sentencia en segunda instancia, pese a que aún se le permite apelar ante dos tribunales superiores.

En el caso de Lula, el más célebre de los miles de presos que están en las cárceles brasileñas sin una sentencia totalmente firme, su condena a prisión por delitos de corrupción ya ha sido ratificada en la tercera instancia, pero le cabe aún una última apelación.

El titular de la AGU, André Mendonça, quien tiene estatus de ministro en el Gobierno de Bolsonaro, intervino en la segunda sesión que el Supremo dedica al asunto y argumentó que, mientras en los tribunales de primera y segunda instancia se analizan las pruebas de un proceso, en los superiores se revisan apenas aspectos de forma.

"La justicia ordinaria, hasta la segunda instancia, trata de los hechos, las pruebas y la construcción probatoria", en tanto que los tribunales superiores "discuten cuestiones de derecho y de forma", que "no son para declarar inocencia", sino para revisar el trámite y el cumplimiento del debido proceso, afirmó Mendonça.

El fiscal general, Augusto Aras, designado por Bolsonaro para ese cargo hace poco más de un mes, coincidió con esa visión y abogó por tener en cuenta no solamente los derechos de quienes delinquen, sino también los de sus víctimas.

"A los acusados, en general, se les garantizan los principios de la inocencia, la contradicción y la debida defensa", mientras que las "víctimas" de sus delitos esperan a que llegue una justicia que "muchas veces demora" por la morosidad del Poder Judicial, sostuvo.

Aras respaldó la posibilidad de que una condena sea ejecutada tras ser ratificada en segunda instancia, pero también abogó por aplicar "penas sustitutivas" en casos de delitos menores, entre las que citó la prisión domiciliaria.

Según el fiscal, también es necesario "comprender" que el sistema penitenciario brasileño, considerado como uno de los más violentos del mundo, "se parece más a las mazmorras medievales" y alberga hoy a cerca de 813.000 presos, una cifra que podría ser reducida con la aplicación de medidas restrictivas pero alternativas a la prisión.

Tras la intervención del titular de la AGU y del fiscal general, deberán pronunciarse sobre el asunto los once miembros de la Corte Suprema, que según las previsiones del propio tribunal tomarán una decisión definitiva esta misma semana, en la que estarán volcados casi exclusivamente a este juicio.