Temas Especiales

03 de Apr de 2020

América

La política de ‘asesinatos selectivos’ de EEUU

El asesinato de Suleimani no es un hecho extraño o exclusivo de la administración de Trump, es más bien el punto culminante de una lucha legal y política interna de Estados Unidos para liberar de todo tipo de cadenas a su maquinaria de guerra

El reciente asesinato del general iraní Qasem Soleimani a inicios de 2020, llevado a cabo por la administración de Donald Trump, no se trataría de un acto enteramente inédito por parte de Estados Unidos (EEUU). Se suma a una larga lista de asesinatos a control remoto o a distancia que el gobierno norteamericano ha realizado desde hace al menos dos décadas. Así, la osada acción de Washington sobre una figura clave del gobierno iraní sería parte de un patrón de conducta bastante común dentro de la política internacional de la Casa Blanca.

El pasado 3 de enero de 2020, la Casa Blanca informó del asesinato del alto cargo iraní Qassem Soleimani, por orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.EFE

Dicho asesinato provocó un amplio rechazo en el país norteamericano, particularmente desde los demócratas y algunos republicanos. Incluso algunos reporteros de la cadena conservadora Fox News, como Geraldo Rivera, y Tucker Carlson rechazaron la acción de Trump y a ello hay que agregar que una encuesta de ABC News reveló que el 56% de los estadounidenses repudió la arriesgada apuesta de Washington.

La razón de dicha respuesta se debe a que una acción como esta debería —en teoría— pasar primero por el visto bueno del Congreso, el cual, según su propia constitución, es el único órgano estatal autorizado para declarar guerras; y por otro lado, como reconoce la encuesta, porque los estadounidenses no se sienten más seguros a raíz de este asesinato, en tanto que puede incendiar una zona del globo —el Medio Oriente— que ya de por sí se encuentra en llamas por los distintos conflictos internos que le agobian.

Sin embargo, pese a que la sociedad estadounidense se ha mostrado más escéptica sobre la política militar de su país en el extranjero (según una encuesta de Gallup de 2015, el 51% de los estadounidenses consideran como un “error” la invasión de Irak en 2003), prefiriendo que esos recursos se inviertan en servicios de salud pública o educación universitaria gratuita, Washington no ha mermado su política de asesinatos a control remoto; de hecho, desde la administración de Bill Clinton y la de sus posteriores sucesores se han esforzado por superar anualmente el número de bombas arrojadas sobre países como Afganistán, particularmente amparados bajo la excusa de derrotar al terrorismo.

De manera irónica, su actuar podría ser una flagrante violación no únicamente el procedimiento democrático que debería regir en teoría para poner en marcha estas acciones militares —a través del Congreso— sino que incluso, estarían pasando por alto normas que impiden que miembros del gobierno norteamericano se involucren en asesinatos políticos.

Dichas normas surgen a partir de las recomendaciones que realizó hace décadas el Comité de la Iglesia con respecto a las acusaciones de complots de asesinatos contra líderes extranjeros que mantenían en sus agendas las agencias de inteligencia estadounidenses (la CIA). A raíz de esto, el expresidente Gerald Ford firmó una orden ejecutiva en 1976 que prohibía el “asesinato político”; posteriormente, su sucesor, Jimmy Carter, emitió una nueva orden que fortalecía la prohibición y para 1981, con Ronald Regan en el poder, aparece la Orden Ejecutiva 12333, que establece que: “ninguna persona empleada o que actué en nombre del Gobierno de los Estados Unidos participará o conspirará para participar en un asesinato”. Bastante claro.

La acción en cadena antes descrita tuvo como reactivo el descubrimiento de que la CIA había intentado en secreto matar a algunos líderes extranjeros, de los cuales el más significativo fue el ya fallecido líder cubano Fidel Castro.

Sin embargo, dichas reformas y órdenes ejecutivas emprendidas desde la administración de Ford habrían sido sorteadas gracias a la innovación militar que ha alcanzado EEUU en el siglo XXI (como su programa de drones, sus más de 800 bases militares y misiles balísticos) y un nuevo marco legal que habilita a Washington para realizar sus asesinatos a control remoto.

Este proceso inició en 1998, tras los bombardeos de Al Qaeda a embajadas estadounidenses en África Oriental. La respuesta de la Casa Blanca fue lanzar misiles de crucero contra campos de entrenamiento de la organización terrorista en Afganistán, reporta The Intercept.

Para entonces algunos indicaron que era posible que dicha acción estuviese violando la prohibición de Ford; no obstante, la administración de Clinton alegó al New York Times que no era el caso porque el objetivo era “la infraestructura de comando y control” de Al Qaeda. Así que básicamente bajo la narrativa de la lucha contra organizaciones terroristas ya era posible saltar la prohibición de Ford.

Pero solo hasta el 11 de septiembre esta posibilidad se explotó en toda su capacidad; para usar una metáfora, se le inyectó esteroides. La nueva guerra global contra el terrorismo fue potenciada por la legislación del Congreso conocida como 'Authorization for Use of Military Force' (AUMF, por sus siglas en inglés), un documento que ha servido a las posteriores administraciones para despreocuparse de todas las regulaciones y prohibiciones previas para emprender campañas militares. A partir de aquí, el Estado norteamericano contaba con cancha libre para patrocinar asesinatos en cualquier lugar del globo.

Este respaldo legal permitió a la administración de George W. Bush, Barack Obama y a la actual emprender una guerra sin precedentes, lanzando bombas en países del Medio Oriente y africanos (Irak, Afganistán, Pakistán, Siria, Somalia, Yemen, Libia) a un alarmante ritmo.

Bush bombardeó cinco países y Obama elevó el número a siete, cifra que de momento el gobierno de Trump ha mantenido. De estos, Afganistán ha sido uno de los territorios sobre el cual han sido especialmente enfáticos en lanzar bombas. Según datos del Comando Central de las Fuerzas Aéreas de EEUU se arrojaron 7,423 bombas en 2019, un poco más que las 7,362 lanzadas en 2018 y antes de estos dos años el número más alto de bombas arrojadas sobre este país fue de 5,101 en 2010.

De hecho, el Pentágono alertó que el ejército se estaba quedando sin bombas para arrojar y por ello pidió en 2018 una inversión de 20 billones de dólares para solucionar el “dilema”.

Al respecto, el Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán concluyó preocupado que se habían lanzado más bombas en el primer trimestre de 2018 en Afganistán que durante el mismo periodo de años anteriores, con lo cual se agotaban las reservas.

¿Asesinatos selectivos?

En el caso de la lista de “asesinatos selectivos”, estos no son tan selectivos como pretende el gobierno estadounidense. Desde enero de 2015 hasta el mismo mes del año pasado, se estima que entre 700 y más de 1,700 civiles han muerto producto de los ataques con drones, de los cuales, casi 400 serían niños, según cifras ofrecidas por The Bureau of Investigative Journalism.

Y si se mide conforme a logros obtenidos tras tantas bombas, los talibanes no han disminuido su dominio de los territorios que controlaban previamente. Igualmente, las diversas organizaciones terroristas que operan en estos territorios aún deambulan por el Medio Oriente.

Pero el problema con el reciente ataque selectivo de Trump es que AUMF y los mecanismos precedentes de la era de Clinton para superar la prohibición de Ford apuntaban sus cañones sobre “actores no estatales”; es decir, individuos que no forman parte de las filas de la administración de un gobierno, así que por mucho que algunos lo desearan, acabar por ejemplo con Nicolás Maduro de esta forma sería una violación incluso a los mecanismos creados para sortear la prohibición de asesinatos políticos de la era de Ford.

En este sentido, Trump cruzó una línea que ni sus predecesores se atrevieron a cruzar, realizar un ataque con aviones no tripulados para asesinar a un funcionario del gobierno iraní. En concreto, Soleimani no era un “actor no estatal”.

Por su puesto, cabe decir que pese a que ciertos medios de comunicación —particularmente de izquierda— rescatan el hecho de que Soleimani fue clave en la derrota terrestre del Estado Islámico en Irak (e incluso cooperó durante un breve tiempo con la administración de Bush) y se encontraba en una misión de paz en Irak el día que fue asesinado, ello no le convierte automáticamente en un ángel.

Fue en primer lugar un importante jefe militar de un gobierno teocrático y ultraconservador islámico que no tiene problemas en reprimir la disidencia.

Aunque su funeral fue multitudinario, Soleimani era una figura polarizante; sus detractores le criticaban su política internacional intervencionista en Siria, Irak y Líbano, empleando recursos del Estado iraní que podrían ser utilizados para mejorar la difícil condición de vida de sus ciudadanos (cuya responsabilidad comparte las sanciones estadounidenses). Una crítica bastante parecida a la de los que condenan la política extranjera estadounidense.

Esta y otras razones se pueden enumerar para borrar el halo de “justiciero” o “mártir” que cierta prensa quiere otorgar a Soleimani, mas ello no absuelve las intenciones de Washington de ampliar aún más la guerra selectiva contra actores estatales y los peligros que ello conlleva; pero en caso de que Trump haya abierto una caja de Pandora, ¿qué impide a otros actores internacionales aplicar esa misma política (Rusia, China, etc.)? ¿Será este el futuro de las guerras por venir?